El gobierno hizo este miércoles el último anuncio de precios de combustibles, como lo viene haciendo todos los meses desde que comenzó a regir el sistema de cálculo de Precio por Paridad de Importaciones (PPI), cambio que se introdujo en la ley de urgente consideración. A partir de enero, la nafta súper bajará tres pesos y el gasoil seis, quedando en 71,89 pesos y 58,99 pesos, respectivamente.
Desde la oposición tienen una visión distinta de la presentada por el gobierno durante la conferencia. En diálogo con la diaria, el director de Ancap por el Frente Amplio, Vicente Iglesias, sostuvo que la baja en el precio de la nafta súper tendría que ser de 7,5 pesos por litro, cifra a la que llega a través de un cálculo que toma en consideración “la evolución de la materia prima que usamos en la refinería”, es decir, el barril de petróleo, que al momento de calcular “estaba un poco por debajo de 80 dólares el barril, y el dólar también viene bajando”.
Si se mira “para atrás”, en comparación con setiembre/octubre de 2021 “bajó el dólar y bajó el petróleo, que es 85% del precio del combustible”. Ahora bien, ¿por qué la diferencia con los anuncios del gobierno? Según Iglesias, radica en el cálculo según el PPI, que al tomar “el precio de lo que costaría importar el combustible”, existen “otros ingredientes, que son ajenos a Uruguay, que no deberían entrar en este concepto”.
“Uno es que en el mundo han cerrado refinerías, hay cierta escasez de derivados y evidentemente los derivados están más altos que el crudo; lo segundo es por consecuencia de la guerra de Ucrania”. Iglesias considera que estos efectos “no se pueden trasladar a la gente”, que “lo que está consumiendo es petróleo”.
En Uruguay se compra “un millón de barriles cada 20 días”, se procesa en la refinería y se saca “una canasta de productos para suministrar a la población”, explicó el director, que además llamó a “tener en cuenta otra cosa”, y es que “no es una empresa privada que se pueda avivar, es una empresa de los uruguayos para los uruguayos”.
“Se produce combustible y lo vamos a consumir todos pero a un precio razonable, y un precio razonable [se basa en] producir, mantener el valor de las instalaciones y el resto volcarlo a precios”, sentenció Iglesias, que además recordó que “el Estado saca lo que necesita vía otro mecanismo: impuestos”.
Para Iglesias esto “es un fracaso del cálculo por PPI” y un “tema de la metodología”, porque “incluso obligan a Ancap a hacer un informe de precios de acuerdo a la misma metodología que usan en la Ursea [Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua]” y, por lo tanto, “el precio que se sanciona como importación es una ficción”.