Van a cumplirse cinco años de la renuncia de Jorge Díaz a la Fiscalía de Corte, y el sistema partidario aún no se ha puesto de acuerdo para designar a una persona como titular del cargo. Las consecuencias de esta situación afectan cada vez más el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación.
La subrogante en funciones, Mónica Ferrero, reemplazó hace poco más de un año a Juan Gómez, quien había subrogado antes a Díaz, pero los dos casos son distintos. Gómez había sido designado como adjunto de Díaz en abril de 2021, con venia del Senado aprobada por unanimidad. Ferrero, en cambio, llegó al cargo porque era la fiscal penal con mayor antigüedad en Montevideo cuando Gómez renunció por motivos de salud.
El nombramiento de un fiscal adjunto de Corte se realiza teniendo en cuenta que le corresponde sustituir al titular durante sus licencias y cuando se produce una vacancia temporal o definitiva. Por lo tanto, el Senado valora si se trata de una persona adecuada para ejercer como reemplazante. La mera antigüedad como fiscal penal en la capital no dice nada al respecto.
Los partidos de la oposición solo aceptan la designación de Ferrero como titular e invocan sus méritos cuando se desempeñaba como fiscal especializada en Estupefacientes, que consideran resaltados por amenazas y un atentado contra ella, obra de narcotraficantes según las principales hipótesis de la propia Fiscalía.
Sin embargo, la buena actuación en una fiscalía especializada no implica que se posean las competencias deseables en la Fiscalía de Corte. También hacen falta capacidades administrativas y de liderazgo, ecuanimidad, respeto en las relaciones humanas y una prudente distancia de las controversias partidarias, que le ofrezca garantías no solo al Poder Legislativo, sino también al resto de los fiscales y al conjunto de la ciudadanía. La actuación de Ferrero como subrogante no es satisfactoria en varios de estos aspectos.
A fines de julio, durante el tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes, ella defendió la necesidad de una reforma constitucional que habilite los allanamientos nocturnos, impulsada dos veces sin éxito desde el Partido Nacional.
La semana pasada, en la comisión del Senado que trata el mismo proyecto, Ferrero realizó comentarios críticos sobre el desempeño de Alejandro Machado en la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, y sobre la presunta liviandad de las tareas que realiza la Fiscalía especializada en crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe, en relación con las de otras unidades. Tanto Machado como Perciballe cuestionaron públicamente estas apreciaciones, que consideraron injustas. Además, Perciballe negó que hubiera “accedido gustoso” a que se trasladara a una integrante de su equipo, como había manifestado la subrogante, y la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales, Claudia González, expresó su malestar por los dichos de Ferrero.
Todo esto subraya la urgencia de resolver cuanto antes la titularidad de la Fiscalía de Corte, con un acuerdo que desactive las tensiones internas y la creciente partidización del tema.
