La Asamblea General votará el jueves la integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). En la sesión de la semana pasada, ninguno de los 24 candidatos que se postularon al Consejo Directivo del organismo alcanzó las mayorías necesarias de dos tercios para ser designado; en la próxima sesión bastará con que obtengan la mayoría simple.
Durante la sesión pasada y en las semanas previas se debatió sobre el rol de la INDDHH. Hay legisladores oficialistas que entienden que el organismo tiene una visión “elitista” de los derechos humanos, otros consideran que está demasiado centrada en el pasado reciente, e incluso algunos consideran que la institución no debería existir. El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust anunció esta semana que presentará un recurso ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) porque entiende que la propia existencia del organismo es inconstitucional.
En diálogo con la diaria, la exvicecanciller y referente en derechos humanos Belela Herrera recordó la génesis del organismo, allá por los inicios del primer gobierno del Frente Amplio, en 2005. “Apenas asumimos el gobierno, nos dimos cuenta de que en derechos humanos prácticamente no había nada. Había una persona, que yo respeté muchísimo, que fue Silvia Izquierdo, la única funcionaria [dedicada al tema]. Uruguay había aprobado la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero no se había hecho ningún informe. Estaba absolutamente todo para hacer, todo atrasado. Hubo que abocarse a hacer los informes y a ponerse al día”, contó Herrera.
Al poco tiempo de asumir Tabaré Vázquez por primera vez la presidencia, se convocó a una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. El gobierno uruguayo aprovechó la instancia para firmar varios acuerdos, incluida una invitación abierta a todos los organismos de derechos humanos que quisieran visitar el país. En ese marco, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Louise Arbour, le pidió a Herrera una reunión y le ofreció que el organismo internacional financiara a una persona para formar un grupo en Uruguay que pensara la implementación de una “comisión del ombudsman”.
Así se hizo, y se conformó un grupo integrado por referentes en derechos humanos y juristas, representantes de partidos políticos y de la Suprema Corte de Justicia, coordinado por el abogado Óscar López Goldaracena. El grupo se reunía semanalmente en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según contó López Goldaracena a la diaria, participaron en representación de los partidos la hoy vicepresidenta Beatriz Argimón (Partido Nacional), Iván Posadas (Partido Independiente), Margarita Percovich y Daniela Payssé (Frente Amplio) y Gustavo Espinosa (Partido Colorado). La constitución del grupo “demoró mucho tiempo”, según recuerda Herrera, porque “se fue agregando gente y se fueron agregando ideas”. López Goldaracena puntualiza que las tareas duraron un año. Finalmente, se realizó una actividad en el Paraninfo de la Universidad de la República para presentar la iniciativa, y en 2008 el Parlamento votó por unanimidad la ley de creación de la INDDHH, que recién comenzó a funcionar en 2012, cuando se instaló su primer consejo directivo.
No era la primera vez que Herrera impulsaba la creación de una figura de defensoría del pueblo. Cuando Tabaré Vázquez fue intendente de Montevideo, a comienzos de la década del 90, Herrera le contó de una experiencia en ese sentido que había conocido en El Salvador, y le sugirió que incorporara esa figura en el departamento capitalino. “A él enseguida le gustó la idea y lo propuso a la Junta Departamental, pero Nelly Goitiño consideraba que en ese momento, como se había hecho la descentralización, iba a haber mucha burocracia”, contó Herrera. La Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo se terminó implementando en 2006.
Herrera tiene algunas críticas que formular al funcionamiento de la INDDHH. Si bien piensa que “estuvo muy bien dentro de lo que se esperaba”, por ejemplo, no estuvo de acuerdo con que hubiera cinco integrantes en el consejo directivo. “A mí me llamó mucho la atención que tuvieran que ser tantos miembros, me pareció que era demasiado”, afirma. Entiende que a la institución le falta visibilidad –“A mí me da todavía vergüenza que, si tomás un taxi y decís: ‘Quiero que me lleves a la Institución’, no saben”, confiesa– y comenta que “hicieron un gasto muy grande en ese palacio”, en referencia a la actual sede, ubicada donde funcionó el Servicio de Información de Defensa durante la dictadura y que fue centro de reclusión de presos políticos. “Ahí nació Macarena [Gelman], estuvieron los chicos [Victoria y Anatole] Julien, fue una cárcel. Entonces esa cosa esplendorosa, que tú pasás y es un piso de vidrio...”, comenta.
Pero más allá de esto, Herrera rechaza las críticas que ha recibido el organismo por parte de referentes del oficialismo y los nuevos criterios de integración del consejo directivo que se han planteado. Los legisladores de la coalición gobernante pretenden que el oficialismo esté representado por cuatro integrantes y que el quinto sea para la oposición. El Frente Amplio cuestionó este criterio en la sesión pasada de la Asamblea General.
Sobre las críticas referentes a que a la institución está demasiado centrada en temas del pasado reciente, si bien la exvicecanciller aclaró que ella no estaba de acuerdo con que el organismo asumiera la búsqueda de desaparecidos porque “no estaba dentro de sus funciones”, apuntó que al oficialismo “tampoco le gusta” cuando la INDDHH se mete “en temas actuales”. “No les gusta que diga nada que esté en contra de lo que está haciendo el gobierno”, sentenció.
Además dijo que le parece “muy peligroso” el mecanismo de cuota política planteado para la integración del consejo directivo, porque entiende que allí deben estar personas con “idoneidad y trayectoria” de trabajo en derechos humanos.
En el mismo sentido, López Goldaracena opinó que lo que respalda a una defensoría del pueblo es “el prestigio de los defensores”. “En este caso, la ley establece los criterios de selección, no puede haber un criterio político”, cuestionó. Reclamó que el sistema político “tiene que madurar, no puede llevar las grietas políticas a este plano de elección de la INDDHH”. “Ningún gobierno quiere que se lo controle, sea del color que sea. Y precisamente la función del defensor del pueblo es controlar, ser una especie de aguijón”, sostuvo.
El abogado afirmó que uno de los cometidos de la INDDHH, según lo establece su norma de creación, es opinar sobre proyectos de ley en discusión en el Parlamento, y eso fue lo que hizo el organismo en el caso de la ley de urgente consideración.
López Goldaracena consideró que la pretensión de integración según cuota política del organismo muestra que estamos ante un “retroceso alarmante” que le “quita credibilidad” a la institución. “Y ese no debe ser el objetivo, aunque algunos lo querrían”, manifestó.