La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analiza una propuesta presentada por el Frente Amplio (FA) para solicitar al Poder Ejecutivo que remita un proyecto de ley para exonerar el pago de tributos y tarifas públicas a los Sitios de Memoria Histórica, declarados por la Ley 19.641.
Tras la aprobación de la normativa en 2018, se declararon 12 sitios de memoria. La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que depende de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), es la encargada de resolver sobre las solicitudes de declaración de sitios, que abarcan aquellos lugares donde se cometieron violaciones a los derechos humanos o se desarrollaron acciones de resistencia durante el terrorismo de Estado. Además, la comisión debe realizar acciones para promover la preservación, gestión y sustentabilidad del espacio, a través de comisiones integradas por representantes de organizaciones sociales y grupos de la comunidad.
Los diputados de la oposición presentaron la minuta a efectos de apoyar la gestión de los sitios, según consta en la exposición de motivos, e invitaron este jueves a representantes de la INDDHH para que informen sobre el presupuesto con el que cuenta la institución para el mantenimiento de estos espacios.
La directora del organismo, Mariana Mota, explicó que de los 12 sitios declarados, 11 se encuentran en instituciones públicas –muchos son unidades militares o ex centros clandestinos de detención–, y uno en una institución privada, la excárcel de Cabildo, que es un inmueble propiedad de la Congregación del Buen Pastor.
En cuanto al presupuesto para la aplicación de la ley, según consta en la versión taquigráfica, Mota sostuvo que en 2019 y 2020 el organismo no tuvo presupuesto. “Se trabajó en declaración, justamente, y en lo que era posible desarrollar por parte de las comisiones de sitios respectivas”, sostuvo y mencionó, por ejemplo, el trabajo de la Comisión Memoria de La Tablada (Cometa), integrada por ex presos, vecinos y comisiones barriales, que han llevado adelante “una amplia tarea de limpieza de ese lugar, que estaba absolutamente abandonado”, así como ha “restablecido los alambrados perimetrales, que eran hurtados sistemáticamente, y reinstalaron la luz para hacer de ese espacio un lugar que pudiera ser recorrido”.
El presupuesto asignado fue de 1.600.000 pesos, explicó Mota. Una parte de ese monto se destina a la colocación de las placas en sitios y otra se dirige a las obras para la generación de los sitios de memoria. La directora de la INDDHH explicó que se estableció una “especie de fondo concursable” y se llevó adelante una licitación para asignar los recursos, a partir de la presentación de proyectos, que son evaluados por un tribunal. Según contó, se aprobaron los proyectos de La Tablada, el “300 Carlos” y el del ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva.
“Evidentemente, esto no es suficiente; es apenas un inicio. Por eso comenzábamos diciendo que en los dos años anteriores a 2021 la Comisión no tuvo recursos; hizo lo que pudo de la forma en que pudo, y por eso relataba cómo las comisiones trabajaron básicamente por voluntad propia, buscando recursos donde pudieron encontrarlos”, expresó Mota. La directora sostuvo que si lo que se busca es desarrollar una política pública de memoria y que “no sea solamente una ley escrita”, se deben destinar recursos.
“No es viable”
El diputado nacionalista Álvaro Viviano, integrante de la Comisión de Hacienda, cuestionó en diálogo de la diaria que la ley de sitios de memoria no haya estipulado dispositivos de financiamiento adecuados para la declaración de los sitios.
No obstante, señaló que más allá del debate general sobre la ley, la minuta tiene “alguna dificultad” y, por lo tanto, cree que “no es viable”. Según dijo, la “exoneración de tributos, particularmente a los sitios privados, llámese contribución inmobiliaria o tasa general municipal, son de competencia departamental, por lo tanto, avanzar en esa dirección podría meternos en algún brete respecto de la autonomía de los gobiernos departamentales”.
El diputado del Partido Independiente Iván Posada, que preside la comisión, considera que “no corresponde” la exoneración porque de 12 sitios, 11 son públicos. “Termina siendo improcedente, sería exonerar al propio sector público, que en definitiva le corresponde pagar esos impuestos. Por ejemplo, hay cuarteles [incluidos], y eso está en el presupuesto del Ministerio de Defensa”. A su juicio, “no hay razones que justifiquen un pedido de esa naturaleza”. Para el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone es un proyecto “presentado al boleo”, porque “no se sabe de cuánta plata se está hablando, no hay estudio que trate el tema”.
En tanto, la diputada del Frente Amplio Verónica Mato, una de las firmantes de la minuta, defendió la iniciativa y apuntó que, si bien son 12 sitios en la actualidad, “eso no significa que con el correr del tiempo no se creen más sitios en Uruguay”. Asimismo, precisó que “los sitios tienen características distintas; en algunos casos, por ejemplo, los integrantes de las comisiones son los responsables de pagar determinadas cuentas para que los sitios puedan funcionar como mandata la ley”. En otros casos, agregó, como la exsede del Servicio de Información y Defensa, donde funciona la INDDHH, tiene “todo cubierto”.
La legisladora sostuvo que se trata de un proyecto “humilde”, porque no implica demasiado dinero, pero “es un gran aporte para las personas que hace muchísimos años vienen luchando por verdad, memoria y nunca más. Es sacarles una mochila y es un aporte para la sociedad toda, porque nos ayuda a construir memoria”, apuntó.
Otra discusión
Durante la sesión, Viviano solicitó que, en la medida en que Mato era una de las legisladoras que habían presentado la iniciativa y habían defendido en “términos tan calurosos” el proyecto de La Tablada, se revisara el reglamento de Diputados, ya que podía estar “en clara contravención” del artículo 104, que obliga a los legisladores, entre otras cosas, a “declarar ante la Cámara o la Comisión que integre toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere”.
“Es notorio que la diputada ha tenido una militancia social, no voy a hablar de lo político, muy activa en la zona, particularmente en ese sitio. Se da una circunstancia de coincidencia trágica con la familia de la diputada: ese terreno está cautelado, entre otras cosas, por la investigación de uno de los desaparecidos, conforme a una resolución judicial de 2017 o de 2018”, dijo Viviano, en referencia al padre de la diputada, Miguel Mato, desaparecido desde 1982. Asimismo, sostuvo que “capaz” estaba equivocado, pero que sabía de “vínculos familiares de la diputada con la gestión de la institución a cargo del proyecto, del grupo Cometa”.
Sobre este punto, Mato dijo que el diputado sostuvo que estaba fuera del reglamento porque su padre había desaparecido en ese lugar y su familia participa en la comisión, que es honoraria. “No hay ningún tipo de relación económica con esas personas, sino que son luchadores sociales. He recibido mensajes y apoyo de mucha gente que no puede creer el nivel de maldad, porque eso fue un acto de maldad, él sabe mi historia”, dijo, y afirmó que se trató de un acto de violencia por su identidad.
Viviano, en tanto, dijo que fue “un intercambio normal de discusiones políticas, pero no pasa más de ello”, y que se dio “en un marco de respeto”.