“Pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos, entendemos que es aberrante sentar el precedente de que 'acá no pasa nada' frente a los crímenes atroces que cometieron. Son viejitos por un lado; pero por otro lado, ellos saben dónde están nuestros familiares y no lo dicen”, señaló Ignacio Errandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en referencia a los represores que se encuentran cumpliendo pena en la Unidad 8 Domingo Arena por crímenes cometidos en la dictadura, a la salida de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
Este martes continuó el tratamiento en la comisión del proyecto de ley presentado por Guido Manini Ríos, Raúl Lozano y Guillermo Domenech, senadores de Cabildo Abierto (CA), y concurrieron integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la asociación de ex presos políticos Crysol. Con un artículo único, la iniciativa busca la prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad en cárceles.
De aprobarse el proyecto de CA, beneficiaría a más de 20 represores participantes del terrorismo de Estado que se encuentran cumpliendo pena en la Unidad 8 Domingo Arena y a personas mayores de 65 años que sean procesadas en el futuro por crímenes ocurridos durante el período. Sólo en lo que va del año, 13 represores ingresaron al centro de reclusión por delitos cometidos durante la dictadura.
“Ellos saben dónde están nuestros familiares”
A Juan Pablo Errandonea lo desaparecieron el 26 de setiembre de 1976 en Buenos Aires; fue detenido en la vía pública cuando se iba a trabajar. Tenía 20 años. Su hermano, Ignacio Errandonea, fue uno de los integrantes de la delegación de Madres y Familiares que concurrió a la comisión.
Errandonea contó que la organización está en contra del proyecto de ley porque “tiene nombre y apellido”. “Esto no incide para nada en la población carcelaria. Los presos que mejor están, y ojalá todos los presos estuvieran en esas condiciones, son los que están en Domingo Arena. No hay superpoblación, no hay problemas de hacinamiento y todas las condiciones que tienen son las que deberían tener todos los presos. Sin embargo, este proyecto apunta a liberar a todos los militares”, argumentó.
Expresó que “lo más grave” es “el precedente que sentamos en la sociedad y para el futuro”. Dijo que los represores “hicieron todas las chicanas posibles” para no ir presos. “Están cumpliendo lo que debe cumplir cualquier individuo. Si cometiste un delito debes responder ante la justicia. Es absurdo e inmoral que se les dé prisión domiciliaria”, planteó.
A Rafael Lezama González lo desaparecieron el 1° de octubre de 1976 en Buenos Aires; salió de su casa y lo detuvieron en la calle cerca de las 16.00. Tenía 23 años. Su mamá, Alba González Souza, fue otra de las integrantes de la delegación por Familiares.
“A la salida, Alba se expresó desde sus sentimientos porque no podía concebir que se esté discutiendo un proyecto de ley de este tipo frente a criminales de este tipo. Hubo un pequeño intercambio en el que el senador Domenech dijo que este Parlamento había votado una ley que había perdonado a determinados asesinos, según sus palabras. Volvió a la teoría de los dos demonios y volvió a revolver y comparar cosas que son incomparables. Nuestros familiares hoy siguen desaparecidos porque los militares, viejos y actuales, los siguen manteniendo desaparecidos. Ellos saben dónde están nuestros familiares y estamos en contra de premiarlos con la prisión domiciliaria”, apuntó Errandonea.
La asociación entregó un fragmento de una entrevista que brindó Guido Manini Ríos, mientras era comandante en jefe del Ejército a Océano FM. “El 25 de diciembre del año 1870, hace ya un siglo y medio, se produjo la Batalla del Sauce. Al terminar la batalla, el jefe del Ejército de Gobierno, que era ministro de Guerra, el general Gregorio Suárez, manda degollar a 400 prisioneros, había 400 prisioneros, de los cuales muchos eran heridos; y los manda degollar a todos. Yo digo ¿hay un hecho más terrible de nuestra historia que ese? No sé, nadie lo cataloga como terrorismo de Estado, pero no cabe duda de que era el ministro de Guerra, con las fuerzas del gobierno matando prisioneros y degolló a 400. A tal punto que varios de los colorados que estaban en esa batalla, como Carlos María Ramírez, se retiran de la batalla y renuncian al Partido Colorado asqueados de lo que vieron, pero el hecho ocurrió”, afirmó Manini.
Continuó recordando que en abril de 1872 “se firma la paz” y “se dio vuelta la página” a “un año y pico después de esa degollatina terrible, que no hubo otra en nuestra historia”. La copia entregada por Familiares de la entrevista a Manini remarca que “José Gregorio Suárez murió tranquilamente en su cama y nadie lo llevó ante un tribunal ni nada. Un siglo y medio después eso parece imposible. Entonces uno dice cuál es la realidad. Pasa que hoy da la impresión que hay intereses, incluso no nacionales, intereses de afuera, para mantener viva esa fractura y que no haya esa posibilidad de dar vuelta la página”.
Reclamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
También concurrieron a la comisión los ex presos políticos Baldemar Tarocco, Gastón Grisoni y José Pedro Olivera en representación de Crysol. Tarocco expresó que en el Código Penal ya existe la prisión domiciliaria porque “[José Nino] Gavazzo falleció en su casa en el Parque Miramar, [Ernesto] Rama está disfrutando de Piriápolis, [Nelson] Bardesio está en su apartamento en la calle Garibaldi y hay 14 más que están en su casa”. También destacó que la organización presentó reclamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el proyecto.
En el escrito que leyeron en la comisión, al que pudo acceder la diaria, se hizo referencia a los represores de Domingo Arena y se manifestó que “no actuaron como simples ciudadanos” porque “eran funcionarios policiales, militares o asimilados” cuando cometieron los delitos. “Los Estados tienen que respetar y garantizar el pleno goce de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Eran funcionarios estatales que tenían la obligación de impedir que los mismos se cometieran. Y los cometieron empleando el poder coercitivo del Estado. Por lo mismo, su condición de delincuentes es de un rango distinto al resto de los condenados por crímenes similares”, se describió.
La asociación enfatizó que los procesados gozaron de “las máximas garantías legales” que ofrece el “sistema democrático, absolutamente garantista”. A su vez, que “cada juicio, cada condena, cada procesamiento” fue el resultado “del esfuerzo, sacrificio, ansia de justicia y compromiso” para “afirmar la institucionalidad democrática” de víctimas que “tuvieron que remover sus dolores, tormentos y estremecimientos para promover las causas judiciales”.
“Más de 25.000 ciudadanos fueron secuestrados, privados de su libertad y torturados, incluyendo abusos sexuales. 7.500 fueron condenados por tribunales militares y recluidos en centros diseñados para el tormento y la destrucción. Hubo más de 200 asesinados y casi 200 ciudadanos detenidos desaparecidos. Miles obligados a emigrar para escapar de la represión y salvar sus vidas”, se recordó.
En el escrito se manifestó que los Estados tienen la obligación de “castigar a los responsables de los crímenes, deben hacer justicia y asumir públicamente su responsabilidad, pedir disculpas a la sociedad y reparar de manera integral a las víctimas”. Señalaron que el proyecto de ley presentado por CA “degrada la calidad de la democracia uruguaya” porque “otorga beneficios no merecidos a los peores criminales de nuestra historia”. “Es un acto de solidaridad activa y militante con los principales esbirros de terrorismo estatal. Es un proyecto humanamente repudiable”, apuntaron. Por estas razones solicitaron a la comisión que “no lo voten” y “lo rechacen”.
“No está dirigida a beneficiar irregularmente a nadie”
El senador de CA, Guillermo Domenech, en diálogo con la diaria, dijo que las dos delegaciones “no han entendido la finalidad del proyecto”. “Está dirigido a aplicarles la prisión domiciliaria a determinadas personas que están con prisión preventiva en la mayoría de los casos, que están sometidas al proyecto. Por lo que hay que presumir su inocencia desde el punto de vista jurídico hasta tanto no recaiga una sentencia de condena”, declaró. Sumó que tienen “la obligación de analizarlo desde el punto estrictamente jurídico” y “la más absoluta tranquilidad que no está dirigida a beneficiar irregularmente a nadie”.
Consultado sobre las declaraciones del diputado de CA Eduardo Lust, que planteó que la iniciativa “está pensada” para los presos de Domingo Arena, Domenech respondió que Lust “no intervino en la redacción del proyecto ni es firmante”. “Él está presumiendo una situación que no le consta”, añadió.
“¿Esto es un circo?”
Enrique Rubio, senador del Frente Amplio, denunció que “en medio de la exposición” de la delegación de Madres y Familiares “una senadora cuestionó al presidente por haber dejado entrar a los medios de comunicación”. Definió que fue “el hecho más bochornoso” que recuerde de “la historia del comportamiento de las comisiones parlamentarias frente a los invitados”. “No es simplemente una cuestión enojosa del trámite de una comisión parlamentaria. Que se le tenga que pedir a una delegación de familiares de desaparecidos que se retire para que la comisión pueda deliberar acerca de si los medios de comunicación pueden tomar la imagen de la presencia de esa delegación en la comisión es absolutamente insólito”, sentenció.
La senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi fue la protagonista del hecho y manifestó a la diaria que “es falso”. “No me importa que fueran familiares o no familiares. Al contrario, lo que pasa es que fueron los mismos medios de prensa que entraron más de una vez a la comisión, que eso no es habitual”, planteó y agregó que el presidente de la comisión “tiene que consultar con el resto de los legisladores, cosa que no hizo”. Bianchi expresó que los comentarios sobre el proyecto los va a hacer “cuando se discuta en la comisión”.
Según la versión taquigráfica, la senadora del PN manifestó: “Disculpe que lo interrumpa, pero ¿la prensa no pide autorización para entrar?”. Charles Carrera, presidente de la comisión, le respondió que se había pedido permiso. Bianchi acotó: “Les pido que consulten, porque ya entraron una vez. ¿Van a entrar todas las veces? Ya entraron los mismos medios. ¿Esto es un circo? No voy a permitir que la Comisión de Constitución y Legislación se convierta en un circo”. Y la discusión continuó.