Un puerto para ferris, un parque urbano y un edificio para usos culturales son las principales propuestas de un proyecto de inversión privada para construir en el espacio del dique Mauá, frente a la rambla sur de Montevideo. La iniciativa cuenta con el visto bueno del gobierno y de la Intendencia de Montevideo (IM). Actualmente se está avanzando en los estudios técnicos de viabilidad y ambientales, por lo que se estima llamar a licitación en los próximos meses.
La intención del gobierno es trasladar la terminal de pasajeros que funciona en el puerto de Montevideo, para evitar que coincida en una misma zona con cargas y contenedores. El proyecto privado que está a estudio fue elaborado por la empresa uruguaya Berkes, que actualmente tiene otras obras en marcha bajo la modalidad de complementación público-privada. Por ejemplo, integra junto a otras empresas el consorcio del Grupo Vía Central, que está a cargo de las obras del Ferrocarril Central, y el Consorcio Aguas de Montevideo, que presentó recientemente el proyecto Neptuno para realizar una planta potabilizadora en Arazatí, San José. En todos los casos, los privados diagraman el proyecto, reciben el aval de las autoridades, tienen preferencia cuando se licita la obra y los pagos del Estado son diferidos en el tiempo, bajo distintas modalidades de financiación.
Berkes está en conversaciones con Corporación América –concesionaria de siete aeropuertos en Uruguay– para sumarla a la iniciativa, y se estima que la inversión será de unos 350 millones de dólares. Si bien habrá un proceso competitivo, la Ley 17.555 determina que el privado que promovió el proyecto tendrá entre 5% y 20% de ventaja respecto de otros competidores.
La posibilidad de crear una terminal de pasajeros en el espacio del dique Mauá ha estado presente en el debate político desde el gobierno pasado. En 2016, en el inciso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del proyecto de Rendición de Cuentas se incluyó la autorización para enajenar los dos padrones de la rambla costanera sur al ganador de la licitación para la construcción de una nueva terminal. Aunque no se explicitó, todo apuntaba a que el principal oferente fuera el empresario argentino Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus, que previamente había propuesto al gobierno construir en ese lugar una nueva terminal de pasajeros –el proyecto incluía un hotel en forma piramidal, estacionamientos y un museo–. Esa iniciativa de López Mena había sido declarada de interés por el gobierno del Frente Amplio (FA).
Ante diferencias en el FA, el artículo fue eliminado de la Rendición de Cuentas y el Poder Ejecutivo lo ingresó al Parlamento como proyecto de ley al año siguiente. A fines de 2017, el Senado aprobó la iniciativa, pero debido a que persistían las diferencias a la interna de la coalición de izquierda y por los reparos de vecinos y vecinas, entre otros actores, el proyecto fracasó.
En esta oportunidad, tanto el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, como el coordinador de la Comisión de Inversiones de la IM, Pablo Ferreri, han remarcado que la iniciativa se diferencia completamente del proyecto de López Mena para realizar una terminal de pasajeros.
A diferencia de lo que preveía el proyecto del empresario argentino, en este caso las autoridades no enajenarán los predios e inmuebles de la rambla, que son propiedad del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), y que continuarán siendo propiedad del Estado. Asimismo, la infraestructura portuaria será de la Administración Nacional de Puertos, que posteriormente concesionará la terminal a privados, y se prevé, en una segunda etapa, crear un muelle para cruceros.
Fuentes del MTOP dijeron a la diaria que actualmente el foco está puesto en Mauá, aunque antes se había analizado trasladar la terminal de pasajeros de Buquebus a Punta Carretas. También el MTOP tuvo conversaciones con Buquebus para buscar alternativas en caso de que no prosperara ninguna de las iniciativas. “Eventualmente, en caso de no concretarse ninguna de ellas, existe la posibilidad de hacer unas pasarelas para sacar del puerto de Montevideo a la gente”, apuntó una fuente.
La empresa Buquebus tiene una posición dominante en materia de transporte fluvio-marítimo en el Río de la Plata. Desde 1994 hizo uso ininterrumpido de la concesión de la terminal de pasajeros del puerto de Montevideo, hasta que a fines del período de gobierno de José Mujica no se le renovó la concesión y la terminal quedó en manos de la ANP. De todas formas, con la siguiente administración frenteamplista el empresario acordó arrendar el espacio.
