La senadora colorada Carmen Sanguinetti retomó su postura sobre reformular el artículo 74 de la ley de urgente consideración (LUC), que restableció la pena mínima de cuatro años para las personas que ingresen drogas a determinadas instituciones, como las cárceles, los centros educativos o los hospitalarios.
El artículo 74 de la LUC tiene su redacción original en la ley de estupefacientes de 1974. Plantea que se aplicará una pena de cuatro a 15 años de prisión cuando se den una serie de circunstancias, por ejemplo, cuando la entrega de las sustancias se efectúa a una persona menor de 21 años o privada de discernimiento o voluntad. Además, si el delito se comete en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o sanitario, de hospitales, cárceles, sedes de asociaciones deportivas, culturales o sociales o de un recinto o lugar donde se realicen espectáculos o reuniones de carácter público, también se aplica una pena de cuatro a 15 años de prisión.
María Noel Rodríguez Nader, abogada defensora pública penal, había comentado a la diaria que “95% de las personas formalizadas por la nueva redacción del artículo 36 [artículo 74 en la LUC], que tiene como agravante el ingreso a los recintos carcelarios, son mujeres”. La abogada señalaba que “la mayoría de estas mujeres son presionadas, amenazadas y vulneradas para que les lleven la sustancia a sus parejas o hijos o familiares”.
Según comentó la senadora el lunes en Primera mañana, de El Espectador, en Uruguay desde hace mucho tiempo “tenemos una situación carcelaria muy compleja, donde hay que hacer cambios y mejoras muy significativas, y después tenemos un tema de un altísimo porcentaje de niños institucionalizados”. “Me preocupa este artículo por estas dos partes, la carcelaria y qué pasa con los niños, que por lo general están a cargo de las madres”, sostuvo.
Sanguinetti reafirmó su apoyo a la LUC, que defendió con “convicción y compromiso”, en tanto entiende que es “una muy buena ley, que es imprescindible porque necesitábamos dar un giro de timón en muchos aspectos”. “Estoy trabajando para enmendar este artículo en particular, estoy trabajando en presentar una modificación”, adelantó, y agregó que no puede estimar los tiempos que lleve en el Palacio Legislativo: “Una vez que uno presenta un proyecto siempre lleva mucho tiempo, pero será lo más rápido posible”, finalizó.
El exfiscal y actual diputado colorado Gustavo Zubía, uno de los más acérrimos defensores –y uno de los redactores– del capítulo de seguridad de la LUC, señaló a la diaria que está de acuerdo con que se modifique el “quantum punitivo” del agravante para los que ingresan droga a una cárcel, pero aclaró que no apoya que haya “impunidad ni nada por el estilo”. “Simplemente, eventualmente, mitigar el guarismo punitivo, porque es muy duro. Pero eso no fue creación de la LUC: estaba en el proyecto original de 1973 y, por una mecánica jurídica, con la LUC se reactivó, por carambola”, explicó. Insistió con que está de acuerdo con que la pena se modifique para que sea de menos de cuatro años, “pero nunca impune”.
Cabildo Abierto tiene dudas
En filas de Cabildo Abierto (CA), el diputado Álvaro Perrone dijo a la diaria que de antemano no pueden decir que no a la iniciativa, porque no saben de qué se trata. De todos modos, señaló que no sabe cuántos casos ha habido de personas condenadas por delito de microtráfico y es necesario saber “qué piensa el Ministerio del Interior” (MI), para ver “qué tan común es que las mujeres pasen droga en las cárceles”.
“Los cinco partidos que integramos la coalición de gobierno tuvimos un mensaje duro en contra del tráfico de drogas. Entonces, si empezamos a suavizarlo, vamos a ver en qué, porque capaz que esa medida, de alguna forma, ha sido positiva y ha frenado la entrada de droga en las cárceles o ha frenado que utilicen a una mujer al frente de una boca. Tendríamos que ver los resultados. Porque lo primero que se dice, sí, suena gravísimo que una mujer vaya cuatro años [presa] por microtráfico, pero vamos a ver cuál es el efecto hasta ahora”, sostuvo. En resumen, CA por ahora tiene “dudas” sobre lo que presentaría la senadora Sanguinetti, y esperarán los números que les da el MI para ver “cuántos casos han tenido”.
En tanto, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez subrayó a la diaria que “en esto hay que poner negro sobre blanco, entonces, cuando esté la propuesta escrita para estudiarla”, lo harán, “con mucho gusto”, y si es buena, “naturalmente, no hay ningún inconveniente para poder avanzar y eventualmente llegar a trabajar sobre este artículo como sobre otros”. “Nosotros no nos negamos a trabajar sobre el perfeccionamiento de las normas en el caso que se entienda. Pero no me gusta discutir o charlar sobre ideas en el éter o genéricas. Acá estamos hablando de cosas muy concretas, y para comenzar a charlar, lo primero es poner negro sobre blanco, cuerpo a las cosas”, insistió.
Rodríguez resaltó que el debate durante la campaña del referéndum estuvo marcado por aspectos “que no le hacían justicia a la norma que fue modificada por la LUC, porque el delito de ingreso de droga a las cárceles es preexistente; en todo caso, lo que cambia es la condena”.
FA: se comparte “el espíritu” de la iniciativa
Por otro lado, en filas del Frente Amplio (FA), el senador Charles Carrera dijo a la diaria que, en primer lugar, no conoce la propuesta de Sanguinetti, pero “en cuanto al espíritu”, lo comparte, por algo fue justamente uno de los artículos de la LUC que fue llevado a referéndum. “Porque es una norma que pena con mayor severidad al microtráfico, a los eslabones más bajos de la cadena, que a los grandes narcotraficantes”, indicó. Subrayó que cuando se conozca la propuesta, desde el FA la pueden acompañar.
Asimismo, agregó que en la oposición también creen que hay que modificar otros aspectos, relacionados con “un combate más eficaz del narcotráfico”, para tener “una política integral y más fuerte”. “Creemos que en la LUC hay un conjunto de artículos que van en el sentido contrario a lo que se busca. Por ejemplo, el pago en efectivo de hasta 100.000 dólares. Eso es una norma que va en contra de tener un sistema de lucha eficaz contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero esta es una primera iniciativa que podremos analizar”, finalizó.