La polémica que se desató en los últimos días entre el diario El País y la academia, a partir de una entrevista realizada a la historiadora Magdalena Broquetas, es una nueva demostración de un accionar político constante para desprestigiar la producción historiográfica. En el presente artículo describiremos cómo se ha desarrollado el argumento que ubica a la historiografía académica como una historia militante de izquierda, en especial relacionada al pasado reciente, en particular desde las discusiones públicas de los programas de Historia en enseñanza media desde 1985.
La cola del diablo
La historia reciente no es un tema nuevo en la educación uruguaya; la dictadura cívico-militar había realizado una reformulación de los programas de Historia, en 1976, con un relato que llega hasta su presente e incluyendo en primaria y media textos que buscaban demostrar que “el proceso” respondía a las necesidades de una nación agredida por la insurgencia.
En 1986 había que tomar una definición sobre el corte temporal de los nuevos programas de Historia, en particular, sobre si se abarcaba una relectura del pasado reciente o si dicho período se dejaba fuera. Las definiciones en torno a la enseñanza de la historia reciente fueron objeto de debate en la prensa y en el Parlamento. Su inclusión fue defendida por el entonces presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), el historiador Juan Pivel Devoto, un referente del Partido Nacional, y criticada por el profesor e inspector de Historia Alfredo Traversoni, del Partido Colorado, que informalmente representaba al entonces presidente Julio María Sanguinetti (Demasi, 2010).
La discusión se saldó formalmente con la introducción de la historia reciente en los programas; sin embargo, en 1988, el vicepresidente Enrique Tarigo hizo una denuncia de proselitismo contra una docente, quien fue separada del cargo mientras se investigaba. El resultado fue que la profesora volvió a las aulas seis meses después sin afectación en su legajo funcional, pero quedaba claro cuáles iban a hacer las dificultades de abordar ciertos temas en clase. El caso demostraba que en el currículo escrito, formal y oficial de los programas el tema era meritorio de ser abordado, pero en el oculto, en el de los pasillos del poder, existía una espada de Damocles sobre el docente que se arriesgara a aproximarse a la temática.
En 1996, los planes y programas fueron nuevamente reformulados bajo la presidencia de Sanguinetti, a través de la llamada “reforma Rama”. La impronta era la renovación a través de la instauración de la fusión de disciplinas en áreas, la extensión del tiempo pedagógico, la reformulación de los planes de formación docente y su extensión real al interior del país, por ejemplo, con la creación de los Centros Regionales de Profesores, entre otros aspectos. En el caso de la disciplina histórica, se fusionó con Geografía; el programa de Ciencias Sociales de primero y segundo año de la educación media y media técnica era presentista y con una mirada mundial, pero en tercer año se introducía la historia reciente del país.
En este caso no hubo una discusión pública de sus contenidos, pero sí académica sobre la creación de áreas que diluían la disciplina, quizás porque la reacción de los movimientos sociales en contra de la reforma en su generalidad, catalogada de neoliberal y autoritaria, cerró filas en el gobierno.
En 2005, con la llegada del Frente Amplio al gobierno, la historia reciente tuvo un respaldo e impulso institucional para ser enseñada. Entre los miembros del Codicen, y promotor de estas acciones, se encontraba el historiador José Pedro Barrán. Bajo su supervisión se generaron equipos de trabajo conformados por profesionales reconocidos que elaboraron programas televisivos y materiales de apoyo para las y los docentes de diferentes ámbitos educativos. La oposición política cuestionaba a estos académicos por ser cercanos al gobierno y buscaba asentar la idea de que la historia debía ser aséptica, neutral y equidistante del pasado reciente (Rodríguez Weber, 2012).
En particular, la polémica se centró en las afirmaciones que el historiador Carlos Demasi había realizado en un colegio de la capital, en donde, según el semanario Búsqueda, habría afirmado que no podía establecerse con claridad qué había comenzado primero, si la guerrilla o la represión; que en febrero de 1972 en todos los partidos políticos existían sectores que miraban con expectativas a las Fuerzas Armadas; que Estados Unidos jugó un papel clave en la apertura democrática a fines de los 70, y que la errónea percepción de Wilson Ferreira sobre la situación en el país condujo al Partido Nacional a un desastre electoral en 1984 (Rodríguez Weber, 2012).
