Más de 50 carreras universitarias son las “profesiones amparadas” dentro de la Caja de Profesionales, un sistema jubilatorio que cuenta con unos 75.000 afiliados y que viene siendo noticia en los últimos meses. El déficit financiero que arrastra, que lleva a que la institución se solvente con base en los activos (inversiones) que supo acumular y que se prevé que se terminen próximamente, así como los golpes en la actividad profesional que ocasionó la pandemia y las disputas internas que derivaron en que ninguno de los últimos directorios pudiera concretar una propuesta de reforma, dejaron a la entidad bajo todos los focos.
En este marco es que el miércoles se desarrollarán las elecciones en la Caja de Profesionales, en las que se elegirán a cinco de los siete miembros de la directiva –dos son designados por el Poder Ejecutivo–: uno en representación de los pasivos, que son unos 17.000, y cuatro por los socios activos, más de 60.000 personas. Quienes asuman tendrán desafíos más que urgentes, porque hay consenso en cuanto a que se requieren cambios a corto plazo para encauzar las finanzas, además de estudiar una reforma de más largo aliento dentro de las modificaciones que impulsa el Poder Ejecutivo para todo el sistema previsional.
La aparición constante de noticias vinculadas a la economía de la Caja de Profesionales es de algún modo un aliciente, entienden los candidatos que conversaron con la diaria, para que crezca el interés de los afiliados y se logre una mayor convocatoria para los comicios. En las últimas instancias electorales votó cerca de 10% de los afiliados y se aspira a elevar la cifra. También hay coincidencia en que se deben tomar medidas urgentes, aunque hay variedad de opciones: pedir al gobierno la porción de recaudación del impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS) que pagan los jubilados del sistema, ver cambios paramétricos que reduzcan los beneficios actuales, que los afiliados realicen algún aporte extra, modificar las categorías de aporte y hasta bajar los sueldos de los gerentes.
Como muestra de la vorágine noticiosa sobre la Caja de Profesionales, sólo en la última semana se conoció que la actual directiva estimó en más de 100 millones de dólares la cuantía del préstamo que necesita para cubrir el déficit que arrastra; el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se reunió con las autoridades de la institución y dijo que no está sobre la mesa la posibilidad de intervenir la gestión; y el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) –que trabaja desde noviembre de 2020 en el diagnóstico y propuestas para la reforma– designado por el gobierno, Rodolfo Saldain, señaló que la entidad requiere “una cirugía extrema” y en virtud de su autonomía deberán decidir “por dónde recortar”.
Es claro que el esquema de cambios graduales y con “transiciones lentas” –así lo define un reciente documento del oficialismo– que pretende el Poder Ejecutivo para el sistema previsional general no encaja con la grave situación de la Caja de Profesionales, por lo que ambos procesos deberán correr por caminos paralelos.
“Situación deficitaria severa e inmediata”
En un documento inicial con propuestas que acordó el oficialismo en la CESS, se evalúa que “en el caso de la Caja de Profesionales, la situación deficitaria es más severa e inmediata” que en las demás entidades previsionales, además de que “el diseño vigente de beneficios y financiamiento cumplió su ciclo”. Lo que “corresponde”, indicaron los técnicos de la coalición y el gobierno, es que la directiva “sugiera las medidas correctivas necesarias”, pero se aclaró que “la asistencia financiera estatal o la imposición de alguna otra carga sobre el resto de la sociedad no serían medidas de recibo”.
Tanto Saldain como otras voces vinculadas al tema, tanto del actual gobierno como de anteriores, han apuntado a la gobernanza de la Caja de Profesionales como una de las causas fundamentales del problema actual. Desde 2014 la institución arrastra un déficit operativo –ingresa menos dinero del necesario para hacer frente a las obligaciones de pago de jubilaciones– y desde hace al menos una década hay informes internos que marcan la gravedad de la situación, pero las últimas tres directivas no lograron, por distintas situaciones internas, los consensos necesarios para concretar una reforma.
El actual directorio, encabezado por Gonzalo Deleón, triunfó en las elecciones de 2017 con la promesa de restaurar los llamados “beneficios adicionales” –una tasa de reemplazo mayor que la actual, un aguinaldo en junio y cobertura médica– que tenían los retirados profesionales y habían sido quitados por la gestión anterior. La alarma por la situación financiera llevó también a que la directiva anterior dejara encaminado un anteproyecto de reforma, que no prosperó ante el cambio de autoridades cuatro años atrás.
