Estaba en situación de calle, tenía consumo abusivo de drogas y problemas de salud mental. Habitaba el barrio de siempre, pero ahora vivía en uno de los montes del balneario. “Estaba agresivo: molestaba a los vecinos, iba a buscar a la madre, podía robar”, narró a la diaria la psicóloga Cecilia Baroni, coordinadora del proyecto Radio Vilardevoz e integrante del Frente Antimanicomial. La madre estaba “desesperada” y los vecinos, molestos. Decían que la persona estaba “muy agresiva”. Fue entonces que, por un lado, la madre requirió de medidas cautelares, y por otro, los vecinos denunciaron la situación.

Desde el dispositivo alternativo de salud mental del Vilardebó, que trabaja el consumo problemático de drogas y situaciones de calle, se llevó a cabo una “internación compulsiva”, señaló Baroni, quien también integra el equipo. Cuando se llega a estas situaciones, que considera “extremas”, de última instancia y que intentan “evitar”, “es porque hay un vínculo con la persona, un sostén y una responsabilidad”, pero sobre todo, ninguna “otra solución”. Trabajan además desde espacios de convivencia y de acogida, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado, pero no tienen financiación; sólo “un compromiso muy grande de todo su equipo e integrantes en pos de que haya un lugar para estas personas”.

Para Baroni existe un imaginario de que la persona “va a estar internada de por vida” y que, sin tratamiento, “quede básicamente presa, porque queda encerrada”. La psicóloga narró la otra parte de la historia: desde el equipo intervinieron con la familia y los vecinos, para que a la vuelta “aceptaran” a la persona, y con la persona, “para que reparara el daño en el barrio” y pudiera “volver a recuperar su lugar social, que no era el del que consume o que tuvo una crisis psicótica”. Acompañar a quienes lo rodean en el antes, en la internación, en la intervención con la Policía, en el después. Acompañar a la persona en el trayecto, en el proceso de internación, “para que se quedara mientras lo atendían en la emergencia, mientras lo veía un psiquiatra”, en la inserción posterior.

“Imaginate que todavía el sistema no está preparado ni siquiera para liberar un técnico [del Mides] tanto tiempo, ni darle la autonomía para que vaya haciendo las articulaciones y las coordinaciones necesarias para que sea el resultado esperado en la intervención”, manifestó con relación a los demás procedimientos actuales en base a la ley vigente.

El año pasado el Poder Ejecutivo reglamentó la ley de asistencia obligatoria a personas en situación de calle (18.787), promulgada en 2011. “Las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad”, se señala en el articulado.

Recientemente, el Mides elevó al Parlamento un proyecto de ley que, con base en la 18.787, agrega la “hospitalización involuntaria”, no sólo para las personas en situación de intemperie completa con “riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte”, sino también para quienes “su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”, sin la mediación del Poder Judicial.

“Nos preocupa que sea una herramienta para simplemente sacar personas de la calle y no hacer tratamiento ni abordajes como tendrían que ser, que sabemos que son muy complejos”, planteó Baroni. “Necesitan mayor presupuesto, porque en una concepción de derechos y salud mental e integral como la que estamos pensando [en referencia a la Ley de Salud Mental, 19.529], sin recursos, es casi imposible llevarla adelante. Supongo que esto es para decir ‘aceleramos lo otro’”, afirmó.

¿Por qué no?

“Por más que se hable de que la voluntad está dañada, la persona tiene que ser la primera en entender que la adicción es una enfermedad, un problema, y que se le va a complicar, que necesita apoyo”, aseguró a la diaria Julia Galzerano, internista especializada en adicciones y presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología.

Según su experiencia, las internaciones involuntarias “no tienen resultado”. Además de que el paciente “tiene que querer”, se viola “su principio de autonomía”. Galzerano explicó que si las personas están internadas contra su voluntad, “en general se van” o al salir vuelven a “consumir, porque no había ni un pedido ni una necesidad”.

La internación involuntaria, según la internista, simplemente “saca el problema del lugar, de la calle, de la familia, y le pone la carga a esa persona, que además no quiere hacer eso”. “Se cree que es un problema de falta de voluntad y que obligándolo lo vamos a curar, pero no, no lo curamos así”, agregó. Asimismo, respecto de “la carga” que genera, también observó que, según el proyecto de ley, recae en el médico, y “va a ser complicado”.

Baroni puntualizó que lo planteado por el Mides implica “un retroceso” en la Ley de Salud Mental, que “tendría que profundizarse” y “no ir por ese camino”. En los artículos 30, 31 y 32 de esta ley, que refieren a las situaciones de internación involuntaria, se “garantizan derechos, que en este proyecto se sacan”. Según la psicóloga, “hay un apuro en los procedimientos y nos queda la duda de si conocen los de hoy en día”. “La propuesta parece mágica y desesperada. Quienes trabajamos estas internaciones sabemos que ninguna internación de este tipo, solamente, soluciona nada”, dijo Baroni.

