El próximo plenario del Frente Amplio (FA), que será el 4 de junio, aprobará un nuevo plan político cuyo borrador ya se encuentra a estudio de la Mesa Política y tiene entre sus puntos “impulsar todos los mecanismos” que estén a su alcance “para garantizar el derecho de las uruguayas y uruguayos en el exterior a ejercer plenamente su ciudadanía y participar en el acto electoral”. No es la primera vez que el partido se propone un cambio legal de este tipo, pero hay recientes antecedentes que marcan el camino de cómo proceder.
Por ejemplo, en 2018 el Parlamento, por entonces de mayoría frenteamplista, aprobó la Ley 19.654, que en su primer artículo declaraba “con carácter interpretativo” de algunos artículos de la Constitución de la República “que el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”. En base a esa máxima, la ley ordenaba la creación de una comisión honoraria con el cometido de analizar “las alternativas jurídicas para la instrumentación del voto” en el exterior. Pero en 2020 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la inconstitucionalidad del artículo 1º de esa ley, a raíz de una acción promovida por los partidos Nacional, Colorado, Independiente y de la Gente, que actualmente conforman la coalición de gobierno junto a Cabildo Abierto y tienen, en conjunto, la mayoría parlamentaria.
Así, entonces, son limitadas las posibilidades de cambiar esta situación por vía legislativa, más allá de que el FA actualmente no tiene mayoría parlamentaria como para aprobar una normativa distinta, y la modificación de leyes electorales, además, requiere los votos de dos tercios de ambas cámaras.
En el sistema político hay quienes interpretan que la Constitución impide el voto en el exterior, por ejemplo con referencias al primer artículo, que dice que “la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio”, o el 81, que indica que “la nacionalidad no se pierde ni aún por naturalizarse en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico”.
Entonces, otra posible vía es cambiar la Constitución, algo que se intentó en 2009 mediante un plebiscito, pero no se alcanzaron las adhesiones necesarias.
Sólo Uruguay y Surinam
El ministro de la Corte Electoral José Ignacio Korzeniak, cercano al FA, dijo a la diaria que “Uruguay y Surinam son los únicos países” de Sudamérica “que no tienen voto en el exterior”. En este sentido, señaló que “por un lado tenemos la gran discusión de si la Constitución admite o no el voto en el exterior”, que para el FA sí lo admite y para al menos la mayoría de la coalición de gobierno, no. Otra discusión, a consecuencia de lo anterior, es “si por ley se puede establecer el voto en el exterior”.
Entonces, para Korzeniak, debido a que una ley que modifique el sistema electoral uruguayo requiere de los votos de dos tercios de cada cámara y no hay elementos para pensar que algo así podría suceder dado el mapa parlamentario actual, “la única forma en que se podría instaurar el voto” en el exterior “sería a través de una reforma constitucional”, y “para eso existe el mecanismo de iniciativa popular”. A pesar de que una reforma de este tipo no fue aprobada en 2009, nada impide que vuelva a presentarse un proyecto de similares características.
“Para mí esa es la posibilidad real de que esto ocurra, por un lado porque sortea la discusión sobre si el voto en el exterior es o no constitucional porque el propio proyecto de reforma constitucional establece que habrá voto en el exterior, y por otro lado porque sortea la dificultad de los dos tercios de votos de cada cámara”, señaló.
No obstante, Korzeniak llamó la atención de que “después de establecer el voto en el exterior hay una serie de cosas que habría que pensar”, como “si se vota en todas las elecciones” o solo en algunas. “Después hay una serie de dificultades en materia operativa”, como que “una persona tendría que tener la posibilidad de ingresar al Registro Cívico desde el exterior”, ya que no votar durante dos elecciones nacionales seguidas inhabilita para votar en la siguiente, situación en la que están gran parte de los residentes afuera. Probablemente, eso implicaría que “las representaciones diplomáticas” pudieran encargarse de esos trámites.
Tema de plata
Según dijo a la diaria Manuel Ferrer, que preside la Comisión Nacional de Organización del FA, su partido “tiene hace décadas la posición de que los uruguayos en el exterior son tan uruguayos como los que vivimos acá y que por tanto deberían ejercer el mismo derecho”, como pasa con “otras nacionalidades del continente” que pueden votar sus autoridades desde Uruguay.
En el FA entienden que el impedimento de votar desde el exterior es “una injusticia jurídica” porque “gente con dinero tiene derecho a votar”, porque puede viajar a Uruguay en las fechas de las elecciones, “y gente sin dinero no tiene derecho a votar”.
“Personas, como algún senador conocido que no vive en el país, pagan su pasaje, vienen y votan”, dijo con una referencia al exprecandidato a la Presidencia por el Partido Nacional Juan Sartori, “mientras que otro compatriota que vive en el mismo lugar que él todos los días, como no tiene dinero para viajar, no puede votar”. “Lo que hay es una discriminación por ingresos o por riqueza o por patrimonio, como tú quieras. El que tiene plata, vota, y el que no tiene plata, no puede votar”, sentenció.
Ferrer señaló que los partidos que integran la coalición de gobierno manifestaron “sistemáticamente” que no comparten la posición del FA, y “entre pasillos” la razón es que “mucha gente” que vive en el exterior “votaría a la izquierda”.
El dirigente frenteamplista apuntó que su partido suele tomar una medida “que es un paliativo pequeño” y consiste en “facilitar el traslado a los que puede”, por ejemplo a uruguayos residentes en Argentina, pero a entender de la fuerza política esto no es suficiente. “Vamos a trabajar mucho” en una reforma, adelantó, pero agregó que “habilitar el voto en el exterior necesariamente pasa por un acuerdo del sistema político para modificar la ley electoral”.
“Miles que no tienen credencial”
En otro tramo del borrador de plan político del FA se establece que hay un “desafío democrático impostergable” y es que “son muchas las personas (principalmente en los sectores más vulnerables de nuestro pueblo) que se encuentran con sus derechos limitados por no tener tramitada la credencial cívica, para lo cual debemos trabajar en un plan específico”.
“Queremos abordar eso”, dijo Ferrer y agregó que el partido detectó en las últimas campañas electorales desde 2019 en adelante que hay “miles” de personas “que efectivamente no tienen credencial”. “Si las personas no están inscriptas para votar, no pueden ejercer sus derechos políticos y eso para nosotros lesiona el funcionamiento de la democracia, de manera que el compromiso es hacer campaña para que la gente se saque la credencial”, señaló. Añadió que la idea es hacer un trabajo territorial para encontrar a la gente sin credencial e informarle del trámite para conseguirla.