El proyecto de ley de internación involuntaria que elaboró el Ministerio de Desarrollo Social y aprobó la Cámara de Diputados en julio ingresó a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, que comenzará este miércoles a planificar su tratamiento. La iniciativa prevé “la prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a personas en situación de calle” y, con base en la Ley 18.787, amplía el concepto de “hospitalización involuntaria”, y fue aprobada sólo con los votos del oficialismo.
Además de abarcar, como la ley de 2011, a las personas en situación de calle con riesgo de graves enfermedades o de muerte, también incluye a quienes tengan su “capacidad de juicio afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”. En la cámara baja el proyecto fue rechazado por el Frente Amplio (FA), y pese a que no adoptarán una posición definitiva hasta estudiarlo en profundidad y escuchar a las delegaciones, senadoras de la oposición comparten algunos argumentos de los diputados.
La senadora de Fuerza Renovadora Liliam Kechichian dijo a la diaria que por ser “un tema bien complejo” lo va a estudiar “en profundidad”, pero adelantó que “en principio” comparte “la postura que tomaron los compañeros de Diputados”. “Me genera sensaciones encontradas, pero en general no me afilio a posturas compulsivas”, sostuvo. Además de a los ministros de Salud y Desarrollo Social, Kechichian propondrá escuchar a las intendencias departamentales, a través del Congreso de Intendentes, y a las organizaciones sociales interesadas en dar su opinión, como el colectivo de personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido.
En la misma línea, la senadora del Movimiento de Participación Popular Sandra Lazo afirmó que la iniciativa del Mides “no va en la misma línea de lo que hemos venido trabajando en épocas anteriores en materia de derechos”, y que, en cambio, en su opinión los temas “complejos” como los que involucran adicciones se deben abordar previendo “el punto de vista presupuestal”. Puntualmente, consideró que es necesario prever “hacia dónde van derivados” quienes sean retirados de las calles por la fuerza, dado que “hoy por hoy están bastante colapsados todos los sistemas”.
Lazo coincidió con Kechichian en que una de las convocatorias clave es la del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, para conocer los detalles de la propuesta, que reconoció que parte de “un problema que existe”. “Es un debe que tuvimos nosotros y es un debe que seguimos teniendo, que es el tema de la salud mental”, planteó asimismo. Por otro lado, señaló que quiere escuchar “qué piensa la academia de esto, qué piensan las sociedades de Psicología y Psiquiatría”, y del propio MSP “si hoy cuenta con los recursos, porque si no, vamos a hacer un gueto que va a encerrar gente para que no afee las calles, y no se trata de eso”.
Respecto de lo último, Lazo planteó su preocupación en cuanto a que si la Rendición de Cuentas “viene de recorte” va a ser difícil “implementar estos proyectos”, porque “sin recursos no hay programa que resista”. “Yo no estoy de acuerdo con construir guetos y encerrar gente si no se le va a dar una solución, sobre todo teniendo en cuenta la condición humana”, insistió.
Para la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, la solución que plantea el Mides es positiva, y ella es optimista en cuanto a su avance hacia el Plenario del Senado. Rodríguez destacó que la iniciativa va un paso más allá de lo que proponía el Plan Invierno de 2011, “que establecía la internación [con el aval de un médico]”, porque “se está agregando la presencia de un psiquiatra”. “Yo estoy de acuerdo con esta solución porque el Estado ejerce su condición de garante de la protección de los derechos humanos y de la protección de la vida. Estoy de acuerdo porque es una obligación del Estado no solamente evitar el riesgo de vida de la persona, sino también el sufrimiento”, argumentó.
A su entender, el proyecto “no ataca la libertad” del individuo, y reforzó esta idea diciendo que la Constitución y las normas internacionales ponen “un límite en el orden, en las costumbres adecuadas, que no alteren los derechos de los demás”. Asimismo, en diálogo con la diaria, manifestó que “este proyecto de ley no supone una privación de libertad”, sino que “lo que se está protegiendo es la salud”, y negó que pueda abrir la puerta a abusos institucionales. “El abuso institucional lo vivimos el período pasado, cuando nosotros reclamábamos por las personas que estaban en situación de calle con problemas psiquiátricos y nos respondían que era una opción de vida”, sostuvo.