En 2019 los líderes de todos los partidos que hoy integran la coalición de gobierno firmaron el “Compromiso por el país”, un documento programático de 48 páginas que en uno de sus puntos marcaba como horizonte, “en la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita, considerar una eliminación gradual del IASS [impuesto a la asistencia de la seguridad social]”, que hoy pagan aquellas jubilaciones mayores a 41.313 pesos.
Como se paga de forma progresiva, quienes reciben ingresos superiores a 41.313 pesos y menores a 77.460 pagan 10% de la diferencia entre sus ingresos y el monto mínimo no imponible. La tasa sube a 24% en la franja de ingresos superiores a 77.460 y menores a 258.201, y a 30% cuando supera ese último monto.
El presidente de la república, Luis Lacalle Pou, adelantó en las últimas horas que en marzo presentará un proyecto de ley para reducir tanto ese tributo como el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF), que lo pagan los trabajadores con ingresos superiores a 36.149 pesos pero con otras deducciones, y con tasas de hasta 36% para ingresos mayores a 593.861 pesos. Precisó que esta disminución de la carga impositiva ocurrirá “si todo sale como viene planificado”, o sea, que el crecimiento de la economía sea “cercano a 5%”.
Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas de 2019, la tasa efectiva en el universo de contribuyentes, es decir, el porcentaje promedio de sus ingresos que no perciben debido al IRPF, es de 7,8%. En el caso del IASS para los jubilados, esta cifra desciende a 5,8%.
El anuncio del presidente recibió interpretaciones dispares en el arco político partidario. En el Frente Amplio (FA), por ejemplo, no lo ven con buenos ojos. En diálogo con la diaria, el exministro de Economía y Finanzas y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García manifestó que, de concretarse, sería una medida “a contramano de lo que se debería hacer”. Explicó que la visión “bastante reduccionista de lo económico” en el gobierno de Lacalle Pou implica que “una de las únicas variables que se consideran para medir cómo están las cosas es el PIB [producto interno bruto] y no cómo ese crecimiento se distribuye a nivel de la sociedad y cómo esta se aprovecha del crecimiento”.
En este sentido, apuntó que impuestos como el IASS y el IRPF “los paga un porcentaje menor de la población porque están referidos a los ingresos más altos” y, por tanto, “son los impuestos más justos”, y reducirlos implicará “efectos regresivos en la distribución del ingreso”, ya que el Estado tendrá que resignar recursos para sus distintas políticas.
Agregó que “si se quiere bajar impuestos, se podría ir por la línea de bajar el IVA, un impuesto que paga toda la población” y que, por tanto, es “mucho más injusto”. En tanto, García recordó que en 2020 “se disminuyó el descuento del IVA que se hacía al pagar con medios electrónicos [ya que el porcentaje de devolución se redujo de cuatro a dos puntos], por lo tanto, de hecho, hubo un aumento del IVA”.
García también recordó que en 2021, a partir de la implementación de un nuevo criterio de ajuste de la base de prestaciones y contribuciones (BPC), el gobierno “subió” tanto el IRPF como el IASS porque “las franjas pasaron a ser todas más bajas” y “entraron más salarios” en las franjas que pagan.
Olesker: “Sólo uno de cada tres” paga IRPF y “uno de cada cuatro” paga IASS
Por otro lado, el exministro de Desarrollo Social y de Salud Pública y presidente de la comisión de Asuntos Sociales del FA, Daniel Olesker, dijo a la diaria que “en estos tres años la economía ha crecido mucho y los niveles de ingresos y salarios han bajado, y los sectores más perjudicados no han sido los que están en los tramos que pagan IRPF y IASS”, ya que “sólo uno de cada tres trabajadores paga IRPF y uno de cada cuatro jubilados paga IASS”.
Interpretó que la rebaja anunciada “es una medida que no va en dirección de aliviar la carga de la crisis en los sectores que sufrieron más” y tampoco beneficia “a los sectores medios”, porque “va a actuar sobre un segmento de ingresos relativamente mejores”. También consideró que si se rebajan los impuestos no sólo se afectará a los que estén apenas por encima del monto mínimo no imponible, sino que “aquel que gane 300.000 pesos también se va a ver beneficiado” porque empezará a “tributar desde un valor más alto”, entonces “va a pagar un poco menos”.
