“¿Por qué proponen internación obligatoria si no hay mecanismos para que sea voluntaria?”, se preguntaron desde el colectivo de personas en situación de calle, Ni Todo Está Perdido (Nitep), a propósito del proyecto de ley sobre hospitalizaciones involuntarias para personas en situación de calle, que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) elevó al Parlamento y el jueves fue aprobado en la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación.
Con seis votos en once -sin los del Frente Amplio (FA) ni del Partido Colorado, que se quedó sin representación en la comisión luego de que Ope Pasquet asumiera la presidencia de la cámara baja-, la iniciativa tuvo el visto bueno para ser tratada en el plenario de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores. Con base en la Ley 18.787 de 2011, el proyecto amplía la “hospitalización involuntaria”, que abarca ya no sólo a las personas en situación de intemperie completa con “riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte”, sino también a personas cuya “capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”.
El posicionamiento de Nitep llegó a la comisión el jueves de la votación, a través de un documento al que accedió la diaria. Sin embargo, el texto no fue discutido en la sesión ni tampoco recibieron al colectivo, a pesar de que el FA había solicitado que así fuera, según dijo a la diaria la diputada frenteamplista e integrante de la comisión Cecilia Bottino. “La coalición quería votar sí o sí el jueves y sólo aceptó un informe escrito a último momento”, afirmó. Para la elaboración del proyecto, además, Nitep no fue consultado por el Mides y tuvieron dificultades para concretar un encuentro, tal como comentó a la diaria Gustavo de Pena, quien forma parte de Nitep.
Sobre la falta de mecanismos para internaciones voluntarias, Nitep manifestó que “lleva meses lograrlo. Largas esperas para entrevistas con un comité médico. Luego semanas para entrevistas con psicólogos, trabajadores sociales…”. “No se imaginan además lo difícil y frustrante que es, teniendo ganas de dejar el consumo, esperar semanas y semanas, viviendo en la calle, una entrevista que llevará a otra y a otra, sin soluciones”, detallaron.
Para el colectivo, el proyecto de ley es un “modo de enfrentar el problema de las drogas” que los “culpabiliza y coloca como responsables a las víctimas”. En esa línea, remarcaron que “hay muy pocas soluciones” para la gente en situación de calle “que es mucha y diversa, y en su mayoría no presenta estos problemas”- y que creen que en el caso de las personas con consumo problemático de drogas “obligar no sirve. Sabemos que hay que estar en un momento adecuado para poder cortar o reducir el consumo”.
Por otro lado, Nitep denunció que “si una persona llega ‘bajo el efecto de las drogas’, queriendo pasar la noche bajo techo para dejar el consumo, las instituciones no se hacen cargo, lo dejan afuera, y así, reproducen el problema”.
“Son necesarias soluciones serias. No cosas parciales, mal hechas, por poco tiempo. No hagan política con nosotros, mintiendo a la sociedad, con alternativas que saben que son insuficientes”, sentenciaron.
La discusión en comisión
El argumento central del FA para su voto en contra del proyecto de ley del gobierno es que “el Estado ya tiene las herramientas jurídicas suficientes para resolver el tema”, señaló a la diaria el diputado e integrante de la comisión Mariano Tucci.
El año pasado el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de asistencia obligatoria a personas en situación de calle, aprobada hace una década pero que no se había aplicado a falta de un decreto que fijara determinadas condiciones. El 15 de mayo de 2021 el Mides implementó el Plan Invierno para personas en situación de calle, que se desarrolló hasta el 31 de octubre, y se reeditó este año. En el período transcurrido entre mayo y octubre de 2021 se efectuaron nueve hospitalizaciones involuntarias tras realizarse la constatación médica sobre el riesgo de vida de las personas, según los datos que proporcionó el Mides a la diaria. Desde entonces hasta el 30 de mayo, no hubo ningún otro caso.
Para el diputado, teniendo en cuenta “una valoración política y técnica de los elementos que aparecen en los informes” que distintas organizaciones presentaron a la comisión durante el proceso de discusión del proyecto, queda en evidencia que “se afectan derechos con la nueva reformulación del artículo” y que “no es garantista”. “Consideramos que el ministro [de Desarrollo Social, Martín] Lema debería concentrar sus esfuerzos en solicitar mayor cantidad de recursos humanos y económicos en la Rendición de Cuentas”, sentenció.
Según contó, la bancada frenteamplista de la Cámara de Representantes resolvió votar en forma negativa, mientras que en la cámara alta “habrá que hacer las consultas”. En la sesión del jueves pasado en la comisión, el presidente y diputado nacionalista Diego Echeverría dijo en nombre de la coalición que entienden que “es una buena herramienta complementaria de las otras disposiciones legales que hoy existen”. Para Nitep, sin embargo, “el camino” que debería de seguir el gobierno “es muy claro”: “Solucionar, primero, con dignidad y en forma integral, la situación de calle: vivienda y trabajo”.