OSE recibió el pasado viernes el informe final del estudio de factibilidad para la construcción de una nueva planta potabilizadora en Arazatí, en el departamento de San José, que tomará agua del Río de la Plata para abastecer a los clientes de parte de Montevideo y el área metropolitana. El documento acerca de la iniciativa presentada por un consorcio de empresas constructoras -Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast- genera un debate en el directorio del ente no sólo en torno a la privatización de la potabilización del agua, también acerca de si provocará un aumento en las tarifas o no.
El director del Frente Amplio (FA) en OSE, Edgardo Ortuño, se presentó ante la Mesa Política de su partido y denunció que el tipo de contrato por el que optará el gobierno, que incluye la privatización de la construcción y de la operación de la planta durante 28 años, obligará a la empresa estatal a pagar “12 millones de dólares al año más del costo que tendría la gestión pública” del proyecto, denominado Neptuno.
Según el documento presentado por Ortuño a la Mesa Política del FA, al que accedió la diaria, de optarse por ese camino se obligará a OSE “a comprar agua potable en lugar de producirla”, y la población “lo verá reflejado en un aumento de tarifa”, porque se pagarán por el proyecto “335 millones de dólares más”, a lo largo de los 28 años.
El presidente de OSE, Raúl Montero, declaró a la diaria que, si bien al inicio se previó una inversión cercana a los 200 millones de dólares y ahora se estima en torno a 280 millones, “se han ido agregando cosas” al proyecto, “algunas que hay que discutirlas” para “ver cómo se encaran”.
Montero indicó que probablemente se opte por un tipo de contrato BOT -construir, operar y transferir, por sus siglas en inglés-, por el cual OSE pagará por el agua que potabilice el consorcio, aunque aún “no está del todo definido”.
El estudio de factibilidad indicó que hay “cinco alternativas” para encarar el proyecto: en un extremo está hacer “una licitación convencional” y que OSE se encargue de la operación y mantenimiento de la planta, y en el otro está el tipo de contrato BOT. Según el presidente de OSE, “cuanto más nos acercamos a la primera alternativa, tendríamos un compromiso de deuda mayor”, porque sería en la que más tendría que invertir el ente, “y cuanto más nos acercamos a la quinta, menor compromiso de deuda pública, y eso va a ser lo que va a marcar en cierta forma la decisión”, porque el objetivo es “no aumentar” la deuda.
En contestación a las afirmaciones de Ortuño sobre el eventual aumento de tarifas, el presidente de OSE dijo que “en caso de que fuera” un contrato BOT, no significa que el servicio brindado sea “más caro” que si la producción de agua potable la hiciera la empresa pública. “La planta puede ser pensada para que se gestione en forma moderna con la menor cantidad de mano de obra porque va a ser muy eficiente”, dijo. Agregó que “los costos de operación que se están cargando son los mismos” que hay en la otra planta ubicada en Aguas Corrientes, cuya fuente es el río Santa Lucía, y él espera que para el nuevo proyecto “sean menores”.
Montero sentenció que la idea es encontrar una forma para hacer la “megaobra” tomando en cuenta el presupuesto de OSE, esto es: “Cómo hacemos para que una empresa que invierte 70 millones y algo de dólares por año pueda encarar una [inversión] de 280 millones sin que le afecte su marcha normal y sin cambiar la tarifa”. Concluyó que “la deuda es muy fácil tomarla pero también hay que pagarla”, y “aumentar la deuda debe tener una incidencia mayor en la tarifa que lo que estamos planteando”.
En tanto, Ortuño planteó que “del informe final del estudio de factibilidad del proyecto Neptuno surge en forma contundente que la alternativa más conveniente, eficiente y de menor costo para su desarrollo es la gestión pública del proyecto, en la cual OSE asume la contratación de la construcción y luego opera y mantiene la planta, conservando la producción del agua potable, la propiedad del activo de la planta y la infraestructura construida en forma permanente”. Para ello propone financiar las obras “mediante un fideicomiso, como se hizo para financiar las inversiones realizadas durante las últimas administraciones, o accediendo al financiamiento de organismos multilaterales de crédito”.
El director del FA expresó su oposición a “la gestión privada de la potabilización del agua y la totalidad del proyecto, por su altísimo costo, su carácter inconstitucional y contrario al pronunciamiento ciudadano resultante del plebiscito sobre el agua en el año 2004”, que determinó que la gestión del agua potable y el saneamiento debe ser responsabilidad exclusiva del Estado. Consultado sobre este aspecto, Montero dijo que en OSE están seguros de que la decisión de hacer un contrato BOT no es inconstitucional porque la empresa pública seguiría como la encargada de la distribución del agua y la responsable última del servicio. “De ninguna manera esto se parece a una concesión”, agregó.
Está previsto que en junio se abra el llamado a interesados en la obra, y el consorcio que tuvo la iniciativa tendrá una ventaja competitiva de entre 5% y 20%, tal como establece la ley de reactivación económica de 2002.