Han sido semanas movidas en el directorio de OSE. Por un lado, este miércoles llegó un pedido de informe por parte del diputado cabildante Álvaro Perrone acerca de la planta para tratamiento de lodos que se espera hacer en la zona de la planta de Aguas Corrientes, adjudicación finalmente aplazada el mismo día a pedido de la gerencia general, según supo la diaria. Por otra parte, ingresó al directorio la primera revisión del estudio de factibilidad del proyecto Neptuno y, finalmente, casi de forma desapercibida, se dio –esta vez sí– la aprobación de una nueva iniciativa privada para reducir las pérdidas de agua potable en los sistemas de cañerías de todo el país.
La resolución, aprobada sin el voto del director por el Frente Amplio (FA), Edgardo Ortuño, dio lugar a una propuesta de las empresas Seinco SRL y CSI Ingenieros SA para la “prestación de servicios de consultoría en diseños de ingeniería y gerenciamiento en procedimientos de contratación de empresas constructoras y de servicios”, y para ser parte de “la ejecución de proyectos para la reducción de pérdidas en sistemas de distribución de agua potable en distintas localidades del país”.
Ambas empresas, además, están a cargo de la propuesta técnica del proyecto Neptuno, contratadas por el Consorcio de Aguas de Montevideo. En este caso, sin embargo, son Seinco y CSI Ingenieros quienes presentaron la propuesta de forma directa para –en definitiva– realizar la supervisión, seguimiento y administración de las obras de los proyectos de reducción de agua no contabilizada (RANC), como se conoce a este tipo de iniciativas, además de elaborar un estudio de factibilidad.
En 2005, cuando se comenzó con el programa RANC, se creó una gerencia específica para evaluar y coordinar la sustitución del sistema de cañerías y otros elementos y así evitar, al menos, que el nivel de pérdida sea mayor. Estas tareas son, justamente, las que se propone realizar la iniciativa privada. Hoy en día, las pérdidas de agua potable por parte de OSE están en el entorno de 50% y, “si bien a nivel internacional el 100% no lo tiene nadie”, los países que manejan sistemas “más eficientes” manejan entre “15% y 20%” de pérdida, según explicó Ortuño a la diaria ; en América Latina, además, el promedio es de 45%. Esto es “lo malo de haber empezado a distribuir agua potable a la población tan temprano en el tiempo: si no cambiás los caños, tenés caños de 100 años”, sostuvo.
Con la aprobación de esta resolución, se espera ejecutar “en un plazo de 10 años” un “conjunto de actividades de ingeniería basadas en la optimización de los sistemas de distribución de agua potable”, bajo lo que se define como “un modelo económico sustentable”.
Sin embargo, según consta en la justificación de voto negativo del director del FA, “en el presupuesto 2023 a 2027” la actual administración realizó un “recorte presupuestal para el quinquenio de lo asignado a RANC, que lo ubicó en el entorno de los 20 millones de dólares anuales”, mientras que este proyecto supondría pagar 369 millones de dólares en estos 10 años -a razón de 36,9 millones anualmente-, de los cuales se pagarían 5,4 millones de dólares anuales “por el gerenciamiento y tareas que OSE ya realiza”, argumentó Ortuño.
El proyecto de Seinco y CSI Ingenieros “no es sustentable porque no tiene presupuesto para su realización ni aporta ni recursos ni financiamiento”, sostuvo el director.
Si bien se aprobó este miércoles, la propuesta proveniente del Ministerio de Ambiente ingresó en enero de 2021. En ese momento, quien era gerente de RANC, Alberto Zunino, realizó un informe en el que consignaba que “las actividades que integran la propuesta se corresponden con los actuales cometidos de la Gerencia de Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética de la Administración”.
Respecto de la legalidad del procedimiento, la resolución se ampara en la Ley 17.555 y su decreto reglamentario, el 442/002, para aceptar la iniciativa privada, aunque Ortuño matizó esto y entendió que la ley es “clara en que se deben aceptar las propuestas novedosas referidas a temas que no esté desarrollando la administración pública”.
la diaria intentó comunicarse con el gerente general de OSE, Arturo Castagnino, principal impulsor de esta resolución, pero no obtuvo respuesta.
Nada nuevo bajo el sol
Consultado por la diaria, el secretario general de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Ramón Parra, sostuvo que esto no es algo nuevo, ya que “en el año 2015, el gobierno del FA también hizo un relevamiento y una inversión en Montevideo de casi 100 millones de dólares para bajar el costo del índice RANC”, algo a lo que el sindicato se opuso.
“Lo que hacen estas consultoras es diagnosticar un barrio o una manzana, ver donde está la mayor cantidad de pérdidas y atacar esa zona: se hace construcción de una red nueva y eliminamos las pérdidas, los robos y todo lo demás”, explicó Parra, y cuestionó que OSE, tanto en ese momento como ahora, “no haga una inversión directamente” para “bajar ese monto”, sino que se paga “a empresas privadas para llevar adelante esa tarea y después no da ningún resultado, como no ha dado hasta el día de hoy, que llevamos cerca de siete años”, desde aquella definición del FA.
“Ahora nos encontramos con una nueva consultora que va a hacer un proyecto de factibilidad para bajar los costos”, prosiguió, e insistió en que se trata de “otro gasto innecesario que va a hacer la OSE sin atacar el punto final, que realmente es la pérdida y los robos”, al tiempo que recordó la existencia de la gerencia RANC y que se cuenta con “diferentes trabajadores dentro de los funcionarios de OSE”, a los que habría que “dotar de presupuesto” para que “esa plata quede en el organismo y no se la lleve una empresa privada”.