Germán Casaravilla, el exdirector de la Agencia Tributaria de la Intendencia de Canelones (IC), presentó este lunes una denuncia penal por difamación contra el intendente Yamandú Orsi, la directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez, y el secretario general, Francisco Legnani. Casaravilla asegura que se lo expuso públicamente tras separarlo del cargo, luego de que se comunicara con el senador Óscar Andrade para orientarlo sobre el pago de la contribución inmobiliaria que tenía atrasado.
El 9 de octubre desde la IC se informó que Orsi había cesado a Casaravilla por no seguir el procedimiento habitual en los casos de contribuyentes con deudas, luego de que en el programa Santo y seña se difundieran las deudas que tenía el senador comunista por la construcción de su casa en San Luis.
Casaravilla aseguró que se manchó su nombre y se lo expuso públicamente, por lo que después de un “proceso interno” decidió radicar la denuncia, según contó a El País. En la denuncia a la que accedió el medio se da la versión de los hechos de Casaravilla y se afirma que el asunto tomó “dimensiones periodísticas enormes, por su difusión, que dañaron severamente la imagen y le provocaron una gran aflicción moral”.
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Para Casaravilla el delito de difamación se constituye en tanto las autoridades tenían firmada la renuncia de antemano, como suele hacerse en los casos de cargos de confianza, y podrían haberla aceptado sin exponerlo públicamente. “Si los jerarcas de la Intendencia nada hubieran expresado, esta denuncia no habría existido. Por motivos que desconocemos, pero sin dudas con intencionalidad política, se nos expuso públicamente, configurándose, a nuestro entender, el delito de difamación por los tres denunciados”, se lee en la denuncia. Además, manifiesta que no se hizo un proceso administrativo como debería haber existido en caso de que las irregularidades ameritaran la destitución.
Por otra parte, en la denuncia se asegura que Casaravilla “no hizo ningún favor” como se dijo públicamente y se limitó a acordar “el pago de una deuda de contribución inmobiliaria de un senador de la República con base en la normativa vigente”.
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