El presidente Luis Lacalle Pou, invitado a celebrar este jueves el aniversario de los 26 años de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), tomó la palabra y se refirió a la Ley de Medios. El proyecto de Rendición de Cuentas que el gobierno mandó al Poder Legislativo incluía la derogación total de la ley, pero no todos los miembros de la coalición estaban de acuerdo. Eso derivó en que los diputados no resolvieran sobre el tema y que la decisión pase a los senadores, algo que para el presidente “genera incertidumbre” y no es lo que necesita el sector.
“Mi posición personal, hablada con miembros del gobierno, es que en Diputados se voten los artículos. Que se vote a favor o en contra, porque la calesita legislativa -yo fui legislador muchos años- genera incertidumbre”, dijo Lacalle Pou. En este sentido enfatizó: “Desde mi punto de vista, aunque está en todo su derecho el Poder Legislativo, para mí deberíamos establecer claramente en Diputados quién vota a favor y quién vota en contra”.
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En la misma línea se había expresado el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, quien este miércoles en un hilo de Twitter, además de señalar las críticas que ya ha hecho el gobierno a la normativa actual, pidió a los legisladores que “apoyen” la derogación, “en paralelo con el avance de la discusión del proyecto definitivo”, es decir, el que presentó el gobierno y está desde hace dos años frenado en la Comisión de Industria de Diputados.
La ley de medios vigente es francamente inconveniente para asegurar la independencia de los medios y la libertad de expresión. Hilo (1/6).
— Omar Paganini (@OmarPaganini) August 10, 2022
El Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente se inclinaban por votar la derogación total, como plantea el Poder Ejecutivo en el proyecto, pero Cabildo Abierto (CA) y el sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC) sólo querían derogar el artículo 56 de la norma, que prohíbe a las empresas de servicios de comunicación audiovisual “prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos”.
Ese fue uno de los artículos de la ley de medios que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional y que dio lugar a que el Poder Ejecutivo, a mediados de junio, dictara cinco resoluciones que habilitaron a empresas de cable a dar servicio de internet (tres de Montevideo, ligadas a los canales 4, 10 y 12, y dos del interior). A su vez, el sector colorado Batllistas estaba a medio camino entre el PN, CA y Ciudadanos, ya que no proponía derogar la norma por completo, sino todos los artículos de la ley de medios que fueron declarados inconstitucionales: 39, 60, 98, 117 y 149.
Lacalle repasó el proceso que ha hecho su gobierno en torno a esta ley. Recordó que estaban obligados a cumplir la sentencia de la SCJ y por eso otorgaron las licencias y al mismo tiempo mandaron al Parlamento un artículo para derogar la ley. En este sentido, Lacalle entiende que “quizás haya que hacer algún cambio en el Parlamento; tenemos claro que hay una iniciativa que justamente trata de saldar esa omisión o ese error cometido de la afectación de datos, que estamos dispuestos a acompañar”.
El presidente se dirigió a los empresarios presentes y aseguró que quería “reanudar el compromiso” y decirles que “quizás con algún matiz estamos en el mismo trillo”. Lacalle resaltó que está “en la misma sintonía” que los empresarios: “Podemos tener algún matiz, pero tenemos claro que estas empresas le han hecho muy bien al país, han dado trabajo, han estado en la punta de la tecnología, que ahora requiere de otro tipo de inversión, y a nosotros nos toca estar como gobierno y la opción es: que sigan existiendo o que corran un derrotero de que la sola omisión de inversión y de no cambiar la legislación va a terminar con estos emprendimientos”.
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Grupo de la Udelar manifiesta preocupación por Ley de Medios
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) adoptó como propia la declaración del Grupo de Políticas de Comunicación de la institución. En el texto publicado este miércoles el grupo manifestó la preocupación por la eventual derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual prevista en la Rendición de Cuentas.
El grupo entiende que las modificaciones tienen que plantearse en el marco de un debate público “para que sus promotores expliquen con claridad los alcances y objetivos, así como para permitir que los actores sociales, académicos y empresariales puedan presentar los aportes que consideren pertinentes”.
“En este sentido, el grupo de trabajo hace notar que los cambios propuestos no fueron planteados en espacios consultivos, como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), y que tampoco se generaron instancias públicas para debatirlos, pese a afectar un área muy sensible para cualquier democracia. Al respecto, se destaca que casi ninguna autoridad de gobierno participó de jornadas y foros que organizó este grupo, ni tampoco demostró interés en generar otros intercambios”, se afirma en la declaración.
El grupo concluye que las políticas de medio deben tener en cuenta al sector comercial, pero “no pueden orientarse únicamente a partir de estos intereses”. Asimismo, se llama a incorporar los estándares internacionales de libertad de expresión e información, “la necesidad de sostener los mecanismos de promoción y apoyo a la producción nacional”,así como la promoción de los sectores público y comunitario de radiodifusión.