Tiempo atrás Montecon, empresa que opera en los muelles públicos del puerto de Montevideo, se presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para pedir la nulidad del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie –propietaria mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP)– para la concesión de la terminal especializada hasta 2081. También pidió la nulidad del Decreto 115 del año 2021, que es el nuevo reglamento de atraque y que determina la prioridad para la terminal especializada en detrimento de los muelles públicos para atender a los buques portacontenedores. Ambos son la ejecución administrativa del acuerdo al que arribaron la empresa belga Katoen y el gobierno el 25 de febrero del mismo año.
El 25 de marzo Katoen Natie se presentó ante el TCA para defender el acuerdo –presentación que divulgó el miércoles– y señaló que surgió a raíz del “sistemático incumplimiento de los términos legales y regulatorios aplicables” que entienden se daba en el puerto en detrimento de TCP y en favor de Montecon, y que derivó en “la notificación formal de sus diferencias al gobierno” en octubre de 2019, con la amenaza de un juicio internacional.
Durante su alegato, Katoen Natie criticó en reiteradas ocasiones a Montecon y aseguró que funcionó de forma irregular durante los gobiernos anteriores, en los que tuvo más clientes que TCP. El escrito cuestiona que, “con la cadencia de cada página” de la demanda, Montecon denuncia que los decretos “crean un ‘monopolio’”. Katoen Natie dice que esta afirmación es falsa y que, en cambio, “lo que estos decretos sí hacen es recoger la preferencia de atraque de una instalación especializada en la operación de contenedores”, tal como, interpreta la empresa, establece el artículo 72 del Reglamento de operaciones portuarias decretado en 1994. Este señala que “las actividades de operación de contenedores estarán concentradas en las instalaciones especializadas”.
La empresa argumenta que “tal disposición estaba y está vigente” y que, “de hecho, nunca fue impugnada y siempre constó y consta como norma vigente en la página web de la ANP”. Además, “formó parte” de la “información relevante presentada a los inversores en ocasión de la subasta de 80% del paquete accionario de TCP”.
O sea, Katoen Natie señala que “los decretos ahora impugnados” por Montecon “no innovan”, sino que “se limitan a reiterar lo que estaba vigente”. Además, dice que esto se da “en razón de haber sido desconocido por la administración anterior, confiriendo un beneficio ilegítimo a Montecon que constituyera uno de los varios aspectos principales del diferendo superado mediante el acuerdo”.
En este sentido, la firma belga señala que anteriormente “la política de la ANP en los hechos” instauró en favor de Montecon lo que ahora esta empresa alega contra Katoen Natie: “Un monopolio de hecho en su favor, establecido en los muelles públicos”.
En conclusión, sobre este aspecto la empresa belga señaló ante el TCA que “está fuera de discusión que rige en el Uruguay, en general, la libre competencia y, en especial, en la actividad portuaria”, pero, “hay que tener en cuenta” que “la actividad portuaria, aunque privada, es de interés público” y “esto justifica que pueda existir un régimen preferente para ciertas infraestructuras”, como sería la terminal especializada. Entonces, indica que el artículo 72 del decreto de 1994 “no impone derechos exclusivos en favor de TCP con relación a otros operadores portuarios”, tal como “pretende Montecon hacer creer al Tribunal; simplemente estatuye que la operativa de contenedores debe hacerse en instalaciones especializadas, estableciendo una prioridad de atraque”.
“La historia de este despropósito”
Entre las casi 150 páginas de exposición de Katoen Natie ante el TCA, se indica que Montecon ha expresado “a lo largo de la vida de la concesión de obra pública otorgada por el Estado a TCP, su consistente intención de obrar como un supuesto competidor, pero desde la desigualdad de una condición reglamentariamente irregular, también consistentemente respaldada por la dirección de la ANP”. En el mismo sentido, se expone que TCP obtuvo en diciembre de 2021 “acceso a más de 40 expedientes” que “revelan detalles de la historia de este despropósito”. En síntesis, demostrarían que “la utilización de los espacios públicos fue otorgada sin título legalmente habilitante y en contraprestación de un precio que encerraba un subsidio encubierto de ANP en beneficio de Montecon”, y que también “fue otorgada sin la preceptiva intervención del Poder Ejecutivo”.
