Aún es incipiente, pero está en proceso y estiman que a mediados de año estará pronto: se trata de un proyecto de ley que propone medidas alternativas a la privación de libertad en centros penitenciarios en los que habitan madres con hijos e hijas.
Según contó a la diaria Graciela Barrera, senadora suplente por el Frente Amplio (FA) y fundadora de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, junto a la diputada por la misma fuerza política Lucía Etcheverry, están trabajando en esa iniciativa porque “parece que nos estamos olvidando del bien supremo, que es el hijo, esos niños que los primeros años de su vida los pasan en cautiverio, cuando en realidad no son ellos los que cometen el delito”. Asimismo, para Barrera hay “otras cuestiones que no se toman en cuenta: que las mujeres han sido totalmente vulnerables, han sufrido diferentes formas de sometimiento, violencia sexual, abandono familiar temprano, pobreza extrema”.
Barrera explicó que están en la búsqueda de “un proyecto adecuado”, con “todos los recaudos”, no sólo para ponerlo en consideración en el Parlamento, sino “para que la gente entienda que esto no es un perdón, sino tratar realmente el bien del niño”.
A grandes rasgos, las legisladoras toman en cuenta la prisión domiciliaria asistida, en la línea de lo planteado por el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, pero “con una asistencia técnica especial”, y que, a su vez, “quizás se necesite la suspensión del proceso”. Según manifestó Barrera, se basan en la “justicia terapéutica” adaptada a las mujeres privadas de libertad con hijos e hijas a cargo.
La senadora suplente desarrolló que se refiere a los tratamientos para personas con consumo problemático de drogas, “que no es que se suplanta el proceso, sino que la persona tiene que ir cumpliendo metas para que ese proceso sea diferente y no tenga que ir a la cárcel. Si en determinado momento esa persona no sigue lo que dictamina todo el equipo que trabaja para que pueda seguir adelante, ahí sí” tendría que cumplir la privación de libertad en un centro penitenciario. El proyecto será presentado, en primera instancia, a la bancada del FA, y luego se presentará a nivel parlamentario.
En paralelo, la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria aún no se ha reunido en lo que va de 2022 ni tampoco tiene fecha de encuentro en la mira. Durante 2021, las actuaciones fueron en cinco oportunidades y en 2020, en siete. “Hay muchas cosas que no se están llevando a cabo y se necesita hacer”, señaló Barrera, quien es suplente del senador Charles Carrera en la comisión. “Ha sido tan poco, creo que fuimos dos veces a la Cárcel de Mujeres”, agregó.
En la misma línea se manifestó la diputada por el FA Verónica Mato. En diálogo con la diaria, afirmó estar “interesada” y “preocupadísima” por el tema, pero aseguró que “lamentablemente la comisión no lo ha trabajado y planteado porque aún no se ha reunido”. “Ha tenido un trabajo bastante desigual”, dijo, en el sentido de que “no se ha reunido demasiado a lo largo del período de gobierno”.
Aun así, Mato comentó que está trabajando en proyectos de ley sobre la privación de libertad de mujeres. “Hay que darles una solución integral, la prisión domiciliaria asistida es una buena opción” para la población con hijos e hijas dentro de la cárcel, dijo. “Para que eso exista tiene que haber un sistema mucho más desarrollado, porque hay que tener determinadas garantías, ver cómo se refuerza desde el Estado y cómo económicamente se asiste a esa familia”, agregó.
Por otro lado, Mato planteó que si la mujer privada de libertad cumple la pena en su casa, pero no puede salir a trabajar, “¿cómo solucionás el día a día? Muchas de esas mujeres no tienen cómo hacerse cargo de sus hijos, entonces son vulnerables a entrar en circuitos de delito desde sus propias casas”, aseguró.
La raíz
No es la primera vez que se abre la discusión y se plantea la urgencia de establecer otras formas de privación de libertad para mujeres con hijos e hijas a cargo. De hecho, en octubre del año pasado Petit presentó un “informe especial” con datos específicos sobre esta población, para recomendar la prisión domiciliaria asistida y evidenciar información que escaseaba antes de ese relevamiento.
