La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados retomó el tratamiento del proyecto para legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido que presentó el diputado colorado Ope Pasquet a comienzos de 2020. En julio del año pasado el diputado nacionalista Álvaro Dastugue solicitó aplazar el tratamiento de la iniciativa hasta que pase la pandemia y esta petición fue rechazada por la comisión, pero en los hechos el tratamiento del proyecto se estancó por varios meses.
En la sesión del 2 de junio la comisión recibió de forma virtual a delegaciones de tres sociedades médicas: el Colegio Médico del Uruguay (CMU), la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU) y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), para conocer sus opiniones sobre el proyecto, que exime de responsabilidad al médico que “actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o la ayuda a darse muerte”.
El CMU fue tajante en su posición contraria a la iniciativa. En su exposición, el presidente de la institución, Blauco Rodríguez, destacó que el Código de Ética Médica –Ley 19.286– prohíbe la eutanasia expresamente en su artículo 46, que establece que “la eutanasia activa entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión”. Asimismo, señaló que esta reglamentación sería violatoria también de la Ley 18.335, que en su artículo 17 establece como derecho del paciente “morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin (eutanasia)”.
Pasquet ya había afirmado que su iniciativa no se podrá aplicar en la medida en que no se modifique el Código de Ética Médica.
Rodríguez consideró que tampoco es “oportuno” dar tratamiento a este proyecto en el marco de la pandemia “por las connotaciones obvias que todos nosotros entendemos y comprendemos que esto tiene”. En contrapartida, resaltó la buena valoración que hace la institución del proyecto sobre cuidados paliativos, que calificó de “un proyecto de ley sumamente positivo”.
“Opiniones contrapuestas”
En la SPU hay “opiniones contrapuestas” respecto de la iniciativa de Pasquet, y el vocal del gremio, Sebastián Lema, puntualizó algunos de los cuestionamientos; entre ellos, el concepto de “psíquicamente apta” incluido en el primer artículo, que para la SPU en este caso no debe sustentarse únicamente “en la capacidad jurídica, sino en un concepto ético clínico, en que se determine si una persona es competente o no de tomar una decisión autónoma, en base a información adecuada y sin coacción”. En ese sentido, Lema señaló que “el rol de la psiquiatría en la valoración de la competencia tiene un valor central”.
Por otro lado, Lema destacó algunas “vaguedades” en el alcance del primer artículo, que refiere a pacientes con “una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables”. Para la SPU, “sufrimiento insoportable” es un término “vago, poco sistematizable y que puede llevar a consideraciones diversas” que lleva a preguntarse si “se puede plantear que un individuo que no padece una enfermedad terminal incurable e irreversible, pero sí un sufrimiento insoportable por otra situación, puede estar comprendido dentro de esta ley”.
Finalmente, Lema coincidió con Rodríguez en la visión favorable al proyecto de cuidados paliativos: “El proceso que se está realizando de establecer una ley en paralelo con cuidados paliativos para garantizar la universalidad y la calidad es la única manera de que la decisión de eutanasia sea libre, informada y sin coacción”, aseguró, y en ese sentido señaló que la opinión de la SPU es que “son leyes que tienen que ir de la mano”.
Interna dividida
En el SMU se mantienen las diferencias internas sobre el proyecto, pese a la extensa discusión que ha llevado adelante el gremio, informó su presidente, Gustavo Grecco. El médico intensivista afirmó que, por tanto, “como colectivo” el SMU “no tiene una posición a favor o en contra”, porque “como a toda la sociedad este tema lo divide”. No obstante, se decidió “realizar acciones responsables, lo más imparciales posibles, técnicamente muy sólidas que aporten insumos para que la sociedad tenga mejores elementos para tomar la decisión respecto de la eutanasia y, en este caso, del proyecto de ley presentado”, agregó.
La delegación del SMU recordó que en mayo de 2020 se realizó una encuesta a la ciudadanía que arrojó como resultado que 82% de los uruguayos está a favor de permitir la eutanasia en el caso de pacientes con enfermedades terminales que les causen gran sufrimiento, y la gran mayoría (68%) está muy seguro de su opinión.
En tanto, entre el 31 de julio y el 1º de agosto el SMU encargó una segunda encuesta, esta vez orientada a médicos de todo el país, socios y no socios del sindicato. De acuerdo con este estudio, 82% de los profesionales médicos están de acuerdo con la eutanasia y 62% considera aceptable la idea de ayudar a morir a un paciente terminal para evitar su sufrimiento.