“Montecon ha demostrado su aspiración de equiparar por la vía de los hechos su actividad portuaria con la de TCP, sin el compromiso inversor de esta, en utilización irregular de los espacios públicos, y beneficiándose de los subsidios que la ANP otorgara, en desmedro de otros operadores portuarios”, dice Katoen Natie. “Pese a no contar con infraestructura de terminal especializada, pese a no contar con contrato de concesión en relación a la mayor parte de la superficie que en los hechos controla, pese a ni siquiera contar con permisos regularmente tramitados, hoy Montecon se beneficia de externalidades flagrantemente puestas a su disposición por la ANP”, añade la exposición.
Finalmente, Katoen Natie interpuso ante el TCA una excepción por falta de legitimación de Montecon, que en los hechos significa que no la reconoce como parte legítima para plantear este reclamo. Igualmente, en caso de que no se analice la excepción opuesta, pidió que el tribunal “rechace la demanda de nulidad deducida por Montecon”.
La causa avanza en la Justicia penal
Por otro carril, en la tarde del jueves, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, tomó declaración, en calidad de testigos, al vicepresidente de la ANP, el cabildante Daniel Loureiro, y al gerente del área jurídico notarial del organismo, Edgardo Amoza, en el marco de la denuncia presentada por el Frente Amplio (FA).
Fuentes que participaron en la audiencia señalaron a la diaria que Amoza declaró durante más de una hora y fue consultado sobre los informes que realizó Jurídica de la ANP sobre la legalidad del vínculo con la empresa Katoen Natie, tanto antes de la firma del acuerdo, cuando la empresa belga reclamaba tener prioridad sobre las cargas que llegaban al puerto –algo que en su momento fue rechazado por la división–, como después del acuerdo que otorgó la concesión de la terminal especializada hasta 2081 y la prioridad de los atraques.
Por su parte, Loureiro declaró durante dos horas y media principalmente sobre la participación del directorio en el aval del acuerdo, punto que fue señalado por el Tribunal de Cuentas, que advirtió que el asesoramiento para cerrar el acuerdo con la multinacional debió pasar por el directorio y no sólo llevar la firma del presidente, Juan Curbelo.
El martes declararon dos ejecutivos de Katoen Natie: el gerente general, Vincent Vandecauter, y el de Relaciones Institucionales, Fernando Correa, y el miércoles fue el turno de la directora vocal del FA en la ANP, Alejandra Koch, quien declaró sobre el proceso de toma de decisión para resolver el contrato y la participación del directorio y las direcciones asesoras.
“A mí me gustaría observar”
Mientras tanto, continúan las repercusiones de la resolución del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) acerca de este acuerdo. Por cuatro votos contra tres, se aprobó una resolución que no observa lo actuado por el gobierno pero sí hace un señalamiento acerca de cómo se hizo el asesoramiento de la ANP pedido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre el nuevo reglamento de atraque.
Estuvieron a favor de no emitir observaciones los tres ministros propuestos por el oficialismo y la presidenta, Susana Díaz, considerada neutral. Sin embargo, este jueves el semanario Búsqueda informó que accedió al audio de la sesión del TCR y allí se escucha que, inicialmente, Díaz estaba a favor de emitir observaciones sobre el asesoramiento. “A mí me gustaría observar. Porque lo hizo mal. Ya lo hizo, no tiene forma de arreglarlo en el futuro”, dijo. Luego, ante los argumentos de un ministro oficialista, Díaz reafirmó: “Cuando se hace una cosa mal, es observable”. Pero más tarde, acompañó al oficialismo y declinó incluir observaciones en la resolución.
la diaria se comunicó con Díaz, pero esta se negó a emitir declaraciones. Según informó Búsqueda y confirmó la diaria, el ministro designado por el FA Enrique Cabrera se presentó en Fiscalía y entregó la grabación de la sesión, además del expediente del TCR.