Recientemente publicó su libro Conocerme me hizo libre, en el que menciona que en su niñez fue víctima de abuso sexual y narra su experiencia como cura y homosexual. El exsacerdote católico y docente universitario Julio Boffano asegura que hay integrantes del clero entre los responsables de los más de 400 casos de abuso sexual que las víctimas le han relatado. Personas que sienten confianza en él se acercan a contarle, y mucho más luego de la publicación del libro.
Boffano considera que continúa el ocultamiento de casos de abuso sexual en la iglesia y sostiene que, si realmente hay voluntad de investigar, es necesario que esta institución abra sus archivos.
El sábado pasado, Boffano presentó su libro en Paysandú, y en su estadía en ese departamento tuvo testimonios de 17 casos de abuso. No quiere dejar de escuchar ni de contestarle a nadie, aunque por momentos está desbordado e impactado por las historias que le llegan, dice, y por eso trabaja en la creación de una fundación, a la que llamará Resurgemus, de atención y asesoramiento a víctimas.
Considera que la información sobre miles de abusos cometidos por integrantes del clero francés desde 1950 en adelante incluye sólo 10% del total de casos y que en Uruguay y Argentina “aún no ha saltado nada”. “Hay una cantidad de curas tapados que son abusadores, el papa dijo que le daba vergüenza, pero la vergüenza jamás reemplazará a la justicia”, dice Boffano, y añade que le propuso a la Conferencia Episcopal que abra los archivos de las diócesis y las congregaciones, como se hizo en parte en Francia, para poder investigar. Señala que en esos documentos hay información sobre la trayectoria de cada integrante de las congregaciones.
“Si realmente quieren justicia que lo hagan, si no lo hacen es que siguen con su justicia paralela y es porque se creen especiales, elegidos de Dios y con una concepción antropológica en que el cuerpo es pecaminoso y hay que salvar el alma. Es gente que sabe bien el daño que hace, que lo haría igual si no fueran curas o pastores, pero les sería mucho más difícil”. A esto agrega la necesidad de crear una oficina independiente de las iglesias en la que las víctimas puedan denunciar y se investigue.
Boffano menciona que dos años atrás el papa Francisco recibió a una persona que fue víctima de abuso por parte de un sacerdote que era su tío y le dijo que debía perdonarlo porque estaba enfermo. “No está enfermo, es un delincuente. Es tal la soberbia y la ignorancia científica y antropológica, que llegan a eso, y también porque hay un sistema perverso de ocultamiento. A esto se suman los traslados de curas abusadores de una ciudad o un país a otro, como hacen en todos lados, incluido Uruguay, y eso es como si los niños de un país valieran menos que otros”.
Cuando una denuncia de abuso sexual que vincula a un integrante de la iglesia toma fuerza a nivel de la opinión pública, en general se centra en el caso particular y no en el fenómeno de abusos en el clero, y desde la propia institución se intenta mostrar como una excepción. “Soy consultor organizacional y eso es una estrategia de las instituciones, tanto de la iglesia como de los partidos políticos, por ejemplo, de hacer como si fueran excepciones, indignarse con ese caso, y eso lo trasladan a la comunidad”, sostiene Boffano.
El excura explica que cuando estas situaciones involucran religiones, se forman dos “bloques irreconciliables”: en uno están los que creen y en el otro, “los que ni aunque les muestres las fotos te creen”. Esto piensa que se da por manipulación y genera una dinámica perversa en que, con el objetivo de no destruir la imagen idealizada del sacerdote o pastor, los creyentes niegan la realidad y dan la espalda a las víctimas y sus familiares. De inmediato agrega que hay un tercer bloque, “que somos las víctimas y los sobrevivientes”, a los que los abusos les marcan la vida.
“Es tan jodido esto, porque para la iglesia abusar de un niño no es delito; han hecho concordatos en varios países”. Y menciona que el Estado del Vaticano entra en colisión con los tratados internacionales de protección de derechos para niños y adolescentes por su reserva en estos casos. “Creen que se puede curar, que con pedir perdón basta, porque tienen esa concepción de que el cuerpo es negativo, que hay que salvarles el alma y porque son recursos humanos. No hay que olvidarse de que estamos hablando de una multinacional de la fe con muchas sucursales”.
Según sus datos y los de otros autores que estudió, los abusadores en la iglesia eligen con mayor frecuencia a varones de entre nueve y 13 años, y aporta otro elemento: “Hay una mentalidad muy retorcida en parte de la iglesia, de que al tener sexo con un varón no se rompe el celibato porque está concebido para las relaciones heterosexuales, porque lo normal para la iglesia es la heterosexualidad. Por eso la iglesia ha intentado vincular la pedofilia con la homosexualidad, cuando no tienen nada que ver”.
En su libro no da nombres de curas abusadores y dice que esto se debe, primero, a que “el libro no es para deschavar, sino para invitar a la reflexión sobre temas que como sociedad no estamos acostumbrados a discutir” y, segundo, “porque hay que tener pruebas y eso implica un proceso que va por otro lado”. Por ello destaca que si tiene pruebas las presenta en la fiscalía y recomienda a las víctimas que lo consultan que se presenten ante la Unidad de Víctimas y Testigos de esa institución.
