Los legisladores de la coalición de gobierno cerrarán el año este miércoles a la noche con un encuentro en la residencia presidencial de Suárez por invitación del presidente Luis Lacalle Pou. Horas antes, en la sesión de la Asamblea General que se convocó de forma extraordinaria para debatir sobre el veto del mandatario al proyecto de ley de suelos de prioridad forestal, que impulsó Cabildo Abierto (CA) y votó el Frente Amplio (FA), hubo choques discursivos entre los socios de la coalición y el partido liderado por Guido Manini Ríos, también integrante de la coalición gobernante.
Tras unas cuatro horas de debate, 15 senadores votaron afirmativamente para mantener las observaciones del Poder Ejecutivo a la ley forestal y 16 lo hicieron en contra, mientras que en la Cámara de Representantes 44 diputados apoyaron que el veto continúe y 53 que no quede vigente. Ante la exigencia de obtener tres quintos de los miembros presentes de cada cámara para revertir la decisión, el veto presidencial quedó en vigencia, naufragando así el proyecto de regulación forestal de CA.
Alfredo Fratti, diputado por el FA, expuso en la sesión: “Vetar la ley forestal aprobada por este Parlamento es optar entre dos intereses en disputa: por un lado, el interés general de la mayoría de los uruguayos; por el otro lado, el interés particular de un grupo forestal productor de madera, en base a macizos de eucaliptos en tierras que no estaban clasificadas como de prioridad forestal, pero sí están próximas a las tres plantas de celulosa ya instaladas en el país”. Para Fratti, en consecuencia, entre los grupos perjudicados está “el eslabón más débil de la ganadería: los productores ganaderos, criadores del Uruguay profundo y que pertenecen al principal grupo productivo familiar”.
Luego, el diputado Carlos Moreno, del Partido Colorado (PC), apuntó contra el FA: dijo que “salvo que sea una estrategia política y quieran dejar contentos a unos pocos, podemos entender que el partido de oposición haga su juego, claramente en contradicción” con los 15 años de gobierno en los que tuvo mayoría parlamentaria. En referencia a CA, manifestó no entender que “un socio con responsabilidad de gobierno tiente al otro extremo, que finalmente se junten y, sin consenso, sigan adelante”.
Respecto de la clasificación de los suelos, Moreno dijo ver como “muy positivos” los cambios que introduce el Decreto 405/21 que impulsó recientemente el gobierno, en respuesta a la posible aprobación de la ley promovida por CA. “El decreto fue mucho más allá, desde el punto de vista ambiental, que el proyecto de ley que nos convoca”, aseguró. En consonancia, felicitó al ministro de Ambiente, Adrián Peña, y al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, por “la gran labor” en “la responsabilidad del gobierno”. Por estas razones, Moreno afianzó el respaldo del PC al veto de la ley.
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El Partido Independiente (PI), por su parte, está a favor del veto presidencial. Iván Posada, diputado del socio minoritario de la coalición, dijo que el proyecto promovido por CA puso en evidencia que “existe una visión distinta, que no es fruto del acuerdo que firmamos los partidos de la coalición en [el documento] ‘Compromiso por el país’”. “Respetamos el planteo pero no lo compartimos, y creemos que lo que corresponde es el respaldo al veto”, resumió. Por otro lado, dijo que le “llamó la atención” que el FA, luego de sus tres períodos de gobierno, “entienda que ahora desde la oposición era necesario un cambio en la legislación vigente”.
“Empresas extranjeras” con “privilegios”
El senador Guillermo Domenech, de CA, declaró: “La observación del Poder Ejecutivo contra el proyecto deja inerme a una cantidad enorme de productores agropecuarios frente a unas pocas empresas extranjeras, que se han establecido en el país gozando de prebendas que las colocan en situación de privilegio frente a otras producciones que no gozan de la concesión de zonas francas, exoneraciones tributarias, construcción de obras públicas para su exclusivo beneficio, etcétera”.
Aseguró que esas exenciones fiscales tienen un costo de 4.600 millones de dólares que son abonados “por el resto de nuestra sociedad en beneficio de quienes han contratado con el anterior gobierno y el actual, mediante negociaciones que llevaron a cabo con secretismo, sin el aval generalizado del sistema político”.
Posteriormente, habló el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega. Presentó fotos sobre la forestación y un audio del expresidente Tabaré Vázquez en el marco del Día Mundial del Medioambiente en 2004. Vega afirmó que las plantas de celulosa que se están construyendo en Uruguay “no se construyen en ningún lugar del mundo”, y que a la ubicada en el río Negro “le vamos a regalar 125 millones de litros de agua por día”. Reafirmando su visión negativa del veto, se preguntó: “¿Acaso vamos para la cuarta planta de celulosa?”. Sobre las aguas contaminadas por la presencia de las plantas, concluyó: “¿Se creen que con esta tecnología se salva esa situación?”.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por quienes se mostraron a favor de que la ley no se promulgue fue que la discusión del proyecto se hizo en tiempos cortos. “¿Aprobado de forma exprés?”, respondió el diputado cabildante y uno de los impulsores de las reformas a la ley, Rafael Menéndez: “Estuvo ocho meses [en discusión], se escuchó a las delegaciones e incluso” se hicieron modificaciones al proyecto inicial, aseguró.
Por otro lado, Menéndez respondió al otro argumento de los oficialistas que apoyan el veto: el repudio a que CA como miembro de la coalición se alinee con el FA y se aparte de la visión del gobierno. “El lobby forestal ha posicionado este proyecto de ley en el escenario de traición a la coalición, poco menos que un adulterio hacia nuestros socios”, ironizó. Agregó que el contenido de la propuesta “pasó a ser secundario” debido a que “no había que mostrar las desviaciones de 34 años de la [actual] ley forestal”.
A modo de defensa del proyecto, el diputado de CA aseveró que en la actualidad “lo que se está forestando es todo para la producción de celulosa. Hace años que no se planta un pino en Uruguay, y 90% de la producción está en manos extranjeras”.
Nelson Larzábal, representante del FA, indicó que con el veto “se va a permitir plantar eucaliptos para celulosa en los suelos de la cuenca lechera, en los campos naturales de alta producción para la cría de ganado y en los suelos agrícolas de todo el país”. En resumen: “Donde más les convenga a las empresas forestales”, dijo.
“No es por la vía de esta ley”
Desde el Partido Nacional (PN), el senador Sebastián da Silva señaló: “Los blancos somos la encarnadura misma del sector agropecuario”, y “no es este el momento de tener que dar pruebas a nadie” de tal condición. Esto lo afirmó en respuesta a insinuaciones durante la sesión de que el PN ve al sector agropecuario como “un botín electoral”. Para Da Silva, la Asamblea General hoy ratificó “ese camino bien uruguayo de darle certeza, respetar las reglas del juego, fomentar la inversión”, en esta ocasión respecto de la forestación, “pero podría ser de cualquier otra actividad que forma parte de las políticas de Estado”.
El sector forestal “genera ruidos, garrapatas endémicas en los montes, proliferación de jabalíes, un mundo de perros sueltos que después terminan atacando, distorsiones en los caminos, y tenemos la obligación de atenderlo”, dijo el senador nacionalista, pero, “naturalmente, no es por la vía de esta ley” que el gobierno atenderá estos asuntos.