La Asociación de Defensores de Oficio denunció en julio, ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), un aumento de los abusos policiales en el último año, profundizado desde la entrada en vigencia de la ley de urgente consideración (LUC). Entre los elementos constatados y que ahora el gremio presentó ante el Parlamento, destacaron allanamientos sin orden judicial disfrazados de inspecciones oculares voluntarias, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos, y allanamientos con “violencia inusitada” en hogares.
Tras hacerse pública la carta del gremio, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respondió que hizo la consulta en Fiscalía y no constató “ninguna denuncia”. “Si me dicen dónde, actuamos firmemente”, agregó el jerarca en diálogo con la prensa.
Este martes, representantes de la Asociación de Defensores de Oficio comparecieron ante la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género de la Cámara de Senadores. Allí, el presidente del gremio, Joaquín Gamba, y la secretaria de comunicación, Victoria Pereira, informaron que luego de presentar el informe ante la SCJ la asociación hizo un relevamiento de casos, a partir de contactos con los defensores del interior y de Montevideo. “Así fue que nos surgió la confirmación de que, efectivamente –y tal como detallamos en el informe–, se estaban llevando a cabo algunos procedimientos policiales que claramente estaban apartados de lo que establece la normativa”, apuntó Gamba.
De acuerdo con ese relevamiento, se encontraron 85 casos concretos que se presentaron ante la SCJ y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Estas situaciones “fueron puestas a conocimiento del juez del control de detención y ya está hecha la denuncia”, indicó Gamba. El relevamiento contiene “los decretos y los números de expediente”, agregó, pero dijo desconocer el estado de las investigaciones. Por otra parte, el abogado señaló que “costó mucho acceder a este relevamiento” porque los defensores no tienen obligación de informar a la SCJ sobre estas situaciones. En ese sentido, resaltó que si bien se relevaron 85 situaciones “eso no significa que sólo haya esa cantidad”.
Coalición pidió “pruebas”
Al terminar la presentación de la delegación, los integrantes de la comisión intercambiaron sus puntos de vista sobre lo expuesto. Las senadoras frenteamplistas Amanda Della Ventura y Sandra Lazo plantearon la necesidad de hacer efectivo el uso de las cámaras GoPro por parte de los efectivos policiales para dar garantías a todas las partes durante los procedimientos, y además manifestaron la necesidad de conocer la opinión del Ministerio del Interior (MI) y del Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre los hechos denunciados.
En tanto, los senadores de la coalición plantearon algunas dudas ante las afirmaciones del gremio, que calificaron de “vagas”, y pidieron “pruebas” para continuar tratando el tema en el ámbito de la comisión. El senador cabildante Guillermo Domenech sostuvo que “muchas de las situaciones que se han planteado constituirían delitos”, por lo que “los funcionarios públicos en conocimiento de esos delitos deberían efectuar las denuncias formales”. Opinó que “si no existen pronunciamientos judiciales que avalen la ilegalidad de estas conductas, es poco lo que podemos hacer, salvo denunciarlas, manifestar nuestro deseo de que esto no suceda y reconocer que existe una gran dificultad porque, en definitiva, se trata de algo que es palabra contra palabra”.
Por su parte, la senadora nacionalista y presidenta de la comisión, Gloria Rodríguez, dijo estar preocupada por que “frente a un hecho de tal magnitud no se hayan tomado medidas”, así como ante el “silencio del propio Ministerio del Interior frente a las denuncias que ustedes acaban de realizar, que son de un uso totalmente abusivo”. Acto seguido, pidió a los invitados “las pruebas de los hechos”. “Nos dicen que hay 85 relevamientos de casos específicos identificados y nos gustaría muchísimo recibir y tener esos 85 casos totalmente identificados. Obviamente, nosotros como integrantes de esta comisión –y cada uno de forma individual– vamos a tratar de llevar adelante todo esto, pero con pruebas”, afirmó.
La delegación accedió al pedido y, según consta en la versión taquigráfica, entregó una copia del material a la comisión. Asimismo, Gamba respondió que ven con preocupación que “ninguna autoridad nos haya convocado para darle nuestra visión sobre este punto”. Indicó que la SCJ informó al MI, al MSP, al Comisionado Parlamentario por el Sistema Penitenciario y a la INDDHH. “La única que se comunicó con nosotros fue la INDDHH, que nos pidió el relevamiento que luego le entregamos; incluso ahora estamos intentando trabajar en conjunto en un observatorio para tener números concretos sobre estas situaciones”, dijo.
“Delito por omisión de denunciar”
“Los integrantes de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay como funcionarios públicos tenían la obligación de denunciar en su momento y no lo hicieron. Ello configura delito por omisión de denunciar”, escribió Rodríguez, a poco de finalizar la sesión del martes, en su cuenta de Twitter. Minutos después, publicó un nuevo mensaje: “Deben dirigirse a hacer la denuncia directamente a fiscalía o al @Minterioruy y aún no se recibió ninguna. Es parte de la campaña contra la #LUC. Tampoco se aportan pruebas”.
En diálogo con la diaria, Gamba dijo que recibió con sorpresa estos comentarios. “Es realmente llamativo, inentendible, no tiene explicación. Justamente hicimos todo lo contrario: surge del relevamiento que se puso en conocimiento; en el relevamiento están los decretos judiciales transcriptos donde se pone en conocimiento y donde el juez determina cómo sigue la actuación”, aseguró.
Asimismo, destacó que durante la sesión no se hizo un planteo de este tenor. “Puede criticar nuestra actitud si no le parece bien, pero de ahí a hacer esa afirmación, cuando en realidad estamos demostrando todo lo contrario… Además, no hay que poner el foco en si nosotros hicimos las denuncias o no, ¡si las estamos haciendo! Hay que poner el foco en tratar de evitar estas situaciones”, reflexionó el abogado.