La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) hizo varias denuncias que involucran al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) en su Cuarto informe sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos: una de ellas fue “la negativa del Estado uruguayo a facilitar la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas a Uruguay”, decisión que fue revertida luego de la difusión mediática del asunto. A raíz de esta polémica, el canciller, Francisco Bustillo, invitó a una delegación de la institución a una reunión que se concretó este lunes, y en la que hizo algunos anuncios.
El director de la INDDHH, Wilder Tayler, que junto con Mariana Mota encabeza el trabajo vinculado a la búsqueda de detenidos desaparecidos, dijo a la diaria que el encuentro se concretó a partir de una conversación que mantuvo con Bustillo el viernes, cuando se publicó el informe. Tras la reunión en la cancillería, comentó que se percibió “un entendimiento común sobre la importancia del Grupo de Trabajo de la ONU” y la importancia de que venga a Uruguay, e indicó que Bustillo confirmó a la delegación que ya instruyó que se “gestione la venida del grupo en la primera mitad del año”. Sin embargo, Tayler señaló que esto último “no es necesariamente garantido, porque conociendo la operativa de estos mecanismos su agenda se va formando unos meses antes”, y lamentó que “la oportunidad del año pasado se haya perdido”.
Tayler explicó que la visita de este grupo es “muy importante” porque “la ley de presupuesto, que financia la búsqueda, pide una evaluación del trabajo, que debe estar lista para la segunda mitad del año”, y la llegada de la delegación podría aportar “insumos” en ese sentido. “Nosotros todavía tenemos la esperanza de que con un poco de suerte, y si la cancillería se mantiene atenta a cualquier oportunidad que aparezca”, se concrete la visita, dijo el jerarca.
En cuanto a las explicaciones que dio el canciller sobre lo sucedido, Tayler afirmó que Bustillo “tiene una versión de que fue un malentendido, y nosotros le explicamos que desde nuestra óptica no era un gesto muy propicio para el trabajo que estamos haciendo”. No obstante, el abogado aseguró que “lo que importa es lo que sucede hacia adelante” y destacó que el ministro “reafirmó su compromiso con el tema”.
Gestiones ante Estados Unidos
Otro punto que estuvo sobre la mesa en la reunión, vinculado al informe divulgado el viernes pasado, refirió a la solicitud que la INDDHH hizo en marzo de 2021 a la cancillería para que Uruguay pidiera al Departamento de Estado de Estados Unidos la copia de los archivos desclasificados de los informes de agencias norteamericanas producidos entre 1968 y 1985, por la posibilidad de que contengan material vinculado a las desapariciones cometidas en la dictadura. En el Cuarto informe sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos, la INDDHH señaló que un año después seguía esperando por una respuesta del MRE sobre este pedido.
Al respecto, Tayler señaló que a partir de lo conversado con Bustillo “ahora sí consta que hubo gestiones” en ese sentido. Según lo que les transmitió el canciller, el Departamento de Estado de Estados Unidos “muestra una buena disposición para hacerlo”, pero “pide que se afine un poco más el contenido de la solicitud, o bien en materia temporal o en cuanto a aspectos temáticos”, esto último porque “como ya ha habido desclasificaciones para otros países, que tienen que ver con el Plan Cóndor (como Chile), ellos pueden pensar que algunas de las cosas ya están” en ese conjunto, indicó Tayler.
Todas las gestiones que se realizaron el año pasado en torno a este tema se sistematizaron en una nota que la cancillería envió a la INDDHH, en la que indica que le “insumieron buena parte del año pasado” y se vieron obstaculizadas por los cambios en “la mayoría de los funcionarios de la administración estadounidense”, sostuvo Tayler. Según lo que informó el MRE, Estados Unidos planteó “la idea de que en Uruguay se haga un relevamiento del material que ya es público y luego se hagan pedidos más puntuales sobre el material faltante”, y se insiste en que puede haber información de la requerida en el material que solicitaron países como Chile y Argentina, lo cual, en la opinión de Tayler, “no es seguro”.
Ahora la INDDHH se comprometió a “estudiar el tema y volver a hablar con el ministerio, en este caso con el director general de Asuntos Políticos, Ricardo González Arenas, para ver si efectivamente podemos afinar un poco” la petición, explicó Tayler. En ese sentido, dijo que hay algunas líneas temáticas que se le ocurre que pueden ser fructíferas: “La ruptura de relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela” en el marco de la detención de Elena Quinteros o “la existencia de un programa de vuelos” no pueden “haber pasado desapercibidos por el Departamento de Estado”, ejemplificó Tayler.