Hasta principios de setiembre del año pasado, las mujeres con hijos e hijas en el sistema penitenciario eran 45 y otras cinco estaban embarazadas. Según lo relevado para el informe, 54% de esa población eran primarias, y en las reincidentes sólo en tres de los casos “se pudo observar una escalada en la gravedad del delito respecto a procesamientos anteriores”.
En la totalidad de casos relevados, 78% de las mujeres habían cometido delitos que se vinculaban con “la negociación, el transporte o el suministro de estupefacientes”. Por otro lado, hubo cinco casos “referidos a asociación para delinquir y/o al tráfico de armas, y en dos de ellos, en concurrencia con tráfico de estupefacientes”. Luego, tres fueron por hurto, dos por homicidio, uno por rapiña y otro por estafa.
Asimismo, se concluía que “algunos de los factores que contribuyen a la delincuencia de mujeres están relacionados con: pobreza, violencia de género ejercida contra ellas, trata de personas por las cuales se las obliga a cometer delitos, muchos de ellos relacionados con drogas, problemas de salud mental o consumo”.
En conversación con la diaria, Petit señaló que “es prioridad para nosotros que se defina una política nueva, innovadora” para madres con hijos e hijas, aunque admitió que “es compleja de implementar”. Explicó que la alternativa principal es una prisión domiciliaria asistida, “porque no alcanza con la prisión domiciliaria sola, si no es como una celda en un barrio”. Que sea asistida implica que tenga “atención médica, poder salir a trabajar, capacitarse, ir al médico, ir a centros, que reciba tratamiento”. Según el comisionado, aún “hay algunos aspectos legales que hay que repensar, y sobre todo aspectos asistenciales, de política social, porque el Instituto Nacional de Rehabilitación está preparado para dar alguna atención en la cárcel pero no tiene las herramientas necesarias para dar asistencia a esos domicilios”.
Días atrás se sumó a la discusión el exdirector de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado Jaime Saavedra, quien expresó en su cuenta de Twitter: “Propuesta decente: cerremos todas las cárceles con niñ@s del Uruguay”. “¿A quién, en su sano juicio, se le puede ocurrir que una cárcel es buen lugar para bien criar niñ@s menores de 4 años? Se responde sola la pregunta”, agregaba.
Propuesta decente: CERREMOS todas las cárceles con niñ@s del Uruguay. No hay NINGUNA razón de política penal, penitenciaria, humana, pedagógica/educativa o económica, para continuar con penas de cárcel a mujeres que tienen que criar, educar, cuidar, a veces parir, niñ@s.
— Jaime Saavedra (@Lic_JSaavedra) April 13, 2022
En diálogo con la diaria, Saavedra dijo estar de acuerdo con la prisión domiciliaria asistida y con “tratar como casos excepcionales los que son efectivamente excepcionales: los casos en que en el delito medió la violencia, que no llegan a 10%”. Para Saavedra, las medidas alternativas “son mucho más humanas y seguramente mucho más exitosas, porque se piensan de modo personalizado y no afectan el derecho de terceros que no tienen nada que ver con la situación, como son los niños”.
En ascenso
Según el informe especial, desde setiembre de 2020 a setiembre de 2021 la población privada de libertad en general tuvo un ascenso de 9%, mientras que la de mujeres fue de 26%. Desde la última década y hasta 2018-2019, al mismo tiempo que había un crecimiento “casi ininterrumpido” de la población penitenciaria, “la cantidad de mujeres privadas de libertad tendió a una leve pero sostenida disminución”.
Sin embargo, luego comenzó un proceso de reversión, al que se le sumó el artículo 74 de la ley de urgente consideración (LUC), que restableció la pena mínima de cuatro años para las personas que ingresen drogas a determinadas instituciones, como las cárceles, los centros educativos o los hospitalarios. María Noel Rodríguez Nader, abogada defensora pública penal, había comentado a la diaria que “95% de las personas formalizadas por la nueva redacción del artículo 36 [artículo 74 en la LUC], que tiene como agravante el ingreso a los recintos carcelarios, son mujeres”.
Para Barrera, este artículo “obviamente acrecienta la necesidad de la alternativa” a la cárcel. Desde filas coloradas, la senadora Carmen Sanguinetti dijo a Primera mañana, de El Espectador, que se encuentra “trabajando para enmendar este artículo en particular” y “presentar una modificación”.
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