Aumentan las probabilidades de que el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo sea aprobado en general, mediante acuerdos con Cabildo Abierto, con algunos legisladores de los partidos Nacional y Colorado o por ambas vías. Por lo tanto, cobra mayor importancia el debate sobre las modificaciones propuestas en la asignación de recursos, que no llegarían a tratarse sin la aprobación en general.
Entre esas modificaciones, se destacan la unificación y el refuerzo de transferencias a hogares con población infantil, hasta hoy disgregadas en los programas de asignaciones familiares tradicionales y del Plan de Equidad, la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y el Bono Crianza, con procedimientos y requisitos distintos.
El cambio busca disminuir la pobreza infantil, pero la forma elegida para avanzar hacia ese objetivo, que el sistema partidario declara compartir, es cuestionada desde la oposición. Se abre la posibilidad de una discusión programática relevante, que abarca desde perspectivas ideológicas hasta criterios de gestión.
Si ese tipo de controversias abundara, contribuiría mucho a clarificar y prestigiar el sentido de la política. Sin embargo, es necesario evitar que el intercambio sobre asuntos programáticos sea distorsionado y falseado.
La propuesta del Ejecutivo no es eliminar las condiciones que hoy se exigen para recibir transferencias. Tales condiciones existen solo para el cobro de las asignaciones familiares del Plan de Equidad, que requiere asistencia infantil a clases y controles médicos. Las otras tres transferencias que se unificarían son percibidas sin que haya exigencias de esa “contraprestación”, y establecerlas para toda la partida unificada propuesta no implicaría el mantenimiento de la condicionalidad actual, sino su fuerte aumento, con la amenaza de privar a los más pobres de gran parte de los ingresos que hoy perciben.
La TUS y el Bono Crianza (que es un adicional en la TUS para los hogares más vulnerables, con mujeres embarazadas y población infantil de hasta 3 años de edad) no aseguran que las transferencias se gasten solo en productos de alimentación, higiene personal y limpieza. Lo que aseguran es que las compras con esa tarjeta se realicen únicamente en una “red de comercios solidarios”, donde también es posible adquirir otros productos, y que además no cubre todo el territorio nacional. Si la transferencia unificada propuesta se hiciera mediante la TUS, el uso de asignaciones de dinero previstas para que se gasten libremente quedaría muy acotado.
Algunos diputados opositores de departamentos fronterizos alegan que el cambio perjudicaría a los comercios solidarios uruguayos, porque el dinero de la TUS se gastaría en Brasil o Argentina. Este argumento implica el contrasentido de obligar a la gente con menores recursos a comprar más caro.
Toda propuesta es potencialmente mejorable, e incluso puede resultar necesario buscar acuerdos por debajo de lo ideal si la alternativa es que todo quede como está, pero sería lamentable que el desenlace del trámite legislativo fuera un avance del control sobre las familias pobres, reñido con el respeto por sus derechos.
