Las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) concurrieron en régimen de comisión general a la Junta Departamental de Montevideo para informar sobre casos detectados de malnutrición de niños, niñas y embarazadas en diversas policlínicas de la capital. La convocatoria fue realizada por el Frente Amplio (FA) y apoyada por el Partido Colorado.
En octubre, durante un evento en la Universidad Católica, la titular de la IM, Carolina Cosse, había adelantado que en el marco del programa de Apoyo Alimentario del Plan ABC –que, entre otras cosas, busca identificar en las policlínicas municipales casos de malnutrición– se habían detectado “223 personas con desnutrición y/o retraso en su crecimiento entre embarazadas, niños y niñas”.
La intendenta dijo en una rueda de prensa, previo a la sesión, que las policlínicas de la IM “tienen una excelente atención y profundo enclave territorial” y, por tanto, “conocen a la gente que están tratando e interactúan con otras instituciones en el territorio. Así que yo estoy muy tranquila, se les va a dar toda la información”. Precisó, además, que las policlínicas municipales “trabajan con el sistema de ficha médica electrónica de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] y hay médicos de ASSE trabajando en las policlínicas, por lo tanto, cuando se atiende un paciente se ingresa a la ficha médica todo lo que se tiene que ingresar”.
La jerarca fue citada a la Junta Departamental de Montevideo y, en su lugar, asistieron la directora de Salud, Virginia Cardozo, la directora de Desarrollo Social, Mercedes Clara, el prosecretario, Daniel González, y la directora de Políticas Sociales, Tamara Paseyro.
En una rueda de prensa, el edil del FA Nicolás Lasa defendió el trabajo realizado por las policlínicas en el marco del plan Apoyo Alimentario y apuntó que no existe arbitrariedad en la identificación de casos de este tipo. “Cuando la detección se da en las políticas, es con criterios médicos y de la OMS [Organización Mundial de la Salud]. No es que nos ponemos a discutir arbitrariamente y que el gobierno de Montevideo, por medio de sus policlínicas, determinó las formas de diagnosticar”, sino que se basan en “indicadores que van mucho más allá del gobierno departamental y de nuestro país”.
En diálogo con la diaria, Lasa explicó que en el programa se categoriza a las mujeres embarazadas como “adelgazadas” y a los niños y niñas menores de tres años con la categoría de “bajo peso o baja talla”. Cuando ingresan al programa, se cruza la información del diagnóstico médico con información nutricional para “efectivamente ver si la baja talla y el bajo peso se deben a inseguridad alimentaria o no, porque son criterios distintos”.
A esos 223 beneficiarios que tiene el programa se les ofreció en la policlínica participar en una encuesta, en el marco de una investigación de la Universidad de la República (Udelar). De ese total, 168 personas completaron la encuesta y la evaluación arrojó que ocho de cada diez beneficiarios tuvo inseguridad alimentaria moderada o grave. “La inseguridad alimentaria moderada quiere decir que en los últimos 12 meses esa persona tuvo dificultades para acceder a alimentación y se salteó alguna comida. La grave significa que en los últimos 12 meses se quedó sin alimentos y pasó más de un día sin comer. Eso arroja que de ocho de cada diez, al momento de ingresar al programa, tenían inseguridad alimentaria moderada o grave”, explicó Lasa, y agregó que el objetivo es comparar los datos a los seis meses y al año para ver cómo evolucionan los indicadores.
“Mal uso de la comunicación”
La bancada de ediles del Partido Nacional (PN) emitió un comunicado en el que cuestionó a la intendenta de Montevideo por el “mal uso de la comunicación” para “instalar un relato falso con un sesgo claramente político” respecto de las cifras de malnutrición.
En el comunicado se defiende la gestión de seguridad alimentaria del gobierno y se menciona, por ejemplo, “las transferencias monetarias y sus refuerzos dedicando en Montevideo 100 millones de dólares a los cuales se suman otros 50 millones de dólares para la atención de la primera infancia”.
Los ediles cuestionaron la rigurosidad de la IM en “un tema tan sensible” y que se deje “de lado” a los organismos vinculados a la temática, como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto Nacional de Alimentación, el Ministerio de Salud Pública, los CAIF y ASSE. También se cuestionó a la intendenta por hablar primero de “desnutrición” y luego de “malnutrición”.
Lasa agregó en diálogo con la diaria que no se trata de “una cuestión de relatos”. “Desde el PN se quiso cuestionar la comunicación y el informe de la Udelar. Nosotros demostramos en sala que las mismas personas de la Udelar que hicieron el informe son las que hacen informes para el Mides. El problema no es por los técnicos, sino que es con la información que arrojan los informes, que cuando no le sirven, la cuestionan”.
Manifestó que lo preocupante de la información es que esas 223 personas sólo fueron detectadas en las policlínicas municipales, que en total son 23. “Si esto se ampliara, por ejemplo, a toda la red de ASSE, seguramente tendríamos muchas más situaciones de estas características”.