Dos postulados básicos tiene el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas y su derecho a participar en las decisiones que les afectan. Ambos enmarcan una serie de disposiciones del tratado, cuya ratificación compromete a los países a revisar su legislación nacional para desarrollar acciones pertinentes de acuerdo al convenio.
Junto a Surinam, Uruguay es el único país de América del Sur que no ha ratificado este convenio sobre pueblos indígenas y tribales. A pedido del diputado Felipe Carballo del Frente Amplio (FA), la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de Diputados discute actualmente solicitar al Poder Ejecutivo que envíe un proyecto de ley para aprobar el tratado de la OIT del año 1989.
Para abordar el tema, la comisión recibió el miércoles a una delegación del PIT-CNT. En diálogo con la diaria, Fernanda Aguirre, de la Secretaría de Derechos Humanos de la central sindical, afirmó que “es una vergüenza internacional” que el Estado uruguayo aún no haya ratificado el Convenio 169. Hasta ahora, sostuvo, el argumento para no hacerlo ha sido “la negación de que hay descendientes de pueblos originarios en Uruguay”.
“Si bien acá hubo un genocidio, claramente ese intento de exterminio no se consiguió. La población de los pueblos originarios sigue existiendo en Uruguay, con una serie de discriminaciones enormes. La mayoría de las personas con ascendencia indígena están concentradas en los sectores de mayor precariedad laboral”, señaló.
La semana pasada, la Mesa Representativa del PIT-CNT aprobó por unanimidad acompañar el pedido de ratificación del convenio por parte del Estado uruguayo. Para Aguirre, sería “empezar a reparar en algo el daño ocasionado”.
Mónica Michelena, representante del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), apuntó que en 2019 Uruguay rechazó el tratado bajo el argumento de que “no tenemos pueblos indígenas”. En ese sentido, señaló en la comisión que el documento de la OIT “ofrece criterios subjetivos y objetivos para identificarlos”, según consta en la versión taquigráfica.
“¿Por qué el Estado uruguayo debe ratificar el Convenio 169? Porque es una manera de restituir los derechos humanos a un sector de la población que por cuestiones históricas ha sufrido el despojo de ellos y, como consecuencia, padecemos desigualdades sociales y económicas”, manifestó Michelena. “Es un instrumento importante en la lucha contra el racismo hacia los pueblos indígenas”, añadió.
“Ni a favor ni en contra”
La presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada María Eugenia Roselló del Partido Colorado (PC), señaló a la diaria que por ahora ningún integrante de la coalición de gobierno se ha expresado “ni a favor ni en contra” de la ratificación del Convenio 169, “un tema bastante engorroso que no tiene unanimidad de voces”. Mencionó que se trata de una discusión “muy sensible” que viene desde hace largo tiempo.
En tanto, Gabriel Otero, diputado del FA e integrante de la comisión, definió el paso de la ratificación como “importante” porque “reivindica la historia tal como fue”. En conversación con la diaria, aclaró que la eventual aprobación del convenio no implicaría una obligación para el Estado uruguayo en cuanto a la restitución de tierras, sino “un reconocimiento” de los pueblos indígenas.
“Lo que este convenio trae aparejado es el reconocimiento a la nación charrúa, a todo ese patrimonio intangible y cultural que históricamente se ha intentado, con mucho éxito, invisibilizar desde el Estado”, subrayó.
“Yo no soy hipócrita”, aclaró Otero, en referencia a la no aprobación del tratado de la OIT durante los gobiernos frenteamplistas, “pero sí entiendo que siempre es un buen momento para discutir estas cosas”. Si bien la iniciativa surgió de la bancada del FA, el partido todavía no definió una posición al respecto.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también participó en el debate parlamentario. Según consta en la versión taquigráfica, Tomás Teijeiro, titular de la Inspección General del Trabajo, planteó como “salvedad” que “debería convocarse a una consulta tripartita” para “saber cuál es el convencimiento” acerca de la aplicación del convenio “de parte de los actores sociales” en Uruguay.
“Se ofuscó bastante”
En la sesión del miércoles hubo un intercambio entre la presidenta de la Comisión de Trabajo de Diputados y las integrantes de la delegación del PIT-CNT, Aguirre y Michelena. Según Roselló, “el debate se desvirtuó” y no se enfocó en el convenio de la OIT al expresarse “comentarios” en torno a Salsipuedes.
“Cuando empiezan a tergiversar la historia y falsear datos de la realidad, acusando a un héroe de la patria como Fructuoso Rivera de un delito de lesa humanidad, yo, como colorada, salí obviamente en defensa del fundador de mi partido”, dijo la diputada del PC; y añadió que “todos los libros de historia y todos los historiadores han dicho que eso no fue así, que no fue una matanza”. A su juicio, no se pueden juzgar “hechos de hace 200 años” con “los valores de hoy en día”.
Al respecto, Aguirre comentó que la postura de Roselló fue “bastante sorprendente”: “Se ofuscó bastante reivindicando la figura de Rivera como prócer de la patria y diciendo que había un intento de tergiversación de la historia. Para ella es su prócer, para nosotras es el ideólogo y operador del genocidio de Salsipuedes”.