Quienes lo presenciaron lo repiten como un mantra: el pueblo cambió, ya no es el mismo. Más de la mitad de lo que se observa a la izquierda y la derecha de la ruta 5, que atraviesa Centenario en Durazno, no existía tres años atrás. No había complejos habitacionales, ni hoteles, ni un puente de carga pesada a punto de estrenarse sobre el Río Negro. Tampoco un centro cultural, ni un supermercado de la cadena El Dorado en Paso de los Toros, ni una sucursal del Banco Santander. No se llenaban las calles de personas vestidas con trajes de construcción, a las cuatro o a las cinco de la tarde, cuando salen de trabajar, porque en donde hoy se erige la segunda planta de UPM, reinaba el silencio del campo.
Ahora un hombre fuma en la escalera que da entrada a la terminal de ómnibus de Paso de los Toros, también nueva, inaugurada en setiembre, mientras adentro sus compañeros toman cerveza y miran el partido entre Francia y Marruecos. El resultado parece no importarle demasiado, aunque sí que el fin de semana gane Argentina, país al que emigró tras dejar Venezuela, en el que reencontrará a su familia luego de finalizada la obra. Dice que vino en 2019, que la empresa que lo contrató le paga el alojamiento y que a pesar de tanto cambio, está tranquilo. Al igual que él hay miles, de diferentes partes del mundo, que se irán un poco antes o un poco después de marzo de 2023.
Cerca del final de la construcción del proyecto de mayor inversión en la historia del país –2.700 millones de dólares en la planta y 350 millones en obras para la comunidad, logística e infraestructura–, una pregunta crece y adquiere fuerza entre vecinos y obreros: qué pasará después de que termine. De acuerdo a un informe de la Usina de Percepción Ciudadana, esta es una de las mayores preocupaciones de los habitantes de la zona, que incluso enfrentándose a elevadas subas en los precios de los alquileres –algunos rondan entre 5.000 y 7.000 dólares al mes– por la presencia de extranjeros, han valorado como positiva la instalación de la productora de celulosa. La inquietud es compartida por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Sunca), que desde hace meses reclama al Ministerio de Trabajo y Obras Públicas la toma de medidas para “atemperar” el descenso del trabajo.
Intereses
El equipo de Comunicación de UPM, liderado por Matías Martínez, recibió a la diaria en las instalaciones de la planta y conversó sobre las búsquedas y perspectivas de la empresa. Respecto a aquello que inquieta a tantos, Martínez expresó: “Lo que menos queremos es generar expectativas falsas”. Por esa razón, han sido claros “desde el principio”, apostando a cultivar un vínculo con las organizaciones del territorio, que brinde herramientas para promover el desarrollo una vez que la obra haya sido terminada y el empleo haya disminuido.
María José Cuevas, responsable del área de Relaciones con la Comunidad de la empresa, dedicada a los impactos de la construcción en la sociedad, explicó que su equipo trabajó en la prevención del consumo problemático de alcohol y drogas, accidentes de seguridad vial, y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Estas tres líneas surgieron de un estudio de impacto social y ambiental, exigido por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), y fueron abordadas en talleres o videos junto a organizaciones especializadas en cada tema. En la actualidad Cuevas gestiona un grupo de “referentes” de Paso de los Toros y Centenario, integrado por profesores, comerciantes y personas vinculadas a la ingeniería agronómica, la medicina y el deporte. Según contó, se reúnen cada dos meses para tratar sus preocupaciones e intereses en relación a la pastera.
Además, la empresa apuesta a impulsar proyectos que “generan cambios positivos en el interior del país”, según lo presentado en el sitio web de Fundación UPM, la organización a través de la cual los implementan. Bajo esa búsqueda hay tres objetivos: “mejorar el acceso a la educación”, “estimular el espíritu emprendedor” y “potenciar el trabajo en red”. Los proyectos abarcan desde el aporte de un micro para el traslado de docentes de la UTU de Arévalo, en Cerro Largo, hasta la implementación del posgrado de formación docente en Currículum y Evaluación, de la Universidad Católica del Uruguay.
