En una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, 25 juristas y expertos internacionales manifestaron su preocupación por el proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto (CA) para otorgar la prisión domiciliaria a procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad en cárceles. La misiva fue enviada el 13 de abril por vía diplomática a través de la embajada de Uruguay en Francia, informó la Asociación ¿Dónde Están?-Francia.
En la carta, a la que accedió la diaria, los especialistas expresaron que tanto los cinco relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como el comisionado parlamentario pentienciario, Juan Miguel Petit, han planteado su rechazo a la iniciativa. Apuntaron que el proyecto de ley “no tiene en cuenta los límites del derecho internacional para la concesión de amnistías, indultos, reducciones de condena, beneficios en la ejecución de la pena u otras medidas similares concedidas a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.
Según los expertos, este proyecto de ley es contrario al derecho internacional “por su carácter general, automático y permanente, pero también porque la medida no es necesaria ni proporcionada a la gravedad de los delitos por los que estas personas han sido condenadas](https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/10/los-represores-presos-en-domingo-arena-que-se-beneficiarian-del-proyecto-de-cabildo-abierto/)”. Por estos motivos, el proyecto “constituye un factor de impunidad para las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad”.
En suma, solicitan al presidente y a los parlamentarios que “no apoyen la ley de prisión domiciliaria obligatoria para los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, en particular crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada y robo de niños”.
La carta fue firmada por el jurista Malik Salemkour, presidente de la Ligue des droits de l'Homme (Francia); Adriana Schnyder, investigadora asociada al proyecto FNS Right to Truth, Truth(s) through Rights, de la Universidad de Ginebra (Suiza); Juan Méndez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exrelator de la ONU contra la Tortura (Argentina); Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Estados Unidos); Magalie Besse, jurista y directora del Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie (Francia), entre otros.
“Proyecto absolutamente hipócrita”
La idea de promover esta carta fue de la organización ¿Dónde Están?, un grupo fundado en 1997 en Francia por uruguayos exiliados para reclamar por verdad, memoria y justicia y la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante el período de terrorismo de Estado.
En diálogo con la diaria, Elena Salgueiro, integrante del colectivo, contó que han seguido con atención la “voluntad sistemática” de Cabildo Abierto de “volver a imponer la impunidad”, a partir de su intención de derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad y luego con el proyecto de ley de prisión domiciliaria.
Tras la carta de los cinco relatores de la ONU al gobierno uruguayo, el colectivo se organizó para proponerle a diversos juristas que se pronunciaran sobre el proyecto de ley. Según dijo, todos los firmantes “estuvieron fundamentalmente de acuerdo con que estaba claro que ese proyecto no era aceptable”. “Buscamos que tuvieran competencias en el terreno de la justicia internacional. No era una petición de masa, era una consulta jurídica hecha a autoridades y profesores de derecho de diferentes universidades”.
Salguerio expresó que el hecho de que la prisión domiciliaria ya sea posible para los condenados es una prueba que es un “proyecto absolutamente hipócrita, no tiene ninguna base humanitaria, pero sí tiene un objetivo muy claro: sacar a los represores de la cárcel”.