En la última semana antes del receso parlamentario, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo de reparación económica y social a víctimas de grupos armados entre 1962 y 1976, que surgió a partir de una minuta de Cabildo Abierto y consiguió la media sanción sólo con los votos del oficialismo. La iniciativa ya ingresó a la cámara baja y será tratada en ese ámbito cuando se retome la actividad legislativa. En ese marco, los partidos con representación en Diputados comienzan a tomar posición.
En el Partido Independiente (PI), que cuenta con un diputado, Iván Posada, en principio se ve con buenos ojos la propuesta, según dijeron a la diaria varios dirigentes. Acorde con lo que expresó el legislador, el partido estaría aportando su voto para que se consiga la aprobación: “En principio, tenemos una posición favorable”, señaló, aunque aclaró que es importante “el análisis del proyecto a nivel de la comisión respectiva”. Por ejemplo, Posada hizo énfasis en que en ese ámbito se debe corroborar la existencia de reparaciones pasadas, que ha sido uno de los principales argumentos de víctimas del terrorismo de Estado para rechazar el planteo.
“Hay un trabajo a realizar en comisión, en el que corresponde señalar si hubo en su oportunidad [reparaciones], porque estamos hablando de hechos que ocurrieron hace ya muchos años. Si hubo reparación en el pasado, no tiene sentido que se establezca una adicional por parte del Estado. Hay que ver también la cuantía de esas reparaciones”, evaluó el diputado, y consideró que esta información la debe suministrar el propio Poder Ejecutivo.
El alcance
Por otro lado, Posada afirmó que, en su opinión, las indemnizaciones deben orientarse “sobre todo en lo que tiene que ver con aquellos funcionarios del Estado” porque en esos casos “hay una responsabilidad del Estado en cuanto a víctimas que [estaban] cumpliendo funciones en representación del Estado”. Por el contrario, opinó que “si estamos hablando de civiles y de víctimas de la guerrilla, en todo caso la reparación debiera ser en el ámbito civil, contra quienes participaron en esos hechos”.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien es líder partidario, introdujo un matiz en cuanto a quiénes debería alcanzar la ley. A la hora de poner ejemplos mencionó “los casos de los civiles que murieron en [la toma de] Pando, o el caso de Pascasio Báez, que es el más conocido”. “Esas cosas a mí me parece que el Uruguay debe tomarlas en consideración, porque hay una situación de injusticia resultado de violencia política; aunque es verdad que no fue el Estado el causante, fue resultado de un accionar político ilícito”, sostuvo, y al igual que Posada dijo que a su entender “la idea general de una pensión a personas que fueron víctimas del accionar de la guerrilla me parece que es válida”.
Mieres también enfatizó que respecto de los “casos de militares o policías que hayan sido ejecutados o cosas por el estilo” se debe “estudiar los casos” para corroborar que no haya habido reparaciones en el pasado. El jerarca aclaró que el tema no se ha estudiado formalmente en el seno del partido y que sus declaraciones son a título personal.
La directora de Inmujeres, Mónica Bottero, coincidió con sus correligionarios: “En principio, estamos todos de acuerdo. Creo que mirado desde una perspectiva de derechos humanos, que el Estado asuma responsabilidad por quienes sin duda fueron víctimas y perdieron la vida, o su vida y la de sus familias se afectó para siempre, es justo [repararlas] y, además, seguramente ayude a cerrar heridas”, analizó en diálogo con la diaria. Por último, agregó: “Igual, hay que ver el proyecto en detalle”.
Ramos: “Si esto alimenta la teoría de los dos demonios, no estoy de acuerdo”
Aunque concordó en que “es justa la reparación” en términos generales, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, manifestó a la diaria su preocupación por la interpretación simbólica que pueda hacerse de un proyecto de estas características: “Mi papá era capitán de Bomberos y tenía una posición muy antiguerrilla, y me crié en una familia así. Ahora, yo no creo en la teoría de los dos demonios. Si esto alimenta la teoría de los dos demonios, no estoy de acuerdo. No hay dos bandos en disputa, que es la teoría tanto de Cabildo [Abierto] como de los tupamaros”, reflexionó. A su entender, este proyecto, “así como está planteado”, puede “llegar a abonar” una lectura “en ese sentido”.
Consultado sobre el análisis de Ramos, Mieres dijo que “la teoría de los dos demonios no es de recibo, porque efectivamente no es lo mismo la violencia política del Estado y las violaciones a los derechos humanos hechas desde el aparato del Estado que estas otras cosas”, pero consideró que “no debe ser entendido como parte de esa teoría que haya un derecho a indemnizar a [familiares de] personas que fueron asesinadas por un accionar político violatorio del orden jurídico, como fue el de los tupamaros”.
En una línea similar, Posada afirmó que “el terrorismo de Estado no tiene equiparación”, porque “cuando se utilizó el aparato del Estado para matar o torturar estamos hablando de delitos de lesa humanidad”. “Desde ese punto de vista”, opinó que “no se corre el riesgo de comparar”.