Los elogios que los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizaron a la agenda económica uruguaya merecen ser revisados con cautela. En efecto, fueron las mismas valoraciones que, algunos días atrás, utilizaron para destacar la política económica del gobierno de Javier Milei en Argentina: “estabilidad macroeconómica y financiera”, según dijo en una rueda de prensa la directora del FMI, Kristalina Georgieva. En el caso uruguayo, también celebraron un conjunto de medidas de libre mercado que el gobierno viene llevando adelante: “reducción de barreras de entrada”, “simplificación de regulaciones”, “promoción de la inversión”, adopción de inteligencia artificial y “profundización de los mercados financieros”. También vieron con buenos ojos el “moderado” gasto público que el gobierno destina para abordar la pobreza infantil.
El desacople entre la realidad económica de la sociedad uruguaya y la percepción del organismo financiero internacional no es una novedad cuando se trata del FMI. Durante el aluvión neoliberal de los años 90 el organismo participó activamente en nuestra economía, con una política restrictiva para el abordaje de las necesidades sociales, basada en la liberalización y la reducción del gasto público. Sin embargo, en el primer gobierno progresista, el FMI encontró un freno y, mediante la cancelación de la deuda, se logró desvincular su deshumanizada concepción económica de la política pública uruguaya.
No obstante, el actual gobierno interpretó los elogios del FMI como un importante reconocimiento a su política económica y, en materia de educación, como una distinción con honores. La directora gerente del organismo fue recibida por autoridades de la ANEP y representantes de Ceibal en la escuela Bulgaria, donde también opinó de educación y valoró el trabajo que Ceibal viene realizando en materia de inteligencia artificial aplicada al ámbito educativo.
El coqueteo del FMI con la actual política económica y educativa da cuenta de una coyuntura que ofrece condiciones para el matrimonio entre el organismo y el gobierno. El fracaso privatizador de los años 90, así como el de la llamada reforma Rama en educación, dejaron aprendizajes que permitieron que el neoliberalismo se rearticulara en una nueva versión. Esta vez, con un acumulado de 30 años de experiencia y una compleja red político-empresarial a nivel nacional e internacional.
El fracaso de la primera ola privatizadora
En marzo de 1990, a dos semanas de asumir la presidencia, Luis Alberto Lacalle acudió al FMI para firmar un acuerdo financiero. Según un ensayo publicado en la revista Lento por el sociólogo Gabriel Chouy, el gobierno del Partido Nacional no necesitaba apoyo económico del FMI para sostener la moneda, pero necesitaba apoyo político para llevar adelante un conjunto de reformas neoliberales: “Al anunciar públicamente su voluntad de firmar una carta de intención con el FMI, Lacalle buscaba posicionar al capital financiero internacional como un aliado fundamental, y así presionar al Parlamento para liberalizar la economía, recortar el gasto público, subir los impuestos, eliminar los Consejos de Salarios, privatizar las empresas públicas y reformar la seguridad social”, plantea Chouy.
El resultado no fue favorable en materia de privatizaciones. El intento privatizador suscitó un fuerte debate público y una gran resistencia popular, que se vio reflejada en el referéndum de 1992, con 72,55% de votos en rechazo a la privatización de las empresas públicas. La reforma de la seguridad social también fracasó. La eliminación por ley de los Consejos de Salarios tampoco prosperó, pero dejaron de ser convocados, apuntando a la desindexación salarial.
El equipo económico de ese período estuvo integrado, entre otros, por Enrique Braga, quien ocupó el Ministerio de Economía y Finanzas y fue sustituido luego por Ignacio de Posadas. Braga fue posteriormente procesado y enviado a prisión por irregularidades en la venta del Banco Pan de Azúcar. También participó el economista Javier de Haedo, quien ocupó sucesivamente distintos cargos: director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, vicepresidente del Banco Central del Uruguay y subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. Cabe mencionar que más tarde, en el ámbito privado, fue asesor del directorio del Banco Comercial hasta su quiebra, en 2002, y director de Afinidad AFAP. También se desempeñó como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM).
En materia de educación, fue una década que tampoco estuvo exenta de controversias y resistencias. En 1996 –año en que se crea el sistema previsional mixto de las AFAP– el maestro Miguel Soler Roca publicó el ensayo El Banco Mundial metido a educador. Allí puso de relieve la política educativa neoliberal impuesta por el BM, que se aplicó en nuestro país mediante la “reforma Rama”, durante la presidencia de Julio María Sanguinetti. La reforma educativa, que contó con el apoyo del BID, pasó a manos del licenciado Javier Bonilla en el gobierno de Jorge Batlle, y dejó de implementarse una vez finalizado el mandato.