Tras generar una comisión interna que estudió el tema, la directiva ahora saliente presentó en octubre de 2020 una propuesta al Poder Ejecutivo para reformar la caja, pero según marca el documento del oficialismo en la CESS “no reúne las características necesarias” para lograr “una viabilidad razonable”, porque con “el plan propuesto [la entidad] se descapitalizaría rápidamente hasta agotar completamente sus reservas en menos de 20 años”.
La pretensión del gobierno es iniciar un diálogo con las autoridades que sean electas en los comicios del miércoles en busca de otras medidas para paliar la situación de la Caja de Profesionales, que los candidatos coinciden en que es crítica.
Multiplicidad de listas y candidatos
Según la información de la Corte Electoral, hay una multiplicidad de listas que se postulan a la elección de la Caja de Profesionales, aunque algunas de ellas forman parte del mismo lema. Son 11 listas por el orden de los pasivos, seis para los activos y 17 para la comisión asesora y de contralor, órgano que se compone con dos representantes de cada profesión de las que hayan presentado lista –no todas lo hicieron, por lo que hay afiliados que podrán votar únicamente representante en el directorio–.
En el caso de los cuatro delegados por los activos en el directorio, se eligen según el ratio de votos por lista y con la salvedad de que no pueden coincidir dos integrantes de la misma profesión. A modo de ejemplo, no podrán estar a la vez en la directiva el candidato de la lista 35, Blauco Rodríguez –hasta hace pocos meses presidente del Colegio Médico del Uruguay–, y el tercer candidato por la lista 54, Gustavo Grecco –expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU)–.
Además de Rodríguez, los otros cabezas de lista para el orden de los activos son Ariel Nicoliello, abogado y exrepresentante del Poder Ejecutivo en el directorio, por la lista 54; el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti por la lista 9; el veterinario Hugo Daniel Alza por la lista 10; la odontóloga Patricia Vásquez por la lista 45 y Carolina Oreiro por la lista 55 –estas dos últimas más la lista 35 forman parte del mismo sublema–.
“Esto no tiene soluciones mágicas”
Nicoliello, profesor de Derecho en Seguridad Social, integró el directorio de la caja en representación del Ejecutivo e impulsó desde la directiva los cambios en los beneficios y el anteproyecto de reforma previo a 2017. En diálogo con la diaria, explicó que la lista 54 surgió de un acuerdo entre el Colegio de Abogados y el SMU, y se presenta bajo el mismo lema que la lista 10 de la Agrupación Universitaria del Uruguay, entidad que integran distintas asociaciones de profesionales.
La “idea” detrás de estos acuerdos, subrayó, es “que los gremios [de profesionales] se comprometan y responsabilicen de la situación de la caja, con recursos humanos que puedan trabajar en una reforma y darle no sólo respaldo técnico, sino también legitimidad amplia”. En la lista como segunda candidata está Virginia Romero, presidenta del Colegio de Contadores, que en los últimos meses ha realizado declaraciones críticas sobre la actual directiva y advirtió que la caja se quedará sin reservas en 2024.
Nicoliello recordó que el directorio que asumió en 2009 ya tuvo noticias de “problemas actuariales” en la caja y encargó un estudio técnico en el que participaron, entre otros, Saldain. El resultado llegó sobre el final del período y la siguiente directiva, que ya él integraba por el Ejecutivo, se abocó a quitar los beneficios adicionales y comenzar las negociaciones por la reforma, con resistencias internas. En 2017, y con un anteproyecto “aprobado” dentro de la caja, asume una nueva directiva “que planteaba restaurar los beneficios y resuelve no considerar” la propuesta de reforma, señaló el hoy candidato.
“El anteproyecto del año pasado [aprobado por el actual directorio] ya es insuficiente, porque se agravó la situación y se sumó el problema de la pandemia [que redujo los aportes]. Esto obliga a medidas de corto plazo, ya no sólo a una reforma, y el actual directorio se niega a adoptarlas”, evaluó. Dijo que hay distintas posibles medidas a evaluar de asumir la conducción, pero lo fundamental es que “uno no puede pedir el apoyo por parte del Estado sin plantear algún sacrificio en lo inmediato de los afiliados”.
El candidato de la lista 54 habló sobre “rediscutir la escala de categorías” de aporte de los profesionales y estudiar alguna contribución extra de los activos y los pasivos, al tiempo que consideró “inviable” que los profesionales en dependencia deban aportar. “Esto no tiene soluciones mágicas ni se puede trasladar al resto la solución del problema”, expresó.
