Setiembre fue un mes rojo para el gobierno de Luis Lacalle Pou: así lo dice el último monitoreo de conversación pública de la consultora Doble Ele, que a partir del estudio con herramientas informáticas, inteligencia artificial y análisis humano sobre lo que se está hablando en redes sociales, medios de comunicación y otras plataformas de internet, concluyó que el caso de Alejandro Astesiano, el exjefe de seguridad presidencial, provocó el pico más alto de conversación pública negativa sobre Lacalle Pou en lo que va de su gobierno.
Según la Usina de Percepción Ciudadana, 65% de la población cree que Astesiano tenía cómplices en el gobierno. Para 60%, Lacalle Pou conocía los antecedentes penales del exjefe de su custodia; 77% entiende que este episodio afecta negativamente la imagen del gobierno, y 70% de las personas encuestadas concuerdan en que el caso Astesiano daña la imagen del presidente.
Si bien el pico de conversación negativa se produjo cuando se conoció el caso de Astesiano, vinculado a delitos de falsificación de documentos, con múltiples anotaciones y antecedentes penales, no fue el único asunto que concentró menciones negativas en torno a la gestión del gobierno en el mes pasado: la situación de la tabacalera Montepaz y el pedido al que accedió el gobierno de flexibilizar la política antitabaco también generó un sensible impacto negativo en la conversación pública.
Setiembre fue un mes crítico también para otros protagonistas de la coalición de gobierno: la candidatura del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para dirigir la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tuvo como resultado un fracaso rotundo y generó malestar entre los socios cabildantes, quienes apuntaron a la responsabilidad del Poder Ejecutivo por el decreto que flexibilizó la producción y comercialización de cigarrillos algunas semanas antes.
Además, setiembre llegó con el telón de fondo del caso del narcotraficante Sebastián Marset, que derivó en una interpelación a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y en la destitución del subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil.
Ya a fines de agosto, según un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana, la amplia mayoría de las personas encuestadas (89%) había escuchado hablar del caso de Marset, y una amplia mayoría consideraba que la entrega del pasaporte fue responsabilidad del gobierno, 69%, mientras que 20% opinaba lo contrario y sólo 11% desconocía el caso.
Sanguinetti: Lacalle Pou “no tiene el derecho a asumir los riesgos personales que podemos tener cualquier ciudadano”
¿Cómo evalúan los socios de gobierno las polémicas de las últimas semanas? ¿A quién responsabilizan? ¿Qué repercusiones consideran que pueden tener en la coalición? En la última edición del Correo de los Viernes, el secretario general del Partido Colorado y expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, vertió sus reflexiones sobre el caso de Astesiano, en una columna con tono conciliador pero a la vez crítico hacia el manejo del asunto por parte del presidente, Luis Lacalle Pou.
En la publicación, el exmandatario sostuvo que en “los últimos días el país ha sido sacudido por el impacto informativo del procesamiento” del excustodio, un hecho que calificó de “sorpresivo y particularmente mortificante para el Presidente”. Aunque hizo hincapié en “la salud institucional de nuestra República” y “la comprobación incuestionable de la transparencia”, que a su entender se deduce de este caso, la columna está atravesada por críticas a la imprudencia del mandatario, que mantuvo cerca a Astesiano pese a los “rumores que le llevaron a pedir dos veces sus antecedentes al Ministerio del Interior”.
“A la luz de los acontecimientos está claro que fue un error mantenerlo en esa cercanía. El Presidente hizo fe y esa confianza fue defraudada. Sobró buena fe pero faltó prudencia”, analizó el dirigente colorado, que si bien remarcó que “un error es un error y no otra cosa”, apuntó “que es algo imprescindible” que la custodia presidencial “funcione con eficacia”. “Felizmente en Uruguay los expresidentes podemos caminar por la calle tranquilos. Hay vigilancia en nuestras casas, como es natural, porque muy malo para el clima de seguridad sería advertir que se registraran en ese ámbito agresiones o invasiones. El Presidente en ejercicio, sin embargo, está en otra posición. No tiene el derecho a asumir los riesgos personales que podemos tener cualquier ciudadano”, aseveró el exmandatario.
