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Instituto Nacional de Colonización, en la Ciudad Vieja, en Montevideo (archivo, setiembre de 2018).

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

Esposo de funcionaria del MGAP denunciado por morosidad también debe más de 600.000 pesos a Colonización

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Marcos Algorta Adami, pareja de Mercedes Antía, debe dos cuotas semestrales por el arrendamiento de campos del INC en San José.

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Leído por Abril Mederos.
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El hijo y el esposo de Mercedes Antía, hermana del intendente de Maldonado, Enrique Antía, fueron denunciados penalmente por mantener deudas de arrendamiento que ascendían a más de 70.000 dólares, según informó MVD Noticias el viernes. Tanto Marcos Algorta Adami como Marcos Algorta Antía fueron, además, embargados el 16 de junio y se les aplicó una prohibición para vender ganado “en todas las ferias del país” -según la resolución del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Florida-, así como “el sellado de guías con cambio de propiedad”.

Lo que acentuó la situación fue que Antía está contratada como adscripta en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en tareas de asesoría técnica en la Dirección General de Desarrollo Rural, según consta en la resolución de la cartera, por lo que cobra un sueldo mensual de 140.953 pesos.

Este jueves, además, se supo que Algorta Adami -el esposo de Antía- tiene una deuda con el Instituto Nacional de Colonización (INC) de casi 640.000 pesos, según publicó Búsqueda y confirmó la diaria en base a fuentes de la institución.

La deuda responde a tener dos cuotas semestrales impagas -de 320.000 pesos- por el arrendamiento de dos campos en la colonia Campbell Mac Meekan, en San José. De todas formas, por normativa del INC, la causal de gestión de cobro de deudas y medidas judiciales corresponde a partir de los dos años de deuda acumulada.

Asimismo, según Búsqueda, en marzo de 2021, el directorio del INC aprobó por cinco votos a favor la extensión del arrendamiento por siete años. De acuerdo a información del semanario, desde el MGAP entienden que el caso debe resolverse en la órbita de la Justicia y por el momento no involucra directamente a la funcionaria. De ser así, la cartera evaluará qué acciones tomar.

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