“Si se quiere hacer un alivio tributario”, dijo Olesker, “sería mucho mejor” ir en búsqueda de “un IVA personalizado”, intentando que “por lo menos a los sectores de menos recursos se los pudiera exonerar” de pagarlo, y afirmó que actualmente “se podría hacer” a través de medios electrónicos.
Ferreri: “Se beneficiaría al tramo de la población donde hay menos pobreza”
Por su parte, el exsubsecretario de Economía y Finanzas y actual director de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo, Pablo Ferreri, manifestó a la diaria que el anuncio de Lacalle Pou “es un acto demagógico” porque se trata de “un anuncio que supuestamente se hará en marzo”. En segundo lugar, porque “se hace en medio de uno de los escándalos institucionales más grandes desde el retorno de la democracia”, en referencia a los casos de Alejandro Astesiano y Sebastián Marset. Tercero, porque “el IRPF y el IASS son impuestos de base anual, entonces la rebaja en 2023 se apreciará con la declaración jurada que se presentará en 2024, en plena campaña electoral”.
“No parece lógico bajar impuestos a quienes tienen mejores ingresos cuando tenemos una economía con déficit fiscal, con un crecimiento que se explica de manera importante por el arrastre estadístico y que ya está dando señales de enfriamiento, con un contexto internacional en deterioro y pobreza infantil que ha empeorado”, dijo Ferreri, y agregó que el anuncio “es inconsistente” porque “se hace mientras se comienza a votar en el Senado una reforma de la seguridad social donde se recortan derechos por motivos de sostenibilidad fiscal”.
También consideró que sería una medida “regresiva no sólo en términos de ingresos”, sino también de “equidad intergeneracional”. “En el caso del IASS, se beneficiaría al tramo de la población donde hay menos pobreza y, entre ellos, a los de mayores ingresos, resignando recursos que no sobran pero que, si sobraran, bien podrían destinarse a fortalecer las políticas de combate a la pobreza infantil, que es uno de los problemas más graves que enfrenta Uruguay”, concluyó.
Cal: “Espero que este sea el inicio de un camino a la derogación total”
Desde la coalición de gobierno, en tanto, hay quienes interpretan que el gobierno debe ir más a fondo y que se está en deuda con lo prometido en 2019. Meses atrás, los diputados de Cabildo Abierto Sebastián Cal y del Partido Colorado Gustavo Zubía presentaron una minuta de comunicación para que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para la reducción del IASS y, en el último tiempo, venían insistiendo con ese planteo.
Consultado por la diaria, Cal dijo que hasta el momento hay “muy poca información” sobre lo que presentará Lacalle Pou al Parlamento, pese a que su anuncio fue recibido “con satisfacción”. No obstante, desea que “este sea el inicio de un camino a la derogación total del IASS”. “No me queda claro si el presidente piensa lo mismo o si es solamente una reducción y listo”, reflexionó.
En todo caso, dijo que en esa búsqueda también debería comenzarse por legislar en favor de “la no sumatoria de las pasividades al momento de liquidar el IASS”, cuando una misma persona cobra jubilaciones por distintas cajas.
Sin embargo, Cal señaló que “una señal que no ha sido muy bien vista para quienes estamos en contra del IASS es que dentro de la reforma de la seguridad social se sigue contemplando” ese impuesto “como recurso para seguir alimentando el BPS”. Con este panorama, dijo que el anuncio de Lacalle Pou aún no alcanza para cumplir con su promesa de campaña y que, para ello, “faltan muchas cosas”.
Onajpu reivindica aumentar el monto mínimo no imponible a diez BPC
En diálogo con la diaria, Ariel Ferrari, representante de los pasivos en el directorio del BPS, recordó que la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas reivindica “aumentar el monto mínimo no imponible a diez BPC”, es decir, a más de 51.000 pesos, y en ese sentido señaló que esa sería “una forma justa de reducir el IASS a las jubilaciones más bajas”. “Ahí dejarían de pagar los que ganan entre 41.000 y 51.000 pesos y reducirían los que están por encima de eso”, señaló, y dijo que desea que el proyecto de Lacalle Pou vaya en ese sentido.
Por otra parte, dijo que la medida debería tomarse “ahora”, porque, de lo contrario, “no era necesario anunciarlo tres meses antes, generando una expectativa de una necesidad que existe hoy”.