Esta semana hubo una fuerte conmoción social cuando se supo que la Policía había descubierto, por denuncia de vecinos, el viernes de la semana pasada, un establecimiento clandestino en el barrio montevideano de La Unión, donde 22 personas ancianas estaban encerradas en condiciones atroces. Dos mujeres, que fueron imputadas con prisión preventiva por la jueza Viviana Galletto, les cobraban a las familias de cada persona retenida unos 30.000 pesos por mes, con el falso compromiso de cuidarla en otro local que funcionaba como fachada.
Reacciones
La Institución Nacional de Derechos Humanos reclamó, mediante un comunicado, el refuerzo de las políticas para “garantizar el cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores”, aprobada por la Organización de Estados Americanos en 2015 y ratificada por Uruguay al año siguiente.
La diputada colorada Nibia Reisch solicitó que se retome el tratamiento de un proyecto que presentó para tipificar el delito de maltrato a los adultos mayores, con penas de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría e inhabilitación posterior para prestar cuidados voluntarios o remunerados.
La asociación civil Integra Residenciales, que reúne a unas 80 empresas del sector, abogó por su propuesta de establecer un sistema similar al del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para pagar el acceso a servicios de este tipo de instituciones, con aportes personales diferenciados por franjas de ingreso y apoyo estatal. La Coordinadora de Viviendas Colaborativas cuestionó el modelo de cuidados en la vejez centrado en “la institucionalización y, en muchos casos, en la mercantilización”, proponiendo que el Estado reconozca, apoye y financie la alternativa que ese colectivo pone en práctica, “basada en la autonomía, la participación, el apoyo mutuo y la vida en comunidad”.
En un contexto de justificada indignación, es natural el deseo de que se ponga fin cuanto antes a situaciones como la que se descubrió el viernes. Así ha sucedido también cada vez que hechos trágicos, como incendios o contagios evitables, ponen de manifiesto las deficiencias de los residenciales (mejor llamados establecimientos de larga estadía para personas mayores, y mejor aún centros de larga estadía, porque en ellos no solo vive gente de edad avanzada). Sin embargo, esas deficiencias se deben a una problemática social amplia y profunda, que no es posible resolver con rapidez ni centrándose apenas en algunos de sus síntomas.
Sistema nacional descuidado
El promedio de edad de la población uruguaya va en aumento, y actualmente hay más de medio millón de personas mayores de 65 años, aproximadamente un 16% del total. Una proporción similar vive en la pobreza, y cerca de un tercio de los empleos tienen remuneraciones por debajo de 25.000 pesos. Estos factores determinan que el cuidado de las personas mayores sea una necesidad creciente y cada vez más difícil de resolver.
La población que vive en residenciales es una parte pequeña de la que requiere esos cuidados. En muchísimos más casos hay, a menudo con grandes dificultades, arreglos de convivencia en los hogares, que muestran la persistencia de vínculos solidarios con enorme valor social. Esto lo soslayan con frecuencia quienes dicen que las personas mayores no son un sector de la población prioritario para la reducción de la pobreza. Si todas esas personas dependieran solo de sus propios recursos, el panorama sería pavoroso.
La oferta de residenciales privados abarca algunos establecimientos acogedores y caros, una gran cantidad de otros que son legales pero insatisfactorios, y un número indeterminado de otros clandestinos miserables. El Banco de Previsión Social subsidia “cupos-cama” en los formales, pero las soluciones dignas disponibles están por debajo de las necesidades. Si se clausuraran los residenciales que no están en regla, sería imposible realojar a todas las personas que malviven en ellos.
El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) ofrece capacitación a quienes trabajan en los centros de larga estadía, pero unos cuantos de los dueños de estos son reacios a la certificación de competencias de su personal, porque hoy lo tienen haciendo de todo por poco dinero, y temen con razón que si se forman van a irse a trabajar en un lugar mejor.
El desarrollo del SNIC, y en especial el de sus componentes de asistentes personales y Centros de Día para mayores de 65 (que facilitan la permanencia en el hogar y previenen el aumento de la dependencia), sería mucho más eficaz y menos costoso que los residenciales, pero ese sistema está muy lejos de contar con los recursos que necesita. Además, hasta ahora depende de Rentas Generales, y en el sistema partidario predomina el temor a “poner un nuevo impuesto” para financiarlo, aunque esto implicaría una considerable reducción de la carga que implican hoy los servicios privados. El cortoplacismo sale caro.