Esto generó un debate que duró un par de meses, en el que se cuestionaba la historia producida por la academia por estar sesgada ideológicamente y no corresponder al recuerdo que tenían los protagonistas; esto llevaba a la conclusión de que era necesario que estas “otras voces” se hicieran presentes. Rodríguez Weber acota, sin profundizar, que las afirmaciones de Demasi tampoco cayeron en gracia en sectores de la izquierda, que habrían silenciado sus críticas ante la reacción de la oposición política.
Es de mencionar que la presión político-partidaria sobre la historia reciente se mantuvo también sobre los materiales que podían ser usados en el aula. A modo de ejemplo, en 2015, el manual Historia económica y social del Uruguay: 1870-2000, de Berná, Langone y Pera, recibió el cuestionamiento público de los expresidentes Luis Alberto Lacalle y Sanguinetti. En una nota de prensa del semanario Búsqueda se señaló que el texto mencionaba a sus gobiernos como neoliberales. Ambos exmandatarios y sus colectividades partidarias acusaron a los autores de proselitismo y pidieron retirar el libro de las aulas.
Exorcizando a la izquierda
Ubicar la historia investigada como parte del relato de la izquierda es un recurso que apareció antes de la asunción del gobierno de Luis Lacalle Pou en libros destinados a construir una visión partidista del pasado. A través del diario El País, el Partido Nacional había realizado la publicación de libros y fascículos de historia reciente, a lo que se sumaba una colección de textos titulada “Nuestra verdadera historia”.
En el último de los fascículos –“El Partido Nacional en la cultura patria”–, el exministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira escribió el artículo “Mente libre, inteligencia gorda”, en el que esgrimió que existen distintos relatos del pasado: “Una visión colorada de la historia” y “una visión blanca de la historia”, y que los sectores de la izquierda abrevan de una forma u otra en alguna de ellas. A partir de esta división de la producción intelectual sobre el pasado, se dedica a criticar y desprestigiar el libro Historia social de las revoluciones de 1897 y 1904, de Barrán y Nahum, por utilizar un marxismo básico, ocultar información y deformar otra. En síntesis, según su visión, es un libro ideologizado producto de una visión citadina y despectiva por parte de la izquierda sobre los sectores del campo.
Reafirmando esta posición, el editorial de El País del 23 de febrero de 2019, titulado “La historia flechada”, es más explícito al afirmar que Barrán y Nahum escribieron con sesgo ideológico y “elaboraron una historia de mala calidad metodológica y al límite de la buena fe intelectual, si por ella se entiende que no muestran interés alguno por la verdad de lo ocurrido, sino más bien que lo que les interesa es justificar sus prejuicios”. Situación agravante porque se trata “del par de historiadores más respetado por la academia de historia de sesgo izquierdista, que es la que escribe e interpreta el pasado de nuestro país”, según el diario.
El actual ataque a Broquetas es parte de un largo proceso de sembrar la desconfianza en la producción académica mostrándola como el producto de una izquierda que busca, a través de ella, generar un relato homogeneizador del pasado.
Se quiere asentar la idea de que no existe historia que no sea político-partidaria y que la izquierda se ha encaramado en la academia desde donde produce un discurso ideológico que oculta información y construye “la historia en un sentido favorable a la izquierda política y al Frente Amplio”, según el citado editorial. Esta argumentación tiene como objetivo quitar valor epistémico a la investigación e interpretación que desde la disciplina histórica se realiza sobre el pasado de nuestro país, en particular, sobre el pasado reciente.
El ataque a la historiografía académica se produce en dos frentes: el de los protagonistas políticos que la estigmatizan como una forma de discurso ideológico y, por otra parte, el de algunos referentes intelectuales de la derecha que equiparan la producción partidista con un producto académico. En ambos casos, la Historia se convierte en un discurso más, en igualdad de condiciones que otros, sobre un pasado en disputa. Sanguinetti ha afirmado en varias oportunidades que en la historiografía nacional, y en especial en la historia reciente, “los hechos se mezclan con opiniones o [hay] tesis asumidas como dogma para abonar conclusiones políticas”, como planteó en su columna del Correo de los Viernes del 17 de febrero de 2023.