Primer ciclo progresista y el lobby empresarial-educativo
El primer gobierno progresista significó un cambio de rumbo, con reformas que apuntaron a revertir la desigualdad y a profundizar los procesos participativos en educación. Paralelamente, en la actividad productiva, el sector empresarial transnacional y los intermediarios locales encontraron una política favorable para desarrollar sus emprendimientos. Tal fue el caso de la consultora de negocios multinacionales CPA Ferrere. La empresa uruguaya asesoró a transnacionales de gran porte para la inversión en negocios de alto impacto ambiental, por ejemplo, en el rubro del latifundio extractivista forestal y en la industria de la celulosa.
En una entrevista realizada por la diaria Radio, el sociólogo Daniel Pena puso un ejemplo paradigmático sobre la compleja trama de negocios que se tejió entre actores como CPA Ferrere, UPM 2 y el Estado, durante el segundo gobierno de Vázquez. La consultora hizo los estudios de impacto ambiental para UPM 2 y, paralelamente, aportó los estudios de impacto económico para el Estado. Los socios de la consultora que trabajaron durante ese período fueron el economista Gabriel Oddone y el contador Bruno Gili (también con experiencia en consultorías al BID y el BM).
Durante ese período, en 2016, Bruno Gili estuvo entre los fundadores del think tank sobre educación Eduy21. Junto con el exintegrante del equipo económico de Lacalle Herrera, el ya mencionado economista Javier de Haedo, integró la comisión directiva. El think tank, en una publicación de 2018 titulada Libro abierto, estableció las directrices políticas que impulsaron la ley de urgente consideración en materia de educación. El documento también estableció la base teórica y metodológica de la “transformación educativa”, impuesta en 2022 por la coalición multicolor.
Eduy21, presentado ante la opinión pública como una “iniciativa ciudadana”, contó con importantes agentes financieros como socios contribuyentes: Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay, Confederación de Cámaras Empresariales, Corporación Navíos SA, Itaú Fundación y Zonamérica. A estos se sumó la colaboración de grandes empresas multinacionales, como VISA, y los medios de prensa El Observador y El País, según da cuenta una investigación de la Internacional de la Educación.
A fines de 2022, con la transformación curricular en marcha en la ANEP y en vísperas de un año preelectoral, Eduy21 se disolvió. En 2023, los socios de CPA Ferrere inauguraron otro think tank sobre educación y políticas públicas: Ágora. Esta organización reunió a la mayoría de los actores provenientes de Eduy21, presidida inicialmente por Gabriel Oddone, quien luego fue sucedido por Bruno Gili.
Este avance privatizador discreto se produce en un contexto de recorte del gasto público y de restricción presupuestal para el sistema educativo. Aun así, configura un escenario diferente al de los años 90.
Ágora, compuesto por actores empresariales y políticos con larga experiencia en el ámbito público y privado, encontró la manera de articular una agenda económica y educativa subsidiaria de los organismos internacionales de crédito y del capitalismo financiero transnacional. Este dispositivo superó en alcance y complejidad a los primeros intentos privatizadores del neoliberalismo de los años 90 y también al analizado en El Banco Mundial metido a educador.
Nuevo intento privatizador
En 2025 asumió el actual gobierno progresista. El binomio que durante dos décadas desarrolló su trayectoria empresarial en la consultora CPA Ferrere ahora ostenta gran parte de la responsabilidad de la conducción económica del país. Uno es el ministro de Economía y Finanzas (MEF) y el otro es el responsable del Programa de Impulso a la Innovación y la Internacionalización Uruguay Innova, también en el Poder Ejecutivo.
Los retoños de los años 90 rebrotan, con algunas controversias, pero sin grandes sobresaltos. La propuesta del MEF de desindexar los salarios sigue en la agenda del gobierno, así como el retroceso del diálogo social en relación con la seguridad social y las AFAP. En lo que respecta a la participación privada en los entes públicos, recientemente se incorporaron a Antel las nubes de las gigantes tecnológicas Amazon Web Services y Google Cloud. Estas acciones ponen el sello de un nuevo estilo privatizador, de carácter endógeno, pero con la ausencia de un debate público serio.
En materia educativa, la incorporación de plataformas de Open AI y Google en la ANEP, a través de Ceibal, se presenta como un avance “innovador”, sin generar demasiados cuestionamientos sobre la injerencia de las grandes multinacionales tecnológicas en la política educativa, en el quehacer docente y en la vida estudiantil.
Este avance privatizador discreto se produce en un contexto de recorte del gasto público y de restricción presupuestal para el sistema educativo. Aun así, configura un escenario diferente al de los años 90: la orientación se mantiene, pero los mecanismos han cambiado. Los elogios del FMI lo confirman. La procesión privatizadora ahora va por dentro.
Gonzalo Irigoyen es licenciado en Ciencias de la Comunicación, docente de audiovisual en DGETP-UTU e integrante del equipo del consejero electo por los docentes, Julián Mazzoni, en el Codicen.
