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Pedro Castillo, el 5 de octubre de 2022, en la Asamblea General de la OEA, en Lima.

Foto: Ernesto Benavides, AFP

La cancillería condenó el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso de Perú, que terminó con su destitución

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Legisladores uruguayos expresaron su preocupación por la situación institucional del país andino, que desde este miércoles tiene a Dina Boluarte como presidenta.

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El intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, hasta el miércoles presidente constitucional de Perú, motivó que parlamentarios y la cancillería uruguaya rechazaran el accionar del mandatario izquierdista. Castillo decidió disolver el Congreso Nacional horas antes de que se discutiera una tercera moción de vacancia en su contra, pero pocas horas más tarde fue destituido por el mismo Congreso.

“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, orientado a establecer el Estado de derecho y democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, apuntó en un video grabado que fue divulgado por la televisión nacional. En ese marco, dijo que iba a llamar a elecciones para un nuevo Congreso, pero tras la detención de las fuerzas policiales a Castillo, el planteo quedó en veremos.

Desde Uruguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó, a través de un comunicado, que “condena enérgicamente cualquier intento de quebrantar el orden constitucional vigente del hermano país” y llamó a “respetar las instituciones democráticas”. “Uruguay confía en un pronto y normal funcionamiento de las instituciones republicanas de gobierno, augurando que la juramentación de la Sra. presidenta, Dina Boluarte, por parte del Congreso del Perú en la tarde de hoy conduzca a garantizar la estabilidad política y la preservación del Estado de Derecho”, manifestó la cancillería.

En tanto, desde el Parlamento surgieron mensajes en la misma línea. En una declaración impulsada por la coalición, los legisladores indicaron que el “solo intento de avasallamiento del Poder Legislativo de un Estado democrático” les impuso la “obligación” de expresarse al respecto, “condenando de forma enérgica esta circunstancia y reclamando la plena vigencia de la institucionalidad democrática”. En ese sentido, exigió al gobierno de Perú la “plena vigencia de los derechos, deberes y garantías inherentes a la personalidad humana o que derivan de la forma republicana de gobierno”.

Juan Martín Rodríguez, diputado por el Partido Nacional que propuso elevar la declaración, señaló que ven con “intranquilidad” el intento de golpe de Estado en Perú, porque “para quienes somos demócratas esa nunca es una opción viable”. Según manifestó el nacionalista, la democracia se respeta “íntegramente”, pues “cuando la ciudadanía en definitiva elige a sus representantes, elige a los representantes del pueblo”: “Que un presidente de la República intente disolver el Parlamento no puede convocarnos más que a otra cosa que condenar de la forma mas enérgica esa situación y exigiendo desde nuestro lugar la plena vigencia del Estado de derecho y eventualmente el restablecimiento de las garantías constitucionales para los parlamentarios”.

En tanto, el diputado blanco Rodrigo Goñi señaló que la democracia “nunca está lo suficientemente conquistada”, por lo tanto, “hay que estarla cuidando en todos los sentidos”. “Esa es la interpelación que siempre debemos hacernos aquellos que tenemos responsabilidades institucionales. Siempre hay un llamado a cuidar las instituciones”, añadió a la diaria.

Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Caggiani, también integrante de la comisión de Asuntos Internacionales de la cámara alta, indicó a la diaria que sigue con “mucha atención” la situación que se vive en Perú, e hizo foco en la calidad institucional de ese país. Asimismo, introdujo un matiz, al señalar que el Parlamento peruano está “enfrentado” con el Ejecutivo, por tanto, una de las medidas proteccionales que tiene el Ejecutivo “si no se ponen de acuerdo es llamar a elecciones anticipadas”.

“Sin dudas que eso genera inestabilidad política, no contribuye a la buena administración de los disensos en Perú. Es un país que tiene un grado de precariedad institucional fuerte, y sobre todo de mucha dispersión de los partidos políticos y de la sociedad. Vamos a ver cómo sigue, hay organismos internacionales que han tomado cartas en el asunto”, deslizó.

Si bien dijo que su fuerza política trata de no inmiscuirse en los asuntos internos de cada país, Caggiani sostuvo que velan por que haya estabilidad política y que los gobiernos que son electos por la ciudadanía “puedan cumplir su mandato en la medida de lo posible, y que constitucionalmente puedan llevar adelante sus responsabilidades como corresponde”.

Mahía: América Latina “está lejos aún” de tener una “estabilidad democrática como debería ser”

El senador frenteamplista José Carlos Mahía consideró “muy preocupante” lo ocurrido en Perú y lamentó que venga de “largo aliento” la inestabilidad que, según dijo, es el “rasgo fundamental que demarca la situación institucional” de ese país. En diálogo con la diaria, Mahía expresó que en Perú “una y otra vez caen los congresistas, presidentes o ministros”, lo cual genera inquietud. Es así que Uruguay tiene que mirar con “preocupación este tipo de acontecimientos” para valorar “la fortaleza de nuestra democracia”, analizó. “Los partidos políticos en Uruguay son una parte importante del buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Mientras que en Perú los partidos y liderazgos se evaporan y surgen otros, en Uruguay tenemos una estabilidad democrática”.

El intento de golpe, según Mahía, genera un factor de inestabilidad en la región, en especial, en los países andinos. “Hoy en día, debería mirarse como se ha visto en los últimos años; cada vez que se da una situación compleja en lo institucional hay reacciones, cuando antes pasaban casi que inadvertidas”, apuntó, y recordó las tres últimas en la región: por un lado, el golpe contra Evo Morales, expresidente de Bolivia, que tuvo que asilarse en México; por otro, el proceso de impeachment contra la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, “en el que también hubo elementos de corrupción gravísimos y se generó un golpe fuerte al sistema democrático brasileño”; y, por último, el episodio que vivió el expresidente paraguayo Fernando Lugo, cuando en 2012 la Cámara de Diputados de ese país le inició un juicio político y este se negó a renunciar alegando que tuvo sólo dos horas para presentar su defensa. Eso valió para que Paraguay fuera suspendido del Mercosur y la Unasur.

En síntesis, para Mahía, América Latina “está lejos aún” de tener como región en su conjunto una “estabilidad democrática como debería ser, como la que Uruguay tiene y debe cuidar”.

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