Un caso paradigmático
Para Boffano, el caso de la denuncia de abuso sexual a niños por parte de un cura de Minas –que sigue en proceso judicial y para el que la fiscalía solicitó ocho años de cárcel y resarcimiento económico a las víctimas– es paradigmático.
Dice que se logró que el caso no fuera archivado por prescripción porque una de las víctimas todavía es menor de edad y porque otras víctimas anteriormente abusadas por el mismo cura comenzaron a hablar y dieron su testimonio. “No pueden denunciar porque el delito ya prescribió, pero sí ser testigos, lo cual es muy importante y en este caso de Minas ayudó. Espero que termine preso y el resarcimiento económico no es menor, a la víctima no le va a cambiar nada, pero a la iglesia sí, porque se preocupa muchísimo, porque ha gastado millones de dólares en esto”.
Y respecto de este caso hace una excepción en cuanto a no dar nombres y apunta que hay una autoridad eclesiástica involucrada: el actual obispo emérito de Minas, Jaime Fuentes, integrante del Opus Dei. “Él fue cómplice, mintió, ocultó la información y ojalá la fiscalía o alguien lo denuncie, porque al obispo nuevo no le dijo nada de lo que estaba pasando. Esto demuestra que esas complicidades siguen existiendo”.
Apoyo a víctimas
La mayoría de las personas que se le acercan por haber sufrido abuso sexual quieren poder vivir mejor con lo que les ocurrió, y para esto, asegura, es necesario un proceso que sin terapia es muy difícil. Con eso espera colaborar con la fundación que está en proceso de formación.
“En Uruguay tenemos un debe en este tema, porque pensamos –como con la pandemia– que no nos iba a pasar. Y lamento mucho pero no somos la excepción, y cuanto antes lo trabajemos, mejor nos va a ir como sociedad”, reflexiona. Y concluye: “Créanles siempre a los niños, niñas y adolescentes, estemos atentos, porque van a dar alguna señal y si aparecen, reiterarles que no es su culpa, nunca es su culpa, sino un abuso de poder. Porque los curas pueden ser expertos en hacerte sentir culpable y que no crezcas espiritualmente para mantener su poder”.
Unidad de Víctimas y Testigos de la fiscalía: un lugar al que recurrir
Cuando surgió la posibilidad de que más víctimas de abuso sexual se presentaran a declarar en la investigación judicial que en Minas involucra a un cura, la fiscalía habilitó un teléfono de la Unidad de Víctimas y Testigos para escucharlas y asesorarlas para que conozcan sus derechos y los mecanismos de denuncia, e información sobre el proceso penal en estos casos.
“Hubo muchas personas que llamaron, algunas por el caso específico y otras por hechos similares que ocurrieron muchos años atrás, lamentando que en ese momento no existieran recursos como este, ni la oportunidad de pedir ayuda de forma accesible en el entorno o en las instituciones”, recuerda la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, Mariela Solari.
Destaca que cuando las instituciones dan confianza y las víctimas encuentran la posibilidad de denunciar lo ocurrido con garantías y cuidado, lo intentan. “Implica afrontar un proceso judicial que siempre es complejo, que puede ser hostil para las víctimas. Pero cuando antes fueron contenidas y asesoradas, y reciben acompañamiento para sostener ese proceso, lo transitan más fortalecidas y ejercen su derecho de acceso a la justicia”. Dice que, en casos de abuso sexual, cuando a la víctima se le pide que reitere su relato varias veces se generan efectos de victimización secundaria y se produce retractación, desgaste y mayor daño. En esto se trabaja permanentemente, para evitarlo o minimizarlo, agrega.
El teléfono para comunicarse con la Unidad de Víctimas y Testigos de la fiscalía es 091 507 531.
Milton Tróccoli. (archivo, abril de 2016)
Foto: Pablo Vignali
Obispo Tróccoli: “Hay cambios estructurales que hacer”
Milton Tróccoli, obispo de Maldonado, Punta del Este y Minas, y secretario general de la Conferencia Episcopal, contestó por escrito a preguntas enviadas por la diaria.
Una investigación hecha pública en Francia indica que desde 1950 hubo 216.000 niños abusados sexualmente por integrantes del clero católico francés y señala que encontró evidencia de 2.900 a 3.200 abusadores. ¿Cómo le afectó esta información, generó medidas en la iglesia uruguaya?
Algunas conferencias episcopales, luego de hacer su proceso de recepción de denuncias a nivel nacional, de escuchar y pedir perdón a las víctimas y de sancionar a los victimarios, han visto conveniente contratar agencias que realicen una auditoría externa de las denuncias y del proceso que se ha seguido con ellas. Este ha sido el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Alemania y ahora Francia. Es una forma de transparentar todo el proceso y de afianzar el camino emprendido para que estas situaciones no se repitan. Sin duda que los números impactan, sobre todo por la cantidad de víctimas, a la vez que nos llenan a todos de vergüenza y dolor. En Uruguay estamos desarrollando, de acuerdo a las normativas del Vaticano, un itinerario de formación de agentes pastorales (obispos, sacerdotes, diáconos, equipos directivos de colegios y docentes, catequistas, etcétera) en la protección de menores y prevención de abusos. Se está buscando pasar de una actitud reactiva (reaccionar frente a la denuncia del hecho) a una actitud proactiva (prevenir para que no suceda). Es un camino que comenzó con la elaboración y publicación de la guía para la protección de menores y prevención de abusos y que tiene que continuar en los próximos años.
