En el medio de una discusión entre la oposición y el oficialismo –e incluso dentro de él– por la derogación de la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las negociaciones para redactar una nueva, representantes de la empresa de televisión satelital para abonados DirecTV asistieron el viernes a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado, que discute la Rendición de Cuentas.
Las autoridades de la multinacional se refirieron a la derogación de la ley de medios propuesta por el Poder Ejecutivo en el marco de este proyecto, que no prosperó en Diputados, y aseguraron que no van a “abdicar” en sus esfuerzos para conseguir la habilitación para brindar servicios de internet.
Uno de los representantes, Gianpaolo Peirano, dijo ante los senadores que el interés de la empresa “por dar servicios de internet en Uruguay no es nuevo”, sin embargo, “en los últimos meses han habido ciertos acontecimientos” de “apertura judicial”, en referencia a la habilitación para que cinco cableoperadoras, tres de Montevideo y dos del interior, obtuvieran el permiso para brindar internet, pero no DirecTV. “Esa llamada apertura judicial para dar servicios de internet nos tiene desde el mes junio en sucesivas visitas a esta preciosa ciudad y a este hermoso país”, dijo Peirano, según la versión taquigráfica.
“No vamos a abdicar ni vamos a reducir nuestros esfuerzos de cualquier tipo para, efectivamente, tener ese derecho de dar el servicio de internet”, insistió, y luego agregó: “Nadie nos ha dicho, básicamente, por qué se le niega a DirecTV el derecho de dar el servicio de internet; no he encontrado ninguna respuesta razonable ni justa”.
Silvana Lettieri, otra de las representantes de la empresa, manifestó que “vienen cambiando las tendencias de consumo” de entretenimiento y por eso la empresa quiere incursionar en el negocio de internet en Uruguay. Al concluir su alocución, apuntó: “Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos legales y regulatorios por obtener una licencia que a nosotros nos parece que favorece la competencia en Uruguay, favorece al uruguayo y, obviamente, es una licencia que necesitamos para expandir nuestro negocio”.
La presentación de la empresa causó reacciones distintas en el oficialismo y la oposición. La senadora del Frente Amplio Silvia Nane dijo que su fuerza política tiene “una posición diferente” no sólo con la que planteó la empresa, “sino también a la que ha tenido la coalición de gobierno con respecto a la ley de medios” y manifestó que “Uruguay se basó en la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos [Antel] y en su monopolio para poder desplegar internet hacia todos los hogares”. “Estamos convencidos de que el monopolio de las telecomunicaciones tiene que tenerlo la empresa de todos los uruguayos porque, entre otras cosas, se invirtió plata de los uruguayos, más de 850.000.000 dólares, en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de fibra óptica”, agregó.
El senador del Partido Nacional Carlos Camy, en tanto, dijo que “aquí también está en juego el concepto de la libertad” y agregó que “hay que plantearse también si no está en juego la libertad de la persona de elegir cuál es el proveedor, en su casa, de los servicios de internet”. “Es oportuno que se trate en profundidad este asunto que viene a plantearse, concretamente, por parte de una empresa. No estamos defendiendo el interés de una empresa sino, reitero, el concepto de libertad que, a nuestro juicio, está en juego”, apuntó.
la diaria contactó al director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, y al ser consultado sobre este tema dijo que “el reclamo histórico siempre ha sido de los cableoperadores”, que venden televisión para abonados mediante una tecnología distinta a la de DirecTV, y fue a cinco de ellos –que habían hecho el reclamo– que se les quitó la prohibición para poder brindar internet, mientras que mediante el cambio a la ley de medios aprobado en la Cámara de Diputados, otros podrían hacerlo.
Sin embargo, manifestó que el nuevo artículo “no prohíbe” a los que no son cableoperadores “dar internet”, sino que también “podrán presentarse y el Poder Ejecutivo regulará la perilla de acuerdo a las circunstancias en su oportunidad” porque es el que, en última instancia, da las habilitaciones. “Acá se sacó la prohibición que existía para los cableoperadores, pero lo que no está prohibido está permitido por la ley, motivo por el cual DirecTV si quisiera tener un permiso –que sería por cable y no por la licencia que tiene, que es nacional y por satélite–, debería presentarse y después el Poder Ejecutivo decidirá de acuerdo a su discrecionalidad si lo puede dar o no lo puede dar”, dijo.
Más allá de esa situación, Acosta y Lara señaló que “hoy el Poder Ejecutivo no tiene pensado autorizar a DirecTV” debido a que esta empresa maneja otra tecnología y sin restricciones geográficas a nivel nacional, como sí las tienen los cableoperadores, elementos que los coloca en condiciones “desiguales”.
Retraso en el cobro de cánones
De acuerdo a estimaciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) que constan en un informe al que accedió MVD Noticias, desde que está vigente el decreto regulatorio de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el gobierno exoneró del pago de unos seis millones de dólares por renovaciones de licencia a empresas de televisión para abonados y por los derechos de uso del espectro radioeléctrico a emisoras de radio y televisión.
Si bien está vigente desde 2014, la normativa se reglamentó en 2019 y el cobro debió comenzar a hacerse a fines de 2020, ya con el nuevo gobierno, pero con sucesivos decretos las autoridades entendieron que “las empresas de comunicación audiovisual se han visto directamente afectadas por la disminución en su actividad económica general” en la pandemia “debido a la reducción de ingresos por concepto de avisos publicitarios” y, por tanto, se las exoneró del pago hasta 2023.
Acosta y Lara comentó a la diaria que, en caso de que la ley vigente sea derogada, como pretende el Poder Ejecutivo, igualmente se buscaría el mecanismo legal para cobrar los cánones. “Se va a cobrar a partir de enero de 2023, con ley o sin ley” de medios, dijo.