Siguiendo esa línea, Sanguinetti señaló que “él [en referencia al presidente] es la máxima jerarquía del país. Posee un enorme valor simbólico y no puede estar expuesto a la agresión violenta o aun al manoseo irritante de algún iracundo que procure ridiculizarlo. Entendemos el sentimiento de nuestro Presidente. Lo viví en su momento y si hoy disfruto de una libertad que no tenía entonces, con más razón reitero la obligación de la prudencia”, sentenció.
Domenech: “La reacción del presidente fue errática”
Guillermo Domenech, senador y presidente de Cabildo Abierto, dijo a la diaria que “estas cosas nunca afectan positivamente”, y es algo “que golpea al gobierno”, más que nada porque, a su entender, “la reacción del presidente fue errática”, porque “lo shockeó tanto que de alguna forma lo desorientó”.
No obstante, más allá del golpe que supone a nivel de imagen pública para el Poder Ejecutivo, el senador cabildante entendió que esto no perjudica a la coalición en general porque se trata de “un error que se cometió en la órbita de Presidencia” y que “la gente sabe bien” que se trata de “partidos distintos”.
“A esta altura está claro que Cabildo Abierto está apuntalando una gestión de gobierno a la que se comprometió, y que además es un partido que actúa con responsabilidad y apuntala el funcionamiento normal de las instituciones. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en ese hecho, tenemos la absoluta tranquilidad de que la gente lo tiene claro”, añadió, y sostuvo que afecta sobre todo “al Partido Nacional y al presidente”.
Consultado sobre si es el hecho que más ha golpeado a un gobierno muy atento a lo comunicacional, Domenech dijo que sí, ya que se trata de “la primera vez que se comete un error grave desde Presidencia”.
En tanto, el diputado del Partido Independiente (PI), Iván Posada, dijo a la diaria que el caso Astesiano “es algo que no debió suceder” y que “se pecó de exceso de confianza”, en una decisión que para el legislador “no sólo atañe al propio presidente de la República, sino a quienes, de alguna manera, deben asesorarlo en todo lo que refiere a los aspectos de la seguridad personal”.
“Cuando una cosa sale mal, obviamente afecta al gobierno, ese es un dato de la realidad” y “esto salió mal”, indicó Posada, que además señaló otro aspecto que “preocupa” y es que “el presidente de la República no haya tenido una alerta a su debido tiempo”.
Consultado sobre si la alerta no se produjo cuando se le informó sobre las más de 20 anotaciones que tenía Astesiano, repitió: “Era una situación que, notoriamente, debió haber sido evitada. Había elementos e información que notoriamente debió haber sido tomada en cuenta a la hora de la decisión”, y entendió que “no sólo a nivel de la Torre Ejecutiva [se actuó mal]. Los niveles de seguridad corresponden al Ministerio del Interior y a la propia dirección de Inteligencia”.
“Pasa en las mejores familias”
Sergio Botana, senador del Partido Nacional, tiene una visión muy distinta a la de sus socios. En diálogo con la diaria, sostuvo que el caso de Astesiano implica “poco problema” para el gobierno nacional. Por el contrario, considera que “es la comprobación de que Uruguay tiene una república que funciona como ninguna en el mundo”, porque “no existe otro país donde la Justicia y el Ministerio del Interior puedan ir a la propia residencia presidencial a nada más ni nada menos que detener al jefe de la guardia. Eso sólo pasa en el Uruguay y nos debe enorgullecer”.
A su entender, “una persona que traiciona la confianza no debe ser noticia”, y el balance es positivo “sobre el funcionamiento de las instituciones; en lo demás, es un caso de delincuencia común”. Consultado sobre si el gobierno nacional no tiene que hacer un mea culpa por este caso, dijo que “pasa en las mejores familias”. “El presidente está para cuidar el país, no para cuidarse él. Lo importante es que nos cuide a los uruguayos y que haga las cosas que tiene que hacer, no que ande preocupado por su propia seguridad, como vimos a algún presidente en el pasado”, remarcó.