Pocos años atrás usted escuchó testimonios de denuncias de abusos cometidos por integrantes del clero. ¿Cuántos casos se presentaron a la iglesia, qué medidas tomaron? ¿Pasaron casos a la Justicia?
La escucha de algunas de las víctimas fue un momento muy fuerte para mí. Reconocer el dolor y las heridas causadas por sacerdotes y miembros de la vida consagrada, y ver que esto permanecía vivo en las personas luego de varias décadas, fue un golpe duro. Por un lado, me llevó a empatizar con las víctimas y por otro, a cuestionarme cómo se había llegado a todo esto en la iglesia. En 2016 recibimos 44 denuncias y luego seis más por los canales de la Conferencia Episcopal. En todos los casos se investigó y se indicó además a las víctimas que se dirigieran a la Justicia. En general, la respuesta fue que ya habían recibido asesoramiento jurídico antes de presentar su denuncia en la iglesia, que tenían que pensar si plantearían el caso en la Justicia, ya que los tiempos habían prescripto, y que venían a hablar para que esto no sucediera más en los ámbitos eclesiales. Algunos sacerdotes habían fallecido, otros, por razones de edad o de enfermedad, ya no ejercían el ministerio, y otros fueron separados del ejercicio del ministerio sacerdotal.
Entre las denuncias de abuso sexual que se han hecho públicas hay una referida a un cura que estuvo en Minas y este año una fiscalía de Lavalleja solicitó que esa persona sea imputada por delitos de abuso sexual y atentado violento al pudor. ¿Qué medidas toma la iglesia para prevenir que no ocurran estos casos y qué sanciones aplica respecto de quienes entiende que hay elementos para considerarlos responsables?
Cuando se da una denuncia de este tipo, se separa al sacerdote de su cargo y se comunica a la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, enviando toda la información de que se dispone. Desde allí, luego se indica el procedimiento a seguir. La duración de este proceso depende de si el sacerdote acepta la acusación o si la niega y se declara inocente. En este último caso es más largo. La sanción generalmente es la expulsión del estado clerical, o sea, que no siga como sacerdote. La iglesia, a partir de la triste experiencia de estos hechos, ha comenzado a recorrer el camino de la prevención, generando lo que se llaman “ambientes seguros”. Esto regula desde los ambientes físicos en los que se desarrollan las tareas pastorales hasta las actitudes de quienes trabajan con menores en las instituciones de la iglesia (colegios, parroquias, capillas, obras sociales, etcétera). Está basado, sobre todo, en la transparencia. También se tiene cada vez más presente algo que se define con una palabra en inglés, porque así nació este concepto, la accountability, o sea, “rendir cuentas”, ante la iglesia y ante la sociedad, de lo que se va realizando en los ambientes eclesiales. Esto incluye el manejo de las finanzas, el modo de ejercer la autoridad, la propia coherencia de vida y el cuidado en la relación con el otro. Es un proceso que está en los inicios, y podría decir que todavía tratando de vencer las resistencias de quienes aún no han tomado conciencia de la magnitud del problema.
Para la investigación realizada en Francia fue fundamental el acceso a los archivos de las diócesis e instituciones religiosas. ¿La iglesia uruguaya está dispuesta a abrir ese tipo de información?
En el protocolo que tenemos para la recepción de denuncias se dice explícitamente que la iglesia va a colaborar con la Justicia. Esto está indicado desde el Vaticano para todos los países.
¿Por qué considera que en diferentes partes del mundo se dan más a menudo que en otros ámbitos casos de personas vinculadas al clero acusadas de abuso sexual? ¿Hay algo estructural a cambiar en la iglesia para que esto se modifique o los considera casos aislados?
En general, las estadísticas de los casos de abuso sexual muestran que se dan con más frecuencia en el ámbito intrafamiliar. Para la iglesia los abusos por parte de clérigos y de miembros de institutos de vida consagrada muestran con crudeza que hay cambios estructurales que hacer. El papa Francisco viene impulsando varios: la centralidad de la víctima y no de la institución, la vivencia y el manejo del poder para que sea servicio y no opresión, la transparencia en el modo de actuar y de gestionar, el “empoderamiento” del laicado en los organismos de contralor y de organización eclesiales, el combate a una cultura individualista y abusiva, en la que el otro es medio para el bienestar personal, por poner algunos ejemplos. Creo que se está comenzando una serie de cambios, que todavía no vemos en toda su dimensión, pero que sabemos que van en la dirección de buscar erradicar todo abuso sexual, de poder y conciencia dentro de la iglesia.
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