Desde este lunes la Cámara de Senadores discutirá el proyecto presupuestal –que tiene más de 700 artículos y establece las asignaciones para el quinquenio– con el plan de aprobarlo antes del viernes, cuando volverá con modificaciones a Diputados para culminar el trámite legislativo. En las últimas semanas la coalición de gobierno negoció internamente para asegurar los votos de los artículos más polémicos del proyecto y de los aditivos incorporados en el Senado, que abarcan variados temas.
Lo que continúa pendiente es definir la redacción del artículo 4, que establece la forma de recuperación salarial de los funcionarios públicos, tema que el Senado postergará hasta el jueves para tener más tiempo para la negociación con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).
De comparar el texto del proyecto votado la semana pasada en comisión con el aprobado en octubre por la Cámara de Diputados, surgen modificaciones referidas al salario de los funcionarios del Poder Judicial, los pases en comisión, las certificaciones médicas, la liquidación de viáticos y el límite para contrataciones directas de las intendencias, entre otros.
Otra novedad es que el Senado no atendió el pedido hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de no hacer excepciones en el artículo 7, que establece la posibilidad de topear la ejecución del gasto si hay “riesgo” de incumplimiento de las metas fiscales. La solicitud era dejar de lado las excepciones incluidas en Diputados –que el eventual tope del gasto no abarque a la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República y el Poder Judicial–, pero no solo se mantuvieron los organismos excluidos, sino que se agregaron dos: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y la Universidad Tecnológica.
También hubo artículos que fueron quitados en Diputados y que el Senado reincorporó al proyecto, como los referidos a los pases en comisión. La Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) había impulsado dos artículos que regulaban esta figura e impedía el movimiento de funcionarios de entidades públicas no estatales a organismos del Estado. Sin embargo, al pasar por la primera cámara legislativa fueron quitados, lo que reparó el Senado. Los pases en comisión de este tipo “cesarán al 1º de enero de 2022, debiéndose reintegrar [el funcionario] en forma inmediata a su oficina de origen”, dice el artículo.
Otro cambio que efectuó el Senado tiene que ver con la disposición que estableció un tope para el aumento salarial de los funcionarios públicos con remuneraciones superiores a los ministros de Estado. A principios de noviembre, la presidenta de la Suprema Corte, Bernardette Minvielle, advirtió que por los enganches salariales al congelar los sueldos más altos dentro del Poder Judicial se terminaría perjudicando al resto de los magistrados. El Senado recogió el planteo y exceptuó de “los incrementos salariales nulos” a los funcionarios del Poder Judicial y el TCA, además de aclarar que la disposición no se extiende al personal con enganches salariales.
Por otra parte, hay un cambio de redacción que flexibiliza el monto límite para contratar de forma directa que rige para los gobiernos departamentales. Un artículo de la ley de urgente consideración (LUC) que impulsó el gobierno y votó la coalición estableció nuevos procedimientos y topes para las compras estatales, y el Senado incorporó dos artículos que modifican lo dispuesto para las intendencias.
Para todos los organismos se estableció en la LUC un límite máximo de 200.000 pesos para efectuar compras directas, y el Presupuesto extiende el monto a 750.000 pesos para los gobiernos departamentales. Además, se los exceptúa de la obligación incluida en la LUC y que abarca a todos los organismos del Estado, de elaborar un plan anual de contratación de bienes y servicios que deberá publicarse en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales.
Una comisión discutida para las certificaciones
Tras intensas negociaciones, los socios de la coalición llegaron a acordar dos caminos paralelos para resolver los cambios al régimen de certificaciones médicas para los funcionarios del Estado. El texto aprobado incluye una serie de disposiciones que cambian el sistema actual y comenzarán a regir en 90 días, y a la vez crea una comisión con distintos actores que deberán consensuar una reforma del régimen en los próximos 60 días.
Respecto de lo primero, el cambio frente a lo votado en Diputados –donde se modificó lo enviado por el Poder Ejecutivo en relación a las certificaciones– es que los funcionarios podrán cobrar el primer año cinco días (en vez de dos días) el 100% de su salario durante la licencia médica, y si no hacen uso del beneficio podrán acumular hasta 15 días sumando tres cada año.
A su vez, se agregó otro artículo que dispone la creación de “una Comisión para la evaluación de un Sistema de Subsidio por Enfermedad y Accidentes Profesionales para dependientes de la Administración Pública, con el fin de diseñar un sistema de subsidios para las licencias por enfermedad y accidentes profesionales”. Funcionará en la órbita de la ONSC, que presidirá el órgano que tendrá representantes de COFE, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el de Salud Pública, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros del Estado y las organizaciones representativas de la profesión médica.
El secretario general de COFE, Joselo López, dijo a la diaria que “el problema” con la fórmula votada es que “no tiene una cláusula que diga que si hay un avance o acuerdo tras el trabajo [de la comisión a formarse] se puede cambiar la redacción” ya establecida para dentro de 90 días. “Si eso no cambia parece al santo botón, porque ya hay algo votado que se va a implementar más allá de lo que pase en la comisión”, agregó.
COFE: “semana clave” y se negociará hasta el jueves
Los contactos entre los dirigentes de COFE, el gobierno con el MEF a la cabeza y el senador blanco Jorge Gandini –designado como negociador del artículo 4– continuaron durante el fin de semana. “Pero no hemos cerrado nada, tenemos hasta el jueves para seguir negociando”, dijo a la diaria el secretario general del sindicato. Esto porque ya le transmitieron que el Senado postergará hasta último momento el tratamiento del artículo en cuestión.
“La diferencia sigue siendo cómo se recupera el salario perdido en 2021”, señaló Joselo López. En el Presupuesto se incluye el compromiso de que los funcionarios recuperarán al final del período el salario real perdido el año próximo, que se estima en al menos 5%, pero no establece una fórmula concreta para el pago. “Si se contempla” el pedido de COFE de dejar por escrito el cronograma de recuperación salarial, “nos hemos comprometido a la firma de un convenio” colectivo con el gobierno para todo el período, dijo López. No obstante, aclaró que “hoy nada dice que estemos cerca”, porque además del tema salarial no hubo ninguna conversación por el convenio, que vence a mitad de diciembre, relativo a las condiciones laborales, licencias y partidas por presentismo.