En octubre del año pasado, la Unión Europea (UE) realizó una advertencia a Uruguay por considerar que tiene un régimen de impuestos “pernicioso” y el país se comprometió a realizar cambios legislativos, para salir de la denominada “lista gris”. El proceso se completó el martes cuando la Cámara de Diputados dio aprobación definitiva a un proyecto de ley del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que establece cambios en la forma de tributación de los grupos multinacionales en busca de contemplar los requisitos de la UE.
A fines de julio, la diaria había informado que el MEF puso en consulta un texto con cambios en el impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE) “a efectos de dar cumplimiento al compromiso asumido con la UE”. En octubre esa iniciativa fue enviada al Parlamento, el Senado la votó el martes y ayer se trató como tema urgente en la sesión de la Cámara de Diputados.
Por el Partido Nacional (PN), Gonzalo Mujica dijo que “a Uruguay se le observaron” regímenes específicos de tributación, como las leyes especiales para “las zonas francas, el software, la biotecnología y los centros de servicios compartidos” -actividades que tienen distintos tipos de exoneraciones-, en los que “el país debía afinar su legislación fiscal para no entrar en contradicción con las normas de la UE”.
El compromiso fue incorporar los cambios legales “antes del 1º de enero de 2023, y por eso hay urgencia” en votar la iniciativa remitida por el MEF, indicó el diputado. A su vez, detalló que los cambios apuntan al tratamiento de las rentas pasivas -como las obtenidas por arrendamiento, cobro de intereses o propiedad intelectual- en el exterior de grupos multinacionales que tienen su sede fiscal en Uruguay. Se procura “que el país los trate fiscalmente igual que el resto del mundo, para que las multinacionales no tengan un beneficio fiscal por asentarse en Uruguay”, señaló.
Mujica dijo que el camino que negoció Uruguay con la UE fue incorporar “una serie de requisitos” para que este tipo de empresas accedan a las exoneraciones que surgen de las leyes especiales, exigiéndoles “sustancia, que no sean una empresa de papel sin actividad real” que se instala en el país sólo para obtener beneficios en sus impuestos.
“Este proyecto salva las dificultades [que advirtió la UE] manteniendo el principio de territorialidad que tiene Uruguay desde hace muchos años”, que implica que se pagan impuestos por los hechos que ocurren dentro del territorio, a diferencia de la renta mundial, criterio que aplican la mayoría de los países y permite gravar actividades hechas en otras jurisdicciones por empresas locales.
“Una mímica”
Si bien el Frente Amplio (FA) votó el proyecto tanto en el Senado como en la cámara baja, la diputada Bettiana Díaz planteó en nombre de la oposición su descontento con “la forma” de tratamiento. “Se discute nada más ni nada menos que una adecuación tributaria y hoy no vinieron las autoridades del MEF, sino que vino una asesoría técnica que no forma parte de la toma de decisiones políticas. El MEF se tomó un año para enviar este proyecto, desde octubre [de 2021, que la UE hizo la advertencia]”, cuestionó.
Díaz dijo que los asesores del MEF no supieron responder a los legisladores “a cuántas empresas puede afectar” el cambio legal, y “no saben si le reportará a Uruguay un aumento recaudatorio”. Sostuvo que esta información es “la básica” a tener en cuenta para realizar “un cambio tributario”, pero “el MEF no la tiene”. Ante esto, “hoy tuvimos que votar como una mímica”, subrayó.
“Entendemos que el tema requería el acuerdo de todos los partidos políticos y lo acompañamos por lealtad institucional. Pero estas no son las formas de discutir cambios tributarios”, concluyó Díaz.
Posteriormente, el diputado del PN, Rodrigo Goñi, dijo que tenía “dudas” sobre algunos “términos y conceptualizaciones” incluidas en el proyecto. En esa línea, indicó que para ser coherente con la postura que ha tenido en otros temas legislativos, quería dejar constancia del “reclamo” para que “en la medida de lo posible se nos permita leer con la debida antelación” el contenido de los proyectos a votar en sala.
En tanto, Álvaro Viviano, del PN, dijo que al FA “le asiste razón” en la “crítica” sobre el tratamiento exprés, por lo que “dadas las circunstancias corresponde agradecer [a la oposición] la disposición para tratar” en la sesión de ayer el proyecto del MEF.