El argumento es que si la historia reciente es un lugar en donde la izquierda utiliza la academia para incluir su visión del pasado, es un deber de los políticos participar en el debate e incluir otras posturas. Se trata de imponer la idea de que no es posible ser ecuánime sobre un período tan reciente en donde todos los relatos están politizados. Da Silveira fue muy claro en afirmaciones que en 2022 realizó a VTV noticias: “Es mejor no meterse, porque la frontera entre la historia reciente y la política de todos los días es muy borrosa”; frente a esta situación “es mejor parar antes y dejar que la política se ocupe de la interpretación de los hechos más recientes, y que la historia, con la distancia que el tiempo da y el desapasionamiento que esa distancia nos permite tener, hable de episodios que queden un poquito más lejos”.
La historia “ecuánime”
La visión sobre lo que debía enseñarse desde el ámbito político de gobierno estaba clara; sin embargo, la relativa autonomía de la enseñanza le iba a generar problemas. En el desarrollo de los programas de Educación Básica Integrada (EBI) los cuerpos técnicos presentaron una propuesta que no fue del agrado de los consejeros políticos del Codicen, quienes cuestionaron la bibliografía presentada censurando algunos libros e incluyendo otros.
La introducción de una “nueva” bibliografía en los programas de la EBI estuvo acompañada, en la primera versión de cambios planteada por el Codicen, de la inclusión de una terminología sin sustento en el ámbito académico como el concepto de “guerra civil” para el período 1955-1985, o la eliminación del concepto “terrorismo de Estado” para hacer referencia al accionar de las dictaduras.
Los textos que eran eliminados pertenecían al historiador Carlos Demasi, el mismo que había estado en el centro de la polémica en 2006 por sus dichos sobre el final de la dictadura, y que había sido cuestionado por los entonces partidos de la oposición para integrar el equipo que iba a elaborar los materiales de historia reciente.
El entonces consejero Juan Gabito Zóboli se refirió a los cambios en la bibliografía entre el programa presentado por los equipos técnicos de la EBI y el que resolvió el Codicen. Según dijo a El Observador en 2023, “en el caso de Historia tenía 140 textos” y, “sin discutir la pertinencia de ninguno, encontramos que no había una mirada objetiva”. Gabito dijo que en el conjunto de la bibliografía “faltaba una mirada” y que los textos que habían sido elegidos “solo reflejan el análisis de quienes piensan de determinada manera”.
En defensa del pensamiento crítico
El actual ataque a Broquetas es parte de un largo proceso de sembrar la desconfianza en la producción académica, mostrándola como el producto de una izquierda que busca, a través de ella, generar un relato homogeneizador del pasado y, por lo tanto, pone en evidencia la necesidad de incluir otras voces y visiones.
Se busca asentar que todas las visiones del pasado tienen la misma valía, usando el relativismo sobre el pasado como mecanismo para garantizar la ecuanimidad. En este argumento el historiador es un protagonista más de ese pasado que estudia y, por consiguiente, su relato es subjetivo y segmentado.
El pasado es siempre un lugar de debate en donde interactúan distintos relatos (mito, memoria, ficción, partidismo), pero el conocimiento historiográfico se maneja con reglas de validación y confrontación de pruebas que lo distinguen como una disciplina científica. No toda visión del pasado es válida y el relativismo favorece el resurgimiento de los discursos de odio (fundamentalistas, negacionistas, xenófobos, racistas, misóginos, homofóbicos).
Los ataques a la producción intelectual racional, crítica y comprometida tiene un conjunto de actores que se repiten en el tiempo. Y eso no es una casualidad.
Líber Romero es profesor de Historia y docente efectivo en el CFE y la Udelar.
Referencias bibliográficas
- Demasi, C. (2010). “La enseñanza de la historia reciente. Debates y resultados”, en Yarzábal, L (comp.), Una transformación en marcha. Políticas implementadas por el Codicen (2005-2009), 183-210. ANEP Editorial. Recuperado de https://ladiaria.com.uy/UxG
- Rodríguez Weber, J. (2012). El historiador, la historia y nosotros: análisis de las concepciones sobre la historia presentes en el debate en torno a la enseñanza de historia reciente. Cuadernos del Claeh, 33(100), 125-148. Recuperado de ojs.claeh.edu.uy/publicaciones/index.php/cclaeh/article/view/30.
