“El Mides [Ministerio de Desarrollo Social] pasó a ser la comisaría”, dijo a la diaria Esteban Corrales, integrante de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS). Corrales se refiere a los documentos que la cartera entregó a Fiscalía para que se inicie una investigación sobre la gestión de la coordinadora a nivel judicial, luego de hacerla a nivel interno y también de excluir a la organización como encargada de la entrega de alimentos a ollas y merenderos en Montevideo. Es “una organización con fines políticos” y con falta de transparencia, había manifestado el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.
En ese marco es que este lunes, a las 19.00 en la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, la coordinadora realizará una conferencia de prensa para denunciar que han venido recibiendo “hostigamiento mediático” y profundizar en el estado de situación jurídico que se encuentra la organización luego de que ingresara la denuncia a Fiscalía.
Sobre este último punto expondrá el equipo de abogados de la Coordinadora: Juan Ceretta y Juan Williman. En diálogo con la diaria, Williman adelantó las razones principales por las que la denuncia difícilmente pueda llegar a tener andamiento.
En primer lugar, destacó que hasta el momento ninguno de los integrantes de la coordinadora ha sido citado y, por tanto, los abogados tampoco han visto la carpeta investigativa, porque tiene que haber una persona citada en calidad de imputado. Sin embargo, hasta el momento lo único que hay es la denuncia. En relación a ello, Williman señaló que la existencia de una denuncia “no significa que vaya a pasar algo, porque no es que necesariamente se vaya a formalizar”, sino que “depende eventualmente de lo que la Fiscalía pueda indagar y determinar”. A propósito, aseguró que “no es tan simple determinar que efectivamente estamos frente a un tipo de responsabilidad penal”.
Para el abogado, determinar la responsabilidad penal es complejo por varias razones: por un lado, por lo que respecta a la “política criminal”. En ese sentido, señaló que “hay un tema hasta de principio de oportunidad, donde se aplica la política criminal, que vos ves irregularidades de una muy baja lesividad que no justifica todo el movimiento del aparato estatal de persecución penal”. En conclusión, según Williman, “habría que ver dónde se produjo la agresión”, pero “parece algo realmente menor como para que la Fiscalía efectivamente tome cartas en el asunto y haga todo un desgaste”.
En segundo lugar, explicó que en Uruguay para que haya una responsabilidad penal tiene que ser individual. En este caso, por ejemplo, “para denunciar apropiación indebida, tiene que haber una persona que recibió un inmueble y le dio un destino distinto al que le tenía que dar”. Sin embargo, en este caso la denuncia recae en la organización, que es “un cúmulo de voluntades” y que no tienen representantes ni tampoco personería jurídica. “Ni siquiera tiene las competencias, la capacidad y la estructura para controlar lo que se le pide que controle”, esgrimió. Para el abogado el último punto en cuestión es “si definitivamente les era exigible a estas personas un control mayor al que hacían, o en realidad esa responsabilidad no les cabía”.
La visión de la Coordinadora
Además de los argumentos de los abogados, integrantes de la Coordinadora manifestarán su visión sobre “cómo se han manejado las autoridades con todo lo que tiene que ver con las ollas en general y la Coordinadora en particular”, explicó Corrales.
Según el integrante, principalmente se trata de “un hostigamiento permanente” que tiene “una parte mediática” en la que se “exageran situaciones” o “directamente mienten”. Por otro lado, está lo que ocurre en el territorio: Corrales aseguró que los funcionarios del Mides que llevan a cabo las tareas de control de las ollas y merenderos dejaron de ser cargos técnicos y pasaron a ser cargos políticos. Sumado a ello, subrayó que “se han dedicado a hacer la tarea de manera invasiva y violenta, con una especie de espíritu policial de control que no corresponde y se trata de una situación de acoso ante las ollas”.
Dentro de las puntualizaciones que harán está la que respecta a la argumentación del Mides en la denuncia ante Fiscalía. Según Corrales, “una parte importante de lo que pretenden que sean acusaciones son argumentos de cómo la coordinadora funciona o la postura de tipo político que ha tomado, cuando lo que las ollas organizadas opinen sobre la realidad que viven es legítimo y no corresponde que eso sea objeto de persecución”. Asimismo, aseguró que las “situaciones particulares que puedan haber ocurrido en tal y cual lugar sobre el manejo de los insumos no es responsabilidad de todas las ollas”.