Antes de la segunda vuelta, en noviembre de 2019, los cinco partidos de la coalición de gobierno firmaron el “Compromiso por el país”. En el documento programático se anuncian decenas y decenas de acciones, tales como “introducir la presunción simple de legítima defensa” y hacer una reforma curricular basada “en la formación por competencias”. A mitad del mandato, presentamos aquí la segunda de dos notas que repasan algunas de las “grandes líneas estratégicas” trazadas por los integrantes de la coalición.
Seguridad
Capítulo 6. Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades.
A principios de agosto, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, asistió al Parlamento para conversar sobre el proyecto de Rendición de Cuentas actualmente en discusión. El Frente Amplio (FA) aprovechó la ocasión para plantearle si no era pertinente “declarar la emergencia en seguridad”. Heber respondió que no lo ve “conveniente por ahora”.
Los últimos datos oficiales, correspondientes al primer semestre de 2022, muestran un aumento de los homicidios de 39% en comparación al mismo período de 2021. La cantidad de homicidios de la primera mitad de 2022 supera a las de los dos años previos de la coalición de gobierno, y también a la de 2019, el último año del gobierno frenteamplista. En conferencia de prensa, Heber reconoció “una suba muy importante”, pero aclaró que no se trata de un récord, dado que en 2018 “había cifras mayores a estas”.
En cuanto a los otros delitos, el primer semestre de 2022 muestra mejores números en comparación a igual período de 2019. Las denuncias de rapiñas bajaron 23%, las de hurtos, 18% y las de abigeato, 32%.
Capítulo 10. Combate frontal a la violencia en general y contra las mujeres en particular, así como a toda forma de discriminación por orientación sexual.
Según las cifras del Ministerio del Interior, las denuncias por violencia de género subieron entre enero y junio de 2022 11% con relación al mismo período del año pasado. Mientras que, en comparación a 2019, el aumento es de 0,6%.
Por otra parte, tal como informó la diaria, en el primer semestre de 2022 las imputaciones por delitos sexuales aumentaron 55% en comparación con el mismo período de 2021. En tanto, las imputaciones por abuso sexual agravado se triplicaron: de 14 en 2021 a 44 en 2022.
Capítulo 6. Introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza.
Aprobada en el Parlamento en julio de 2020 y ratificada en las urnas en marzo de 2022, la presunción simple de legítima defensa está contenida en el primer artículo de la ley de urgente consideración (LUC). La ley modificó el artículo 26 del Código Penal, que exime de responsabilidad a quien “obra en defensa de su persona o derechos” en determinadas circunstancias, las que fueron ampliadas por la LUC.
Capítulo 6. Fortalecer el cuidado de los policías en toda su trayectoria laboral.
En reiteradas oportunidades, los sindicatos policiales han advertido que “la problemática de la salud mental y el suicidio” en la Policía “atraviesa una emergencia notoria”. Han cuestionado, además, que el Ministerio del Interior no está priorizando el tema.
Por otra parte, en el marco de la Rendición de Cuentas, los policías consiguieron recientemente un aumento salarial de 11%, comprometido por legisladores del oficialismo. De todos modos, los sindicatos policiales pretenden finalizar el período de gobierno con un incremento de 22%.
Capítulo 6. Construcción de una cárcel de máxima seguridad para integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad.
“Tengo la palabra del presidente de la República –y a mí me sirve– de que los recursos económicos para la construcción de las cárceles van a otorgarse”, dijo en noviembre de 2020 en el Parlamento el entonces ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Uno de los artículos de la ley de presupuesto prevé “la construcción de un establecimiento carcelario de máxima seguridad” de hasta 300 plazas, cuyo financiamiento depende de la venta de inmuebles del Ministerio del Interior. Si bien en el actual proyecto de Rendición de Cuentas se autorizan partidas extras para la infraestructura del sistema penitenciario, no hay fondos para la construcción de una cárcel de máxima seguridad.
Defensa
Capítulo 7. Modificar la ley orgánica militar, incorporando una visión moderna que permita construir una fuerza eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus misiones y cometidos.
Casi a la mitad del mandato, el Ministerio de Defensa Nacional envió al Parlamento un proyecto de ley que propone modificaciones a ley orgánica de las Fuerzas Armadas, cuya última reforma fue en 2019, durante el gobierno del FA. Según el titular de la cartera, Javier García, el proyecto apunta a “modernizar” y “profundizar” el trabajo conjunto a través del Estado Mayor de la Defensa, así como a “jerarquizar misiones como ciberseguridad”. El proyecto de ley todavía está a estudio de la Comisión de Defensa Nacional del Senado.
Capítulo 7. Establecer una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas y proceder a su aplicación progresiva, poniendo especial énfasis en la recuperación de los niveles salariales mínimos.
Antes de que se enviara el actual proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento, Cabildo Abierto propuso autorizar una partida extra de 1.350 millones de pesos anuales para elevar los salarios de los militares de menor escalafón. Finalmente, la coalición de gobierno acordó una partida extra de 400 millones de pesos, la cual, a su vez, se suma a los 520 millones de pesos de la ley presupuestal original. En total, según el ministro García, el aumento salarial para los militares de bajo rango se ubica en el entorno de los 920 millones de pesos.
Educación
Capítulo 8. Reforma curricular que abarque la educación desde los 3 hasta los 18 años, y que se fundamente en la formación por competencias.
Los cambios en el sistema educativo impulsados por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) incluyen, en efecto, una reforma curricular. Ya se aprobó un nuevo Marco Curricular Nacional y resta la aprobación de los nuevos planes y programas. En principio, estos comenzarán a implementarse en el próximo año, de manera gradual, lo que finalizará en 2024. Al respecto, Sebastián Sabini, senador del FA, ha cuestionado que esto se lleve a cabo sin realizar antes “un plan piloto que evalúe sus efectos”.
Capítulo 8. Plan de instalación de centros modelo de educación media en barrios vulnerables en todo el país, que funcionarán en el marco de una nueva modalidad educativa de la ANEP.
Los centros María Espínola, que funcionan a nivel de Secundaria y UTU, fueron instalados por la ANEP al inicio del mandato; tienen docentes efectivos y equipos directivos especialmente formados para tratar con poblaciones vulnerables. Según el presidente de la ANEP, Robert Silva, estos centros alcanzarán en 2022 a unos 5.000 estudiantes. El plan es cerrar el mandato con 60 centros María Espínola en todo el país.
Salud
Capítulo 12. Es necesario superar el “corralito” mutual, buscando un nuevo equilibrio entre la libertad de elección y la estabilidad del sistema.
A fines de 2020, el Poder Ejecutivo firmó un decreto con modificaciones a la movilidad regulada de los usuarios del sistema de salud. En ese momento, el Ministerio de Salud Pública lo anunció en una nota titulada “El fin del ‘corralito’ mutual”. Sin embargo, como informó la diaria, las modificaciones no suponen el fin del corralito mutual. Si bien la ventana para cambiar de prestador de salud se amplía de uno a diez meses, esto sólo rige para las instituciones de salud y no para el usuario, que sigue teniendo sólo un mes para cambiarse en el año.