Son cinco las empresas de cableoperadores que a partir de ahora, tras las resoluciones firmadas por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, podrán brindar servicios de internet, función que hasta ahora cumplía exclusivamente Antel.
Las resoluciones se fundan en la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de declarar, a raíz de un recurso presentado por los beneficiados, la inconstitucionalidad del artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ‒conocida como ley de medios‒ que prohíbe a este tipo de empresas prestar “servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos”.
Los beneficiados por las resoluciones del Ejecutivo en esta instancia fueron TCC, Montecable y Nuevo Siglo, de Montevideo; Korfield, de Colonia, y Praimar, de Pando. Sin embargo, son “cerca de treinta cables” los que presentaron recursos de inconstitucionalidad. Así lo dijo a la diaria el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Washington Melo.
“Ya sabíamos que esto iba a suceder, porque en realidad frente a un fallo de la SCJ el Poder Ejecutivo no tenía otra”, sostuvo Melo, quien de todas formas declaró que la noticia fue recibida “con dualidad de sentimientos”. Por un lado, dijo sentir “mucha alegría” debido a que “finalmente se empezó a hacer justicia con los cables del Uruguay”, y los cableoperadores del país se colocan así “al mismo nivel que en el resto del mundo, [donde] ya hace más de 20 años que prestan [el] servicio de internet junto con el servicio de cable”.
Por otro lado, esos 30 cables a los que se refirió, “a pesar de las promesas del gobierno” que “incluso” fueron plasmadas en la “nueva ley de medios” que se busca impulsar de un tiempo a esta parte por parte del Poder Ejecutivo, no han obtenido respuesta.
Según Melo, “por diferencias internas de la coalición no se ha votado la ley de medios” ni tampoco se ha incluido en la Rendición de Cuentas un apartado que “derogue el artículo 56, que en definitiva es el que nos genera esa incapacidad, y ya ha sido declarado inconstitucional”.
El compromiso del Poder Ejecutivo con la Cámara es “que una vez que tenga los fallos” se otorgarán “las licencias como se entregó a estos cinco cables”. De todas formas, CUTA ha trabajado en los últimos meses para que se dé “esta instancia”, es decir, derogar definitivamente el artículo 56 o “derogar la ley de medios vigente”, para que así los cableoperadores estén habilitados “a brindar ese servicio universalmente”.
A pesar de las críticas, Melo aseguró que desde CUTA tienen “diálogo permanente con el Poder Ejecutivo”, especialmente con el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, para tratar de plasmar su voluntad en la próxima rendición de cuentas.
Sin embargo, hay otras alternativas. “Hace cuestión de un mes el diputado [Sebastián] Cal de Cabildo Abierto presentó un proyecto tendiente a derogar el artículo 56 con el que estamos totalmente de acuerdo”, explicó Melo. Los representantes de CUTA asistieron entonces a la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados, en la que ‒aseguró‒ frente a su planteo “los diputados de todos los partidos, tanto de la coalición como de la oposición, manifestaron que era justo nuestro reclamo, era entendible la situación que atravesamos los cables y se comprometieron a solucionarla a la brevedad posible”.
Y es que, según consta en la versión taquigráfica de la Comisión, el 8 de junio el propio Melo junto con una delegación de CUTA expuso los argumentos de la Cámara para solicitar que la derogación del artículo 56 “sea incluida en la Rendición de Cuentas”, y ya en ese momento adelantó que “pronto” se otorgarían “las licencias a los cables de Montevideo, más algunos otros cables de interior que han recurrido”, lo que generaría “una distorsión en un mercado, pues van a tenerla unos sí y otros no”.
Los diputados presentes manifestaron estar de acuerdo con la propuesta y dijeron compartir las preocupaciones de CUTA, incluso el frenteamplista Santiago Mier, quien aseguró: “Nosotros, como Frente Amplio, estamos de acuerdo con el espíritu de esta propuesta, lo hemos conversado; veremos qué pasa en la Rendición de Cuentas”, y dijo no descartarla “en absoluto, porque cuando uno se equivoca en algo, debe corregir”.