También consideró que las propuestas del oficialismo en la CESS para las cajas paraestatales generarían “un impacto financiero negativo”, porque las entidades perderían aportes en manos de las AFAP, y eso lleva a “un costo de transición que el Estado debería asumir”. Además, cuestionó que se proponga pasar a considerar 25 años para el cálculo jubilatorio por cómo bajaría la tasa de reemplazo, que hoy se calcula sobre los últimos tres años para los profesionales. “Hay que hacer que la caja sea viable, pero también si bajamos demasiado [los beneficios] castigamos a los jóvenes en relación con las jubilaciones más antiguas”, indicó.
“Hoy vemos la caja como a un enemigo”
Blauco Rodríguez dijo a la diaria que la nueva directiva asumirá con “una situación crítica que se debe a los problemas de gestión”, y por eso se buscó conformar una lista “con gente con trayectoria en la gestión y de profesiones diferentes”. Sostuvo que no hay ningún integrante de la lista 35 “que haya ocupado cargos en el directorio” ni en el período actual ni en anteriores, y consideró esto “una gran fortaleza”, ya que se busca “un cambio total”.
Como cuestión general, el candidato de la lista 35 subrayó: “Hoy los profesionales vemos la caja como a un enemigo y proponemos que sea un aliado. Buscaremos generar cambios rápidos en las categorías que tiene la caja, que son muy onerosas e implican pagar altos costos mensuales para los afiliados”. Esto refiere al sistema de contribución, muy distinto al resto de los sistemas previsionales: los afiliados no aportan en función de sus ingresos reales, sino a través de una escala de fictos que tiene diez niveles; el mínimo supone un sueldo de 25.000 pesos y un aporte de 4.200 pesos. “Pensamos que debe haber más categorías, con montos de pago menores, sobre todo para las personas más jóvenes, que arrancan la actividad”, dijo Rodríguez.
Cuestionó la existencia de “pocos canales de comunicación” con los afiliados y señaló que el objetivo en caso de asumir la conducción será “informar a los profesionales cuál es la situación con indicadores claros”. A su vez, indicó que la futura directiva, “más allá de las ideas que ponga sobre la mesa” para revertir la situación financiera, deberá “negociar” hacia la interna y no elevar “el grado de conflictividad”, como entiende que ocurrió en los últimos años.
Rodríguez manifestó que se deberá encarar “una gestión austera”, buscar recuperar “la cartera de deudores”, ya que señaló que hay “más de 600 carpetas que no se han gestionado”, y debe buscarse una solución específica para cada afiliado con deudas.
También se pronunció a favor de bajar los sueldos de las autoridades de la caja y “poner salarios con un alto porcentaje variable en función del cumplimiento de metas”, y se mostró “de acuerdo” con la propuesta “que impulsan muchas de las listas de pasivos” de que el IASS –impuesto progresivo que pagan las jubilaciones mayores a 38.960 pesos– que abonan los retirados por la Caja de Profesionales vaya a sus arcas. En tanto, dijo que mejorando la gestión y la comunicación se puede lograr que más profesionales no obligados a aportar porque trabajan en relación de dependencia –se calcula que son unos 80.000 profesionales– lo hagan de forma voluntaria.
“Jugar duro en la contención del gasto”
Rodríguez Sanguinetti, candidato por la lista 9 en el orden de los activos y por la lista 19 en el de los jubilados, centró su discurso en las críticas al actual directorio y en el impulso de la propuesta de rebajar el sueldo a gerentes y funcionarios de la caja.
“El Poder Ejecutivo ya le negó el préstamo a la actual directiva, a la espera de las elecciones. Cuando cambiemos de autoridades, se renegociará y se verá qué es lo que conviene para la caja. Lamentablemente ha sucedido que las directivas firman contratos con funcionarios o asesores por dos o tres años antes de abandonar sus cargos y dejan atados de pies y manos a las nuevas autoridades”, expresó.
Dentro de sus propuestas de “cambios estructurales” aparece impulsar “una reforma” para que “todos los profesionales” queden dentro de la caja “como único aporte” y por sus ingresos reales, sean “independientes o dependientes”. También realizar auditorías, y detrás del objetivo de “jugar duro en la contención del gasto” plantea “cesar el contrato del gerente de la caja, que tiene un sueldo por encima de los 700.000 pesos”, “bajar todos los contratos de los gerentes de cada una de las áreas” y “conversar con el sindicato de funcionarios para ajustar los salarios”. La meta es “cambiar la imagen que tienen los profesionales de la caja”, porque la entidad “no puede transformarse en un impuesto”, indicó Rodríguez Sanguinetti.