Los directores de las empresas públicas en representación del Frente Amplio (FA) afirman que su rol de contralor se ha debilitado, en buena parte, según sostienen, porque el oficialismo entrega informes, resoluciones, actas y otros documentos un día, horas o minutos antes de que se traten en el directorio. Los jerarcas frenteamplistas le hacen llegar estas denuncias cada quincena a Ivonne Passada, titular de Coordinación de Gobierno del FA.
En el caso de OSE, Edgardo Ortuño, director por el FA, señaló en diálogo con la diaria que “involucionó” su acceso a la información desde que asumió su puesto en la empresa estatal. Explicó que pasó de tener “acceso general” a la información a no tenerla, por ejemplo, en lo que respecta a los grandes proyectos de inversión, como el Neptuno o para saneamiento en el interior del país.
“Esto se da aun en los casos en los que deberíamos participar en los ámbitos de información y decisión, que no se han cumplido. De participar en el proceso inicial de análisis de [proyecto] Neptuno pasamos a no tener información de la consultoría contratada a CND [Corporación Nacional para el Desarrollo] para definir el financiamiento y la gestión del proyecto; a no ser convocados ni recibir información alguna de la iniciativa privada de saneamiento, violentando la resolución que creaba un equipo técnico para su análisis con presencia de las principales gerencias y un representante de cada director, que no se reunió en todo el año a pesar de haber sido resuelta su integración y competencias en setiembre de 2021”, relató Ortuño.
Para el exsubsecretario de Industria, la “presencia e información” de la oposición en la toma de decisiones es clave “para preservar la institucionalidad democrática, la transparencia y la conveniencia para los fondos públicos en procesos que mueven mucho dinero de todas y de todos, que debe gestionarse con todas las garantías”. En ese marco, dijo que le preocupa “muchísimo” que no se hagan “todos los esfuerzos para garantizarlo y, por el contrario, se prive de información básica a la oposición para realizar sus aportes y la tarea de contralor”.
El director de Ancap en representación del FA, Vicente Iglesias, coincidió en que su rol se ha visto perjudicado. En conversación con la diaria, señaló que “evidentemente” hay mucha información que a él le llega “en el momento en el que hay que tomar la decisión”. “La anticipación para que vos tomes conocimiento de las cosas no se está dando mucho, menos en las cosas importantes”, y mencionó el caso de la asociación con privados para el negocio del pórtland, las cadenas de supergás y las denuncias de los contratos, entre otros temas. “Hubo un montón de cosas que realmente son importantes y la anticipación no existe. Eso me parece que no corresponde, no es forma de gestionar”, cuestionó.
Sin acceso
La directora de UTE por la oposición, Fernanda Cardona, denunció que desde que asumió se le ha hecho “bastante complicado” acceder a tiempo a los informes para poder tratarlos. “Nos ha pasado que entran asuntos al Directorio, por ejemplo, la noche anterior o el mismo día”, señaló, y expuso que cuando pidió informes se le “ha llamado la atención” de que no podía exigirlos.
“De hecho, podría pedir información que me elaboraran a mí, y eso fue negado en el ámbito del Directorio. Sólo me puedo remitir a lo que está pronto, no puedo pedir información nueva, es como que no trabajara para la dirección de la oposición. Eso se ha hecho bastante complicado”, lamentó, en diálogo con la diaria. Asimismo, la frenteamplista afirmó que no tiene un mal relacionamiento con el resto del directorio. Si bien reconoce que tienen un “problema conceptual o de diferencia ideológica” sobre el rol que debe cumplir la empresa estatal, el relacionamiento personal “es bueno”.
Cardona aseguró que es un tema que “se repite en varios organismos públicos” y que “lo que hace es limitar, condicionar la democracia”. “¿Qué podemos hacer con un voto, como en el caso de UTE, que hay uno de la oposición en cinco? Yo no le puedo bloquear la capacidad de decisión al oficialismo. Es simplemente el ejercicio de complicar la gestión de la oposición”, analizó.
Por su parte, Daniel Larrosa, el director de Antel en representación del FA, indicó que sobre la mayoría de los temas “relevantes” se le da cuenta “en el día o mismo en la sesión”. “A veces nos llegan con alguna hora de anticipación y no se pueden estudiar. Los balances, los presupuestos, por ejemplo, este año nos llegaron sobre la fecha y no nos han entregado ningún borrador anterior ni nada, eso es lo que pasa. A veces me he enterado por la prensa de las cosas que van a pasar, por ejemplo, la denuncia contra el Antel Arena”, planteó a la diaria.
Luego, Larrosa informó que “hay todo un problema” con los pedidos de información que hace desde su despacho: “Yo pido información y la información llega tarde, y no necesariamente contestan todo”, dijo, y afirmó que “no están habilitados” los gerentes para hablar con él sobre los temas “directamente”. “Es una cosa que sorprende, porque ellos deberían responder a todo el directorio, pero en algunos temas no pueden dirigirse sin autorización previa hacia mí. Tienen que pedir permiso para hablar conmigo”, denunció.
A modo de ejemplo, Larrosa señaló que no se enteró previamente del decreto que el Poder Ejecutivo emitió para habilitar a cableoperadores a prestar servicios de internet, como tampoco el vicepresidente, el colorado Robert Bouvier. El presidente de la estatal es el también colorado Gabriel Gurméndez.
Ortuño indicó que está “convencido” de que, de proseguir esta situación, se debe recurrir a algún organismo independiente a nivel nacional o internacional para que se amparen sus “derechos como integrantes de los directorios, ya que a nivel parlamentario no prosperó la aprobación de un proyecto de ley presentado por el FA en ese sentido”.
Un par de excepciones
A diferencia de los casos anteriores, en el Correo Uruguayo hay conformidad con el funcionamiento por parte del director en representación de la oposición, Jorge Pozzi, quien aseguró a la diaria que todo “lo que hay” en cuanto a información lo recibe, y lo que pide, lo tiene. En ese sentido, destacó la “excelente relación” con los dos representantes de la coalición, Rafael Navarrine (Cabildo Abierto, CA) y Julio César Silveira (Partido Nacional): “Estamos trabajando en conjunto para sacar esto adelante. Conozco lo que dicen mis compañeros, pero acá es exactamente al revés”, señaló.
Para Pozzi, el Correo “es un poco diferente a otros lugares”, en referencia a otras compañías estatales “que ganan mucho dinero y vuelcan al Estado”. “Hay proyectos, otro tipo de dificultades. Acá en el Correo estamos recibiendo mucho dinero para poder subsistir y que el Correo siga funcionando”, sostuvo.
Por su parte, Roberto Chiazzaro, de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), fue en la misma línea que Pozzi e indicó que sí tiene acceso a la información. “Tenemos un buen relacionamiento, de mucho respeto de ambas partes”. El frenteamplista comparte Directorio con la presidenta Silvana Romero, de CA, y el vicepresidente, José Hualde, de origen nacionalista.
“Hay indicios de poca transparencia”
Para Vicente Iglesias, director de Ancap por el FA, hay indicios de “poca transparencia” en el método de ajuste mensual de los combustibles que toma como referencia el precio de paridad de importación (PPI). En diálogo con la diaria, mencionó que “el PPI de transparencia no tiene nada” y criticó el último ajuste de las naftas, que implicó una baja de unos tres pesos.
Señaló que “hay una asimetría bestial” entre el precio que decidió el gobierno con lo que estaba recomendado. En ese marco, planteó que había margen para reducir los precios a los valores de enero, ya que el petróleo se encuentra en ese nivel. Ese paso implicaría, según dijo, una rebaja de 7,4 pesos en las naftas y de 12 pesos en el gasoil.
El informe de PPI de la Ursea, que se conoció el miércoles, mostró para el período entre el 26 de agosto y el 25 de setiembre una variación a la baja de 3,3% en la nafta Súper, de 3,15% en la nafta Premium y de 1,08% en el gasoil.
Finalmente, el gobierno determinó que el precio de la nafta bajara 3 pesos, es decir, que pasara a 74,88 pesos por litro. A su vez, apuntaron a que quede sin cambios el precio del gasoil, a 64,99 pesos. La medida empezó a regir a partir del sábado pasado.
Chiazzaro, representante del FA en la Ursea, señaló que el PPI “ha fracasado” y consideró que “el hecho de emplear el PPI no va a bajar los combustibles”. Señaló que los combustibles van a bajar en función de los precios internacionales: “Hay distintas concepciones, por ejemplo, desde el gobierno hay muchos sectores que entienden que Ancap debe ser desmonopolizado y yo que creo que están equivocados, porque no sólo es un empresa comercial sino que es la mayor empresa del Estado que cumple un importante rol social”, concluyó.