“Sería bueno estar informado sobre cuáles son los abusos, yo pregunté en Fiscalía y no hay ninguna denuncia”, dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en rueda de prensa al ser consultado sobre la carta que presentó la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la que denuncia el incremento de abusos policiales en el último año.
“El Ministerio del Interior (MI) no sabe nada, la Fiscalía no sabe nada, ¿y van a mandar una carta a la SCJ? Digo, nosotros tenemos que investigar, lo lógico sería que nosotros estuviéramos informados. Si nos informan, rápidamente le damos la información a la Fiscalía para que dirija la investigación”, apuntó.
Los abogados denunciaron ante la SCJ que registraron un incremento de los abusos policiales en el último año, en el marco de la entrada de vigencia de la ley de urgente consideración, informó el jueves Búsqueda. Entre las situaciones denunciadas se señalan los allanamientos sin orden judicial, maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, y ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos, entre otras.
“Si me dicen dónde, actuamos firmemente. Hay una Ley de Procedimiento Policial. Si hay abuso o agresiones de la Policía se lo denuncia y el fiscal lo procesa, y nosotros lo separamos del cargo. No por eso se nos tiene que decir que toda la Policía es así. Somos 33.000 y unos pocos no pueden ensuciar la tarea de todos”, recalcó Heber al respecto.
El jerarca mencionó como ejemplo la denuncia que presentó la cartera ante la Fiscalía General de la Nación luego de que cinco policías de la Unidad 1 Punta de Rieles agredieran a dos personas privadas de libertad. “Hemos informado a la Fiscalía para que tome inmediatamente cartas en el asunto y separemos a la gente de su cargo porque nos parece una barbaridad. Lo cometieron policías y la misma Policía lleva adelante la denuncia. Hay que decir dónde y quién”.
El jueves pasado, la SCJ informó en un comunicado que resolvió solicitar a la Asociación de Defensores Públicos que “especifique” si relevó “casos concretos que comprometan la responsabilidad de magistrados o funcionarios judiciales, ya sea por acciones u omisiones”, para disponer las acciones disciplinarias correspondientes. Asimismo, se dispuso enviar una copia de la carta a la Fiscalía General de la Nación, al MI, al Ministerio de Salud Pública, al comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.