Uruguay padece una enfermedad mental colectiva llamada disociación. Es esa distancia abismal entre el país que se declama y la realidad que se padece; una patología que nos mantiene atrapados en la mediocridad mientras el mundo se mueve con celeridad.
El modelo de desarrollo es la primera evidencia. Es ridículo observar cómo, mientras potencias como India, China o Rusia gradúan ejércitos de ingenieros para cimentar su soberanía, aquí seguimos siendo anfitriones serviles del capital multinacional. Nos conformamos con “hacer el caldo gordo” a otros con exoneraciones fiscales, mientras el enfoque STEM –ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, según la sigla en inglés– sigue siendo una promesa de escritorio, un eslogan vacío.
Sin conocimiento propio no hay soberanía. La historia es clara: la ventaja real de los países desarrollados es su capacidad para dominar la técnica. Al renunciar a ello, aceptamos una dependencia disfrazada de “clima de inversión”. Es la primera gran estafa: vender futuro mientras solo gestionamos el presente ajeno, bajo una vigilancia escasa (UPM2-arroyo Sauce) que nos condena a la irrelevancia o a convertirnos en un país cuasi bananero.
Pero esa falta de método gotea inevitablemente hacia lo más sagrado de la convivencia social: la Justicia. Aquí la disociación se vuelve perversa. Hemos adoptado un “humanismo” de cartón que sostiene que la pena es elástica y que el victimario puede “redimirse” con un simulacro de conducta. Bajo una ética innegociable, este humanismo es una estafa. Es un mecanismo cínico para gestionar el costo de las cárceles, donde la potestad del juez para fijar una pena proporcional al daño es anulada por una administración que licúa las sentencias mediante disminuciones automáticas. ¿Qué clase de cordura permite que un asesinato sea “compensado” con solo una parte de la condena porque el asesino simuló conducta? En un sistema que no asegura capacitación real ni una estadía digna, estas rebajas no son justicia; son apenas una válvula de escape para el hacinamiento.
Es necesario entender que la empatía sin justicia es complicidad y que el crecimiento sin ciencia propia es simplemente una condena al servilismo a capitales extranjeros.
Lo más agudo del doble discurso es la flagrante contradicción de quienes lo sostienen. Son los mismos que sacralizan una “marcha de la memoria” por el pasado, pero abogan por el olvido administrativo para los crímenes del presente. Es una memoria de primera y una Justicia de segunda. Es la locura de un sistema que le da voz y garantías al que destruye la norma, mientras condena al silencio a quienes sufren el daño irreparable.
Lo denunciado hoy no es nuevo; ya Herrera y Reissig, Vaz Ferreira o Real de Azúa han señalado estos aspectos disociativos. Esto, en realidad, pretende ser un llamado a la acción una vez más. Para recuperar la cordura nacional, se necesitarían al menos tres pilares: honestidad, para romper el doble discurso reinante; diálogo franco para que el monólogo ideológico dé paso a soluciones reales, y método, para que la ley y el conocimiento dejen de ser una sugerencia decorativa.
Es necesario entender que la empatía sin justicia es complicidad y que el crecimiento sin ciencia propia es simplemente una condena al servilismo a capitales extranjeros. La única cura para esta disociación es que los hechos vuelvan a mandar sobre los relatos poéticos, aceptando que la realidad se construye con coherencia. Lo demás es seguir alimentando la locura.
Cristina González es licenciada en Trabajo Social.
