En pocas semanas se cumplirán las elecciones de los representantes sociales al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que serán el 3 de octubre, y al Banco de Previsión Social (BPS), que se realizarán el 22 de noviembre. Se trata de votaciones que convocan a más de 50.000 docentes, en el primer caso, y, en el segundo, a más de dos millones de trabajadores, jubilados y empresas registrados en el BPS. Sin ser los únicos organismos integrados con directores sociales, sin dudas son instituciones muy relevantes que despiertan una gran sensibilidad. La ANEP y el BPS configuran, junto con las universidades públicas y las cajas Bancaria, Notarial y de Profesionales Universitarios, espacios de representación social y de puja electoral que dan cuenta de la importancia de integrar esos directorios.
En la ANEP, la presencia de docentes elegidos por sus pares tiene antecedentes en Enseñanza Secundaria a mediados del siglo pasado, pero se consagró en general con la Ley 18.437, de 2008. Sin embargo, la Ley de Urgente Consideración, de 2020, solo los mantuvo en el Codicen y en el Consejo de Formación en Educación, suprimiendo su presencia en Primaria, Secundaria y UTU, con el pasaje de consejos a direcciones generales unipersonales.
La representación en todos los consejos solo se cumplió entre 2010 y 2020, y esta exclusión es un factor del malestar docente tan extendido en la administración anterior. En todas estas elecciones los candidatos propuestos por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) obtuvieron amplias mayorías y solo excepcionalmente otra candidatura accedió a un lejano segundo cupo en el Codicen como lista minoritaria.
En el BPS, creado por el artículo 195 de la Constitución de 1967, se estableció la integración de un directorio con cuatro jerarcas designados por el Poder Ejecutivo y tres electos por afiliados activos, pasivos y empresas contribuyentes, según dice el texto constitucional. Sin embargo, la incorporación de directores sociales se postergó 25 años. Hasta 1973 no se concretó debido a la falta de reglamentación de la ley electoral. La organización del padrón electoral y la fiscalización por la Corte Electoral requerían ley, pero las tensiones políticas impidieron llegar a acuerdos. Después vino la dictadura militar, la intervención del BPS y la exclusión de cualquier participación social.
El debate legislativo planteado en el marco de la negociación tras la reapertura democrática (1985-1992) postergó hasta enero de 1992 la sanción de la Ley 16.241, que reglamentó las elecciones. Mientras se organizaban los cómputos, en octubre de ese año asumieron los primeros directores sociales designados por las organizaciones más representativas.
Desde aquella primera integración de don Luis Colotuzzo hasta hoy, fueron candidatos de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) los elegidos para aportar la visión “de primera mano” de los trabajadores de ayer. De igual forma, desde la presencia de Ernesto Murro fueron los candidatos del PIT-CNT los que alcanzaron amplias mayorías para representar a los trabajadores.
Estas votaciones deben ser también un gesto para reivindicar la solidaridad y el compromiso con las organizaciones sociales independientes y representativas.
Estos antecedentes permiten inferir que fueron directores que actuaron con coherencia e independencia política, que aportaron a la construcción de acuerdos y a la legitimidad de las decisiones sin defraudar las expectativas de sus votantes.
Esta integración no es exclusiva de la ANEP o el BPS; también existe en la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Instituto Nacional de Colonización, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y en directorios de la institucionalidad agraria, entre otros. Vale, entonces, preguntarse cuál es el sentido y qué oportunidades da incorporar consejeros o directores electos.
1. Participación y control ciudadano
Permite que los directamente involucrados en las políticas públicas no sean solo destinatarios pasivos, sino partícipes en las decisiones. Funciona como un mecanismo de control social sobre la gestión estatal, garantizando mayor transparencia y dando una mirada externa a la burocracia o a la dinámica partidaria.
2. Aporte de una trayectoria personal y técnica
Los representantes de funcionarios o docentes, de usuarios o beneficiarios tienen la vivencia cotidiana del servicio. Los funcionarios conocen los problemas y necesidades, las condiciones laborales y la gestión diaria que otras autoridades no siempre perciben. Los usuarios o beneficiarios aportan la perspectiva de la calidad del servicio, los tiempos de espera, el acceso a prestaciones y las carencias del sistema desde el punto de vista del destinatario.
3. Continuidad y memoria institucional
Los directores electos se renuevan en tiempos desacoplados con las designaciones políticas, de tal manera que suelen dar continuidad a la gestión y a proyectos de largo plazo. Ayudan a flexibilizar la lógica político-partidaria, priorizando el servicio y el interés técnico o sectorial por sobre urgencias coyunturales. También mantienen la memoria institucional del organismo en las transiciones y a lo largo de diferentes administraciones.
4. Legitimidad en las decisiones y espacio de debate
Las resoluciones de los organismos cuando se alcanzan atendiendo intereses distintos, o contemplan diferentes perspectivas sectoriales, cuentan con mayor reconocimiento y legitimidad social. Aun cuando esta participación no asegura acuerdos ni consensos, sí previene eventuales conflictos y sostiene ámbitos institucionales para la negociación.
Responsabilidades de la representación social
La representación social no existe en todos los organismos, ni en una misma proporción, ni ha existido de la misma forma; el sentido varía según la política imperante, y su valoración (reclamo, defensa o desdeño) varía también por la actuación de los representantes y el juicio que la sociedad haga al respecto.
Si bien está claro que las competencias, responsabilidades y restricciones de todos los directores o consejeros son las mismas, es evidente que la representación social conlleva expectativas y demandas propias del colectivo representado. Es decir, es razonable que sea un jerarca con tareas particulares, más allá de las funciones propias del cargo; seguramente deberá asumir un vínculo estrecho con sus representados, haciendo de la proximidad y el diálogo una señal de identidad. En términos más generales, cabe esperar que el director social asegure:
a) La representación genuina y orgánica del sector. La visión técnica, operativa y vivencial del colectivo que cada uno representa para la formulación, evaluación y aplicación de las políticas. Una representación que cierre el camino a los oportunistas y a la partidización de los movimientos sociales.
b) Una gestión eficiente y transparente. Siendo un canal de control ciudadano directo sobre fondos públicos, prestaciones y servicios, el representante social debe brindar informes y rendiciones periódicas a las organizaciones que lo postularon. También es exigible que tenga idoneidad y trayectoria probadas, para evitar improvisaciones irresponsables.
c) Una organización independiente y con diversidad de opiniones. Articular la autonomía propia de un director o un consejero de un ente con las demandas de un colectivo requiere la mediación de una institución que organice y exprese la voluntad de ese sector; cosa solo posible si esa institución es realmente representativa en la cantidad de adherentes, en su democracia interna y en su independencia de partidos o credos. La amplitud de las organizaciones y las garantías al funcionamiento democrático son convocantes para que personas con diversidad de opiniones partidarias y religiosas participen en un proyecto gremial y social unitario.
En tiempos de desatención por la política, al extremo de que dos de cada tres uruguayos afirman que “les interesa poco o nada” –como marca una encuesta de Equipos del primer semestre de 2026–, cuando cae la confianza en los dirigentes partidarios y en un mundo donde avanzan los discursos ultraliberales, las elecciones para el Codicen y el BPS son una oportunidad para la participación y la preocupación por lo común, para fortalecer las instituciones democráticas y su representatividad, para profundizar los valores republicanos y consolidar derechos. Estas votaciones deben ser también un gesto para reivindicar la solidaridad y el compromiso con las organizaciones sociales independientes y representativas.
Héctor Florit es maestro, fue director general de Educación Inicial y Primaria y es integrante de la lista 1 propuesta por Onajpu para las elecciones del BPS.