Según remarcó, estos procesos “son súper violentos”, no necesariamente por violencia física, sino por psicológica. En miras de un abordaje más integral, también enfatizado por Galzerano, Baroni subrayó que “tiene que haber más presupuesto, equipos especializados, comprometidos y asesorando”.

Una de las garantías que anteriormente aseguró que con el proyecto de ley se quitan, refiere al papel del juez, que no tendría lugar si se aprueba la modificación. “Ya ahí corrés con que, lamentablemente, la persona, por falta de recursos o de experticia, queda en la nada”, manifestó. Al respecto, el abogado Juan Ceretta señaló a la diaria que “la cuestión a preguntarse es si con la excusa de las drogas y la salud mental no estamos autorizando un nuevo mecanismo de privación de libertad, que además no cuenta ni con tiempo predeterminado de duración, ni contralor judicial”.

A la falta de judicialización se le suma que, desde setiembre, la Comisión Nacional de Contralor de Atención en Salud Mental está acéfala y sin funcionar. Así lo aseguró Baroni, quien explicó que en los casos de internación compulsiva el juez definía la internación, el plazo, y notificaba a la Comisión para que también hiciera un seguimiento, “porque puede pasar que una persona en calle, sin recursos y con problemas, quede depositada en una institución. Y eso no es un abordaje, eso es encierro”.

“El problema del proyecto es que parecería ser el único abordaje posible para las personas que están en situación de calle y con riesgo de vida, cuando estamos diciendo que tiene que haber varios abordajes, varios actores, que es un tema realmente complejo, difícil y doloroso, porque a nadie le gusta tomar decisiones así, y por eso además no se hace”, resumió Baroni.

“Hay que cambiar mucho el tratamiento”

Gustavo de Pena, integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep), conformado por personas en situación de calle, dijo a la diaria que no se le “ocurre cómo podrán hacer algo para organizar lo que ya viene enredado”. “Cada día en mi refugio van a pedir entre 15 o 20 personas para la noche, y hay días que no se les puede dar lugar a todos. No es que no haya voluntad para ir a los refugios, sino que no hay lugares. Gente que hace meses que va a las seis de la tarde y no recibe permanencia. ¿Cómo van a agregar más personas?”, esgrimió. Asimismo, aseguró que las personas en situación de calle son más de las que recogen los datos del ministerio, porque muchas veces el censo no los alcanza, porque “no hay donde registrarte voluntariamente para decir que estás en situación de calle” o porque se le “dice que la persona no tiene el perfil para ser atendido en un refugio”. 

Según De Pena, personas que “son prioridad uno” no están teniendo acceso para ingresar a los refugios del Mides, y contó que tuvieron que “usar contactos propios para conseguir” espacio para algunos compañeros. “Que lo pongan en la letra es una cosa, que lo cumplan es otra”, señaló. Lo desarrollado por De Pena se enmarca en la segunda fase que propone el Mides para luego del proceso de internación involuntaria: una vez que la persona lo finaliza, se le ofrecerá alguno de los servicios de la cartera. Si bien dentro de los proyectos se encuentra la creación de tres centros para “patologías duales”, todavía no están concretados. Aun así, para Galzerano “no van a dar abasto”.

Nitep no fue consultado para la elaboración del proyecto del Mides, aseguró De Pena, quien, de hecho, manifestó que “hace rato” quieren reunirse con las autoridades de la cartera, pero “no nos atienden o nos llaman de un día para el otro. La última vez fue como en octubre, y en diciembre fue de un día para el otro, pero necesitamos organización y tiempo para armar un discurso mínimo”.

Tanto Galzerano como Baroni están de acuerdo en que deben abrirse nuevos centros para el tratamiento de esta población. Baroni, sin embargo, planteó que también debe insistirse “en la formación y en la capacidad técnica de quienes lo lleven adelante”. Aún así, aseguró que “en realidad eso tiene que ver con profundizar la propuesta que viene de la mano de la reforma de la salud”.

Por su parte, Galzerano subrayó la necesidad de trabajar en “prevención y apoyo”: “Tener programas accesibles, ambulatorios, para los que sí se acerquen”. A su vez, dijo que “hay que buscar qué pone ese individuo en la sustancia, cómo se motivó, qué pasa con su entorno”. “Hay que cambiar mucho el tratamiento y no pensar que la solución es la internación compulsiva”, concluyó.