El concepto de Estado profundo sigue instalándose con la fuerza de una evidencia. Lo vimos operar en Turquía, lo intuimos en Brasilia durante enero de 2023 y probablemente ya lo hemos susurrado, con más o menos ironía, en sobremesas al hablar de “los que realmente mandan”. La genealogía del término y su origen desmienten buena parte de su uso actual. La expresión derin devlet nació en la Turquía de los años 90 para nombrar algo muy concreto: una red de militares, de servicios de inteligencia y organizaciones criminales que operaba en paralelo del poder civil electo. No era una hipótesis, sino la explicación de golpes de Estado reales, de asesinatos políticos documentados, de una historia sangrienta que el propio Estado turco terminó, parcialmente, reconociendo.
Esa genealogía importa, puesto que el concepto nació para describir hechos, no para sugerir sombras. Sin embargo, el concepto ha sufrido una metamorfosis notable. Ya en la sociología política estadounidense de posguerra, autores como Charles Wright Mills habían advertido sobre una “élite del poder” –militares, empresarios, políticos– que trascendía los ciclos electorales sin necesidad de recurrir a ninguna teoría conspirativa: bastaba con observar cómo funcionaban las instituciones.
De la ciencia política a la retórica populista
Si bien el Estado profundo tiene una acepción académica legítima –por ejemplo, para describir los servicios secretos de seguridad civiles y militares que garantizan la continuidad institucional más allá de los gobiernos de turno–, conlleva también una acepción populista que lo convierte en explicación totalizante de cualquier resistencia política.
En Turquía, Recep Tayyip Erdoğan invocó este tipo de fantasma, tras el fallido golpe de Estado de 2016, para justificar purgas que alcanzaron a jueces, académicos y periodistas, muchos de ellos sin vínculo demostrable con conspiración alguna. En Europa, movimientos de derecha e izquierda invocan crecientemente estructuras “no elegidas” –por ejemplo, la Comisión Europea o los bancos centrales– como manifestaciones de poderes ocultos que erosionan la soberanía popular. Es una narrativa seductora, precisamente porque contiene un núcleo de verdad incómoda: en efecto, existen actores no electos con enorme capacidad de influencia. El problema surge cuando esa verdad parcial se convierte en explicación universal que exime de autocrítica a quien gobierna.
El desafío moral y político de nuestro tiempo consiste en mantener dos capacidades simultáneas, aparentemente contradictorias: la vigilancia crítica ante poderes no electos que efectivamente pueden capturar o desviar la voluntad democrática, y la resistencia a la tentación paranoica de explicar toda derrota política mediante conspiraciones invisibles.
Una pregunta pertinente en un mundo en continua transformación política
América Latina conoce bien las tensiones entre poderes civiles y militares, entre gobiernos electos y corporaciones judiciales o mediáticas con agenda propia. El caso brasileño de enero de 2023 –con las Fuerzas Armadas bajo sospecha de complicidad o al menos de pasividad culpable ante el asalto a los edificios públicos– nos recuerda que estas dinámicas no son exclusivas del hemisferio norte.
La pregunta de fondo no es si existe o no un Estado profundo –en cierto sentido restringido, toda democracia moderna tiene estructuras de seguridad con relativa autonomía–, sino cómo distinguir la crítica legítima al poder no electo de la deslegitimación sistemática de los contrapesos institucionales que hacen posible la democracia misma. Ahí radica el verdadero desafío: cuando cualquier “resistencia judicial”, cualquier informe de inteligencia incómodo se interpreta automáticamente como conspiración, lo que se erosiona no es el poder oculto –que probablemente seguirá operando con la misma discreción de siempre–, sino la confianza pública en las instituciones que precisamente deberían controlarlo.
El desafío moral y político de nuestro tiempo consiste en mantener dos capacidades simultáneas, aparentemente contradictorias: la vigilancia crítica ante poderes no electos que efectivamente pueden capturar o desviar la voluntad democrática, y la resistencia a la tentación paranoica de explicar toda derrota política mediante conspiraciones invisibles. El concepto del Estado profundo obliga a repensar los límites entre continuidad institucional y conformidad democrática. En su acepción populista, nos advierte sobre los riesgos de una “época de los descontroles” que prefiere las conspiraciones simples a las explicaciones complejas. Distinguir entre ambas no es solo un ejercicio académico: es, quizás, una de las tareas cívicas urgentes de nuestro tiempo.
Alain Garay es abogado de la Corte de París.