Una vez que se realice la concesión de la nueva infraestructura portuaria, en caso de avanzar el proyecto del dique Mauá, está latente la posibilidad de que Buquebus vuelva a interesarse en operar la terminal a construirse. Desde el MTOP señalaron a la diaria que por ahora están enfocados en el análisis técnico de la propuesta privada, y no está dentro de su análisis qué empresas podrían competir para hacer uso de la nueva terminal.
El presidente de la ANP, Juan Curbelo, dijo este martes a El Observador que con Buquebus tiene “muy buen contacto porque es de los principales operadores”, y planteó: “No tengo claro cuál es su opinión respecto de este proyecto [en el dique Mauá]. Lo que sí, si se quedan en el puerto, tenemos que resolver ese nudo con respecto a los ingresos y egresos de pasajeros de modo que esté separado del flujo de mercaderías”.
Los vecinos piden participar en la iniciativa
Vecinos y vecinas que integran la Asamblea Permanente por la Rambla Sur se reunieron el lunes de noche para analizar la información que ha trascendido públicamente y compartir algunas dudas que tienen sobre el proyecto.
El colectivo de vecinos tuvo un rol importante en la resistencia al proyecto presentado por el empresario argentino años atrás y ahora buscan tener voz en el nuevo proceso que se inicia. Si bien entienden que las obras que se hacen bajo esta modalidad pueden tener una fase de negociación confidencial, por las declaraciones de las autoridades a la prensa entienden que las conversaciones están bastantes “maduras”, por lo que reclaman que se le dé a la ciudadanía “información buena y con muchos detalles”, dijo a la diaria la urbanista Adriana Goñi, que integra la asamblea.
Aunque ven de manera positiva que se construya un parque urbano, tienen interrogantes sobre cuánto espacio público va a haber, de qué tipo y qué actividades comerciales se van a desarrollar en el predio. “Ya sabemos que los argentinos entran cada vez más por el aeropuerto de Carrasco o de Laguna del Sauce, entonces tenemos que entender qué más hay para que valga la pena hacer una inversión tan grande”, dijo Goñi, en relación con los negocios aledaños a la futura terminal.
La duda que tienen algunos vecinos es si efectivamente el proyecto se hará dejando espacio público libre. “Vos podés tener espacio público, pero puede estar lleno de sillas y mesas de bares y cafés; ahí ya no sería tan libre”, ejemplificó la arquitecta. También tienen interrogantes sobre qué emprendimientos se prevén en el lugar, por ejemplo, si se apostará a iniciativas gastronómicas de pequeño tamaño o no.
Goñi señaló que cuando se opusieron al proyecto de López Mena también solicitaron que se hiciera un proyecto alternativo y lamentó que “se hayan perdido cuatro años” desde entonces. En ese sentido, recordó que el MIEM le propuso a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo lanzar un concurso de ideas de uso para el dique Mauá, pero señaló que para efectivizar algún proyecto se requiere inversión. En esa instancia, agregó, “no se creó algo que nos parece fundamental, que es un grupo de trabajo en torno a eso, con el ministerio, con la intendencia, pero también buscando otras formas de financiación posibles”.
En suma, el colectivo de vecinos y vecinas propone crear un grupo de trabajo para pensar alternativas para el dique Mauá que “no sean esperar una gran inversión”. Goñi señaló que en 2003 se desarrolló el Plan Especial Barrio Sur, que incluyó avanzar en mejoras en materia de vivienda y remodelación del espacio público. Si bien considera que el plan fue exitoso en su primer componente orientado a la vivienda, siente que la parte de la recuperación del barrio quedó inconclusa porque no se creó una comisión de gestión. “Acá hay que hacer ciudad y recuperar ciudad, y no podemos esperar a un gran inversor para que lo haga, si ya tenemos un montón de cosas. Lo que nos señala [el nuevo proyecto privado] es que seguro que lo que se construya va a funcionar”, concluyó.