En consonancia con lo que observó el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) en su informe anual, presentado el viernes, que dio cuenta del aumento de las amenazas contra la libertad de prensa en Uruguay, este martes la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) presentó su clasificación global para 2022, en la que se constata una caída de Uruguay del puesto 18 al 44.
Según RSF, Uruguay “tiene un contexto propicio para un diálogo constructivo e inclusivo sobre el papel de los medios en el país”, y aunque el mapa mediático “es bastante pluralista”, la ONG ve un problema en que el ecosistema de medios esté “concentrado en tres grandes grupos: Villar/De Feo (Canal 10), Romay (Canal 4) y Cardoso/Scheck (Canal 12)”.
Más adelante en su informe, RSF hace una contextualización de la situación política en Uruguay: recuerda el cambio de signo en el gobierno en 2020 con la asunción de la coalición multicolor, liderada por Luis Lacalle Pou, y señala que “en los últimos años, se han registrado varios casos de presiones políticas contra periodistas que cubrían asuntos sensibles, al implicar a miembros de la Presidencia de la República”.
“La despenalización de los delitos de prensa, la regulación de la radiodifusión comunitaria y el acceso a la información pública crean un entorno de trabajo favorable para los periodistas uruguayos”, continúa el informe, en el apartado dedicado al marco legal vigente para proteger a la prensa. RSF aclara que “a pesar del contexto favorable”, de un tiempo a esta parte “varios periodistas de investigación han sido objeto de amenazas, intimidaciones y presiones judiciales”.
El director regional de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié, dijo al diario El Observador que para el informe 2022 se usó una nueva metodología, cambiando los indicadores que se toman en cuenta, y eso hace que la caída en el ranking que sufrió Uruguay deba ser “relativizada”, ya que el país “sigue siendo una excepción en América Latina en lo que tiene que ver con el ejercicio periodístico”.
Estos indicadores e informes se conocen en el momento en que Uruguay recibe, durante esta semana, a miles de periodistas de todas partes del mundo en el Centro de Convenciones de Punta del Este para celebrar la conferencia anual por el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2022, organizada por la Unesco y el gobierno nacional.
El lunes participó en la inauguración del foro el presidente Lacalle Pou, quien sostuvo que “la primera determinación de un gobernante tiene que ser no regular”, y agregó: “Cada vez que alguien me dice de controlar o regular, mi primera respuesta es ‘no’, justamente, porque es un pilar fundamental para la democracia la tarea de información que cumplen los periodistas”.
APU: “preocupación” y pedido de audiencia pública
También en el marco del evento por el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2022, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) realizó este martes una conferencia de prensa y se reunió con representantes de RSF y con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca. “Ya teníamos prevista la conferencia y la reunión con Pedro Vaca a partir del informe de Cainfo, y ahora se agrega como insumo lo de RSF”, contó a la diaria el presidente de APU, Fabián Cardozo.
Según Cardozo, “hay un estado de situación que no es el que se refleja a partir del relato del gobierno de que esto es un gran paraíso en cuanto a libertad de expresión”, sino que existen “algunos inconvenientes que se reflejan en el informe de Cainfo, que habla de un récord histórico de casos”.
La carta que APU presentó a Vaca indica que el sindicato “ha venido señalando desde hace meses la existencia de un contexto de hostigamiento, desacreditación y acusaciones contra periodistas y medios que ejercen un periodismo crítico por parte de distintos voceros del gobierno, tanto en redes sociales, como mediante mensajes de texto personales o incluso en encuentros personales”.
Se apuntó contra la senadora nacionalista Graciela Bianchi, por su “permanente actitud hostil contra periodistas” en sus manifestaciones tanto en redes sociales como en entrevistas; “este tipo de descalificaciones, en general, alienta a activistas o seguidores suyos a utilizar la misma línea de descalificación contra quienes son objeto de señalamientos”, llegando “al extremo de atribuir conductas o intencionalidades que exponen gravemente a periodistas”, señaló APU.
Además, en la carta habló de otros inconvenientes “que van desde la falta de respuesta a los pedidos de acceso a la información, a la judicialización de algunos casos”. Esto muestra, según el dirigente sindical, “una situación que no ha sido del todo difundida” pero que “repercute en la imagen internacional del país, por eso la caída de 26 puestos en [el ranking de] RSF”.
Al mismo tiempo, en la carta le plantean a la relatoría “la necesidad de convocar a una audiencia pública de la CIDH sobre el tema libertad de expresión en Uruguay”. Respecto de la reunión con RSF, la APU procuró “compartir la preocupación por la caída de Uruguay en las cifras”.
Conocida la carta de APU, Bianchi respondió vía Twitter: sostuvo que el sindicato “no representa a todos los periodistas”, con los que dijo tener “un excelente relacionamiento”, y que “jamás” iniciará “un juicio a ningún medio ni periodista”. Pidió no hacer “política menor poniendo como excusa la libertad de prensa de nuestro país que hoy como siempre no está en riesgo”.