“No hacemos estas cosas porque seamos buenos, o porque nos guste hacer articulaciones con organizaciones sociales, lo hacemos porque tenemos intereses en que nuestra actividad funcione de acá a 50 años”, dijo Martínez. Para eso necesitan “tener comunidades fuertes”, con oportunidades que les brinden a los habitantes de la zona razones para vivir en donde lo hacen.
Impacto ambiental
Otro de los puntos destacados por el gerente de Comunicación fue el cuidado del medio ambiente. En 2018 la empresa finlandesa presentó un documento en el que identificó impactos ambientales de la instalación en Durazno, de “significancia baja”, “significancia media” y “significancia alta”. Dentro de los impactos de menor grado, mencionó el “agotamiento de recursos naturales no renovables” y el deterioro de ecosistemas naturales, y en los de carácter medio, ubicó aspectos como la “disminución de la disponibilidad del recurso hídrico” y las “molestias en áreas turísticas y recreativas por olores”. Entre los impactos de “significancia alta”, consideró la afectación a la salud de la población de localidades cercanas a la planta por emisiones al aire y por la presencia de cianotoxinas.
Martínez hizo énfasis en que el monitoreo sobre el Río Negro será “más amplio e intensivo” que en el Río Uruguay –en donde se encuentra la primera planta de UPM instalada en nuestro país en 2007– con un sistema único de monitoreo continuo, ejecutado por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). “Son como boyas automáticas, que van generando información segundo a segundo, de forma online”, simplificó. El plan consiste en evaluar el estado del río de forma periódica, comparándolo con sus características previas al comienzo del funcionamiento de la planta, “para saber si hubo un cambio o no”.
En materia ambiental, la pastera recibió una multa en setiembre de este año por utilizar agroquímicos que en ese momento no estaban autorizados para su uso en el sector en el vivero Santana, ubicado en Paysandú. El establecimiento se encuentra a kilómetros de Guichón, zona en la que vecinos y vecinas denuncian desde 2014 que UPM arroja vertidos a una cañada afluente del arroyo Santana.
Consultado al respecto, Martínez dijo que la empresa descarta “cualquier tipo de impacto ambiental de esa situación puntual que se generó''. De acuerdo a su relato, “los viveros no tienen descargas industriales, como tiene la planta”, porque funcionan con un circuito cerrado de recolección de agua de riego que se reutiliza sin generar vertidos. Lo que sucedió en Santana fue producto de “disposiciones operativas” particulares: a partir de la ampliación de un predio, se resolvió colocar “temporalmente” determinadas plantas fuera de los invernáculos, y al regarlas “se escurrió naturalmente el agua de ese excedente”.
El referente de UPM también destacó que los agroquímicos se utilizan en “volúmenes casi no detectables” y declaró que “en principio” no volvería a suceder porque “se retiraron todas las plantas”. A la vez, nueve de los agroquímicos fueron habilitados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) un mes después de haber efectuado la multa.
Evitar que las cosas pasen
En cuanto a posibles carencias o aspectos a mejorar, Martínez opinó que “la raya se pasa al final” y que, por ahora, prefiere quedarse con los “intercambios y aprendizajes”. Mikhailo Peschanenko, Matías Méndez y Walter Morel, trabajadores fallecidos este año a causa de accidentes en la obra, no fueron mencionados en su respuesta. Estas no son las únicas muertes en el marco de la construcción de la segunda planta de UPM. También fallecieron Jorge Martínez, trabajador de transporte de pasajeros, mientras reparaba un vehículo que trasladaba obreros, Oleg Llin, que saltó a 80 metros de altura, y Eduardo Ezcurra, inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), quien murió de un infarto mientras investigaba el fallecimiento de Llin.
Sobre estos casos, Martínez subrayó que lo que se busca es “evitar que las cosas pasen” y no “corregir después”. Ante cada fallecimiento se realiza un análisis de las circunstancias que provocaron lo sucedido, “quién era la empresa encargada” y “las medidas que había que tomar antes de hacer el trabajo”. Aun así, consideró que hay situaciones en las que no existen elementos para corregir, porque la causa son “acciones inseguras de las personas”. Para prevenirlas, la empresa apuesta a compartir con el sindicato y las diferentes empresas, hasta “lograr la mayor concientización posible”.