La Mesa Representativa del PIT-CNT emitió una declaración este lunes en la que manifestó su “repudio” al proyecto de ley de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad. El proyecto, tal como informó la diaria el jueves pasado, beneficiaría a más de 20 represores que violaron derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado y se encuentran recluidos en la Unidad 8 Domingo Arena.
El movimiento sindical expresó que se “opondrá” a la decisión de que quienes cometieron delitos de lesa humanidad “no paguen por sus delitos con prisión efectiva”. “Defenderemos la democracia y un estado de derecho de quienes fueron parte de la dictadura y ejercieron el terrorismo de Estado”, indicó en el comunicado.
La declaración fue propuesta por la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT y fue aprobada por unanimidad, sin “ningún miramiento”, contó a la diaria Fernanda Aguirre, quien está al frente de la secretaría. Según dijo, consideraron junto al equipo jurídico Observatorio Luz Ibarburu (OLI) que era necesario poner a circular los nombres de los eventuales beneficiados -la resolución incluye el listado- y los delitos que cometieron para que el conjunto de los sindicatos del movimiento sindical esté al tanto.
Aguirre sostuvo que la iniciativa que propone el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos es una forma de “amparar y tratar de relativizar la gravedad que tienen quienes cometieron crímenes tan atroces, como violaciones, asesinatos, secuestros de niños y desaparición forzada”. Se propone, además, explicitar que los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad fueron quienes “destruyeron el Estado de derecho en nuestro país y relativizar la gravedad de esos delitos también es hacerle un guiño a períodos dictatoriales”.
La declaración es la primera medida de una serie de acciones que se tomarán para evitar que la iniciativa prospere, acotó. El martes 16, junto con el equipo de OLI, la secretaría comparecerá a la Comisión de Constitución y Códigos del Senado para opinar sobre el proyecto. “Además de condenar a los responsables de gravísimas violaciones de derechos humanos, como movimiento sindical queremos expresar con mucha contundencia nuestra defensa de Estado de derecho y democrático y reforzar el concepto de nunca más terrorismo de Estado, ese que arrasó con tantos compañeros y compañeras queridas que todavía estamos buscando”, afirmó Aguirre