La salida de Salinas y la “falta de apoyo” a su candidatura a la OPS
Quizá Cabildo Abierto sea, de los socios de la coalición, el que más se ha preocupado por cultivar un perfil propio y tomar distancia de las decisiones de Presidencia. Sin embargo, el acuerdo para dar gobernabilidad sigue y la coalición se mantiene, así como se mantienen los dos ministerios bajo la órbita cabildante: el de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a cargo de Irene Moreira, y el de Salud Pública, a cargo de Daniel Salinas, quien pronto presentará su renuncia.
Domenech se refirió al anuncio de la salida de Salinas del MSP y dijo que si bien no se ha comunicado con el ministro y no conoce “de primera mano los motivos de su renuncia”, sí sabe “que realmente estaba muy cansado de la labor”.
Si bien es verdad que estar al frente de una cartera dedicada a la salud pública durante una emergencia sanitaria es desgastante, la magra votación en la OPS “debe aportar desde el punto de vista anímico a tomar esta decisión”, entendió Domenech, y sostuvo además que “no hubo apoyo político a la candidatura de Salinas” por parte del gobierno y la coalición, que tendría que “haber puesto más entusiasmo”; esto se suma a la flexibilización de la política antitabaco, algo que “no ayudó” porque “hubo reacciones adversas” al respecto. “No sé si eran infundadas pero eran adversas, y eso afectó”, sentenció.
De todas formas, Salinas se va del ministerio siendo el ministro mejor evaluado del gabinete de Lacalle Pou, y con su nombre resonando como el posible acompañante de Guido Manini Ríos en la fórmula cabildante de cara a 2024. Domenech –que fue el compañero de Manini en 2019– indicó que esto “no afecta” el futuro político de Salinas porque “la gente tiene muy claro quién es, cómo actúa, qué valores tiene”, y entendió que “si lo desea, sin duda lo veo proyectándose en la política”.
Respecto de este tema, Posada entendió que se trató de “una definición de orden personal en lo que tiene que ver con el hecho de poner un punto a su gestión en el ministerio” y, en relación al peso que podría haber tenido la fallida candidatura para presidir la OPS, sostuvo que si se cree “que los cargos a nivel internacional dependen de valoraciones exclusivamente de orden de la capacidad e idoneidad de las personas, estamos absolutamente equivocados”.
“La definición de los cargos internacionales va en función de acuerdos y relacionamientos que, en definitiva, se gestan a nivel de otros organismos internacionales. Seguramente la posibilidad de Salinas en ese plano dependía mucho del relacionamiento de nuestro gobierno con otros países”, matizó. De todas formas, sobre las evaluaciones de CA en cuanto a la incidencia del decreto que flexibilizó la política antitabaco, Posadas dijo que “fue inoportuno; eso es absolutamente cierto”.
Para Botana, si la salida de Salinas es una pérdida o no para el gobierno dependerá de quién lo suceda en el cargo. Hizo un balance positivo sobre su gestión en la pandemia, pero dijo que, en su opinión, “no estuvo bien en el caso de Casa de Galicia”. “No me gustó la solución a la Olesker; siguió la misma receta que había inventado [el actual senador frenteamplista y exministro de Salud Pública] Daniel Olesker cuando le tocó liquidar otras mutualistas”, afirmó.
Por otro lado, rechazó los señalamientos de parte de CA en cuanto a la influencia que tuvo el decreto del gobierno sobre las cajas de cigarrillos en el mal desempeño de Salinas en la OPS: “No hubo una flexibilización de la política antitabaco” y “hay gente que se cree el ombligo del mundo”, manifestó. “Yo me opongo al contrabando de cigarrillos, y el contrabando se combate con inteligencia. Nunca vi matar al contrabando matando la industria nacional”, sentenció el legislador.