El jueves tuvieron lugar dos eventos en los que participaron integrantes de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), que desde noviembre del año pasado trabaja en recomendaciones para la reforma jubilatoria que se prevé procesar en 2022. Hace dos semanas, los integrantes del oficialismo entregaron un documento que consensuaron después de tres meses de negociación interna, y por estos días se están conociendo las posiciones al respecto de las demás delegaciones: trabajadores, jubilados, empresarios y el Frente Amplio (FA).
En estos eventos –organizados por el sindicato bancario (AEBU) y la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas– el delegado del PIT-CNT, Hugo Bai, profundizó en la evaluación y propuestas que promueve la central de trabajadores. En sus intervenciones Bai subrayó que la CESS “no es un diálogo social” para definir la reforma jubilatoria, y además en los últimos meses quedó limitado a los diálogos a la interna del oficialismo. “Ahora pretenden discutir en 15 o 20 días con los actores sociales y la oposición política” el documento con recomendaciones, indicó, ya que el plazo de actuación de la CESS vence a finales de octubre.
Entre otras cosas, el documento que presentó el oficialismo propone subir de forma gradual la edad de retiro hasta los 65 años —desde el límite actual de 60 años— e igualar para los nuevos trabajadores el régimen vigente hoy para el sistema mixto, es decir, quitar los beneficios extras que tienen las cinco cajas –tres paraestatales (Bancaria, Notarial y de Profesionales) y dos de gestión pública (Militar y Policial)–.
Bai sostuvo que en el documento hay “algunas ausencias que preocupan”, porque se pretendía “una discusión integral” y “amplia”: no sólo la parte de pensiones sino también “la protección social” a nivel de primera infancia, discapacidad y sistema de cuidados. También subrayó que para el PIT-CNT debería sumarse a la discusión aspectos “del mercado laboral y del régimen tributario”, pero lamentó que “hayan quedado por fuera del ámbito” definido por la CESS.
“Se convoca a un nuevo pacto social. Para que eso pueda estar legitimado por la sociedad hace falta que algunos actores que tienen mayor capacidad contributiva aporten con más financiamiento a la protección de los adultos mayores”, subrayó. En esa línea, complementó: “El gasto presenta una tendencia creciente obvia, por la situación demográfica de una sociedad que envejece; algo que pasa en la mayoría de los países. Entonces, vemos que hay sectores, los vinculados al capital, las altas ganancias, la concentración de la riqueza”, que podrían aportar más. Añadió que “falta una discusión de carácter impositivo para lograr una financiación más equitativa y solidaria, que logre un impacto más distributivo”.
Sobre los cambios planteados para la Caja Militar, Bai evaluó que “son tibios” y que se “requeriría una contribución mayor de las altas jubilaciones militares, otorgadas hace décadas con beneficios mayores a los de otros subsistemas”. Recordó que “ya existen” impuestos de este tipo en la Caja Bancaria y Notarial. “Para lograr el pacto social [de cara a la reforma] debería haber una señal más clara sobre el colectivo